Senado de la República

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El gobierno del Distrito Federal será patrimonialmente responsable por los daños sufridos por particulares, personas físicas o morales con motivo de cualquier desorden público ocasionado por manifestantes, marchas, mítines, plantones, tumultos, aglomeraciones y/o  agrupación masiva de personas.
Así lo propuso este jueves la senadora Mariana Gómez del Campo en una iniciativa donde igualmente hace responsable al gobierno capitalino en razón de su actividad administrativa, regular e irregular, así como por la actuación dolosa e ilegal de sus servidores públicos en ejercicio de sus funciones, encomiendas y atribuciones.
Para la legisladora de Acción Nacional “la responsabilidad patrimonial a cargo del gobierno de la ciudad  “es objetiva y directa” y “la indemnización”  deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia.
Al plantear cambios al Estatuto de Gobierno del DF, la legisladora precisó que la responsabilidad patrimonial deberá extenderse a entidades, dependencias, órganos político-administrativos y a los de carácter autónomo.
Asimismo,  a los actos materialmente administrativos de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
Desde la tribuna senatorial, Gómez del Campo señaló que los legisladores del PAN están conscientes de que con la propuesta no se va a resolver el problema de las manifestaciones, sino que se tiene que reformar la legislación local y la Constitución para encontrar el equilibrio entre la  libertad de expresión y la de tránsito.
Hizo notar que la iniciativa surge luego de los hechos ocurridos el 1 de diciembre, donde se constató que hay diferentes grupos que se disfrazan de manifestantes legítimos que rebasan la línea de la libertad de expresión y se aprovechan de ese derecho para cometer actos vandálicos.
En ese sentido, dijo, hubo grandes pérdidas económicas para la Ciudad, pues según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, éstos ascendieron a más de mil 127 millones de pesos.
La iniciativa por la que se adiciona la sección IV, con los artículos 75 bis y 75 Ter del Capítulo II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se turnó a las comisiones unidas de Distrito Federal y de Estudios Legislativos.
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