Nùmero-1121
- Este instrumento internacional garantiza los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
La Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe aprobó un dictamen para solicitar al Ejecutivo Federal que remita al Senado, para su análisis, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
Dicho Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Tiene como objetivo principal luchar contra la desigualdad y la discriminación, así como garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
Este Instrumento da especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y coloca la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Además, es el primer acuerdo jurídicamente vinculante en materia de justicia y asuntos ambientales, desde una perspectiva de derechos.
Promueve el libre acceso a la información pública en materia ambiental, establece la obligación para los Estados de generar y divulgar proactivamente información sobre este tema y fomenta la participación ciudadana en procesos de toma de decisión determinantes para su desarrollo.
Asimismo, garantiza el pleno acceso a la justicia y reconoce, por primera vez, la figura de “defensor de derechos humanos en asuntos ambientales”, otorgando los mismos derechos y garantías para el libre y seguro ejercicio de su labor.
Los integrantes de la Comisión, que preside la senadora Vanessa Rubio Márquez, consideraron que la ratificación del Acuerdo de Escazú es de particular urgencia e importancia para México.
Los procesos participativos y democráticos por los que fue creado fundamentan un nuevo paradigma en la construcción de una agenda de sostenibilidad, basada en derechos e inclusión social, priorizando la colectividad en la toma de decisiones para el desarrollo nacional, subrayaron.
Afirmaron que este instrumento internacional contribuye al fortalecimiento de capacidades y cooperación para la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, al desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.
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