Senado de la República

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Por unanimidad, el Senado aprobó el dictamen para expedir la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a fin de garantizar que aseguradoras y afianzadoras cuenten con la solvencia, estabilidad y seguridad financiera para cumplir con sus obligaciones.
El documento, que también reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Sobre el Contrato de Seguros, fue respaldado por 112 senadores y se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
Con este ordenamiento, se someterá a “pruebas de estrés periódicas” la solvencia económica de estas instituciones, con el propósito de evaluar si es o no suficiente su capital, a partir de la simulación de escenarios extremos desfavorables que serán revisados por el consejo de administración.
Además, prevé un “seguro de caución” que consiste en el “pago de una indemnización al asegurado a título de resarcimiento o penalidad por los daños patrimoniales sufridos” por el incumplimiento del contrato.
También permite que las instituciones desarrollen un modelo interno para determinar el capital que requieren, pero si éste no cumple con los requisitos establecidos, se deberán presentar programas de regularización.
Sin embargo, precisa que en caso de no subsanar la irregularidad, se aplicarán sanciones que pueden llegar a la revocación de la autorización.
La nueva Ley dispone que las aseguradoras y afianzadoras formulen su propias políticas de inversión, con objetivos claros, equilibrio entre activos y pasivos, liquidez y coherentes con la naturaleza y moneda en la que se asumen las obligaciones.
Adicionalmente, tendrán la obligación de transparentar su situación financiera frente al mercado, de dar a conocer información sobre su perfil de riesgo y nivel de capitalización y contar con calificaciones de calidad crediticia.
Los senadores consideraron que la propuesta guarda un sano equilibrio entre los estándares y mejores prácticas internacionales “para poder reaccionar, de manera oportuna, ante situaciones como las que se presentaron con motivo de la crisis mundial que afectó a los mercados financieros durante el 2008”.
En este sentido, redefinieron las facultades de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas enfocadas a supervisar, con mayor énfasis, la adecuada administración de riesgos por parte de las instituciones.
Establece que se pueda prohibir o limitar la adquisición de activos o instrumentos cuando representen riesgos excesivos para la cartera de las instituciones, pues de esta manera las autoridades podrán actuar ante situaciones que ameriten su intervención en la protección del sistema financiero y de los usuarios.
Entre otras sanciones, sugiere una multa de tres mil a 15 mil días de salario a las personas que adquieran acciones u otorguen garantía sobre las acciones de una Institución, en contravención a lo establecido en los artículos 50, 79 y 80 de esta Ley.
Además, una sanción de mil a cinco mil días de salario a las instituciones, que omitan informar a la Comisión respecto de la adquisición de acciones a que se refiere el artículo 51.
Al presentar el dictamen, el senador José Francisco Yunes Zorrilla, titular de la Comisión de Hacienda, destacó que la nueva Ley actualiza la intermediación financiera de estas instituciones y genera condiciones de certidumbre para los beneficiarios y usuarios de seguros y afianzadoras.
Además, dijo, recoge tanto las inquietudes y preocupaciones de las organizaciones del sector como la visión y argumentos de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, así como de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Al fijar la postura del PRI, el senador Alejandro Tello Cristerna destacó que el marco jurídico que regula a las aseguradoras y afianzadoras “se ha actualizado de manera fragmentada a los largo de varias décadas, por lo que resulta necesaria una reforma adecuada a la realidad económica y social de los mercados”.
Dijo que la propuesta “armoniza los intereses de los actores involucrados”, pues fortalece los requerimientos de solvencia, el gobierno corporativo de las empresas y la transparencia de su información financiera.
En su turno, el senador Carlos Mendoza Davis, de Acción Nacional, afirmó que entre el 2000 y 2011, el rubro de seguros y fianzas creció de forma importante, no sólo por el volumen de mercado sino por su papel en la certidumbre y confianza para la economía.
Consideró que el sector “salvaguarda el patrimonio de las personas y las instituciones” y en este sentido es indispensable avanzar hacia un marco normativo que propicie mayor eficiencia y competencia.
A nombre del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna expresó que la nueva legislación “es positiva” porque establece la responsabilidad de que las instituciones cuenten con suficientes recursos para evitar riesgos financieros.
Pero, advirtió, es “insuficiente”, ya que “ignora por completo el rezago financiero que prevalece en el mercado asegurador que opera en México” y no promueve la competencia para reducir riesgos en “un sector oligopólico, de capital extranjero, cuyas ganancias envían a sus matrices y que tampoco pagan impuestos”.
En su oportunidad, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, hizo notar que el sistema de aseguramiento es un mecanismo para proteger los bienes de las familias y el patrimonio productivo del país.
Sin embargo, subrayó, este sector se ha rezagado por los cambios en la situación financiera y las condiciones de los mercados y “el marco jurídico vigente se encuentra obsoleto”, por lo que es necesaria una reforma integral para la solvencia de las insticuiones.
Por el PT, el senador Manuel Bartlett Díaz manifestó que se trata de una legislación correcta que “pone orden”, pues el mercado de los seguros y fianzas “es de un gran importancia para la economía y la seguridad del país”.
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