Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-985

 

  • El tema será discutido y analizado este miércoles a través del sistema de Parlamento Abierto.

 

 

El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, afirmó que serán bienvenidas al Parlamento Abierto todas las propuestas que ayuden a enriquecer y fortalecer el dictamen aprobado en comisiones unidas para regular el Outsourcing y evitar la simulación y explotación laboral que actualmente ser registra con la subcontratación laboral ilegal.

 

Anunció en conferencia de prensa que este miércoles el tema será puesto a discusión y análisis a través de ese sistema, en el que se espera la participación de empresarios, sindicalistas y especialistas del mundo del trabajo. Se espera, dijo, que el evento sea inaugurado por la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

 

Aclaró, una vez más, que el llamado outsourcing o subcontratación laboral no desaparecerá como tal, sino que se regulará en la legislación reglamentaria para evitar que las empresas simulen que no existe una relación laboral para evadir el pago de impuestos y sus contribuciones al Seguro Social, lo cual afecta a más de 8 millones de trabajadores en el país, que son explotados bajo ese esquema.

 

Recordó que el pasado 3 de diciembre fue aprobado dictamen sobre la iniciativa de reformas por los legisladores que integran las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.

 

El legislador Gómez Urrutia explicó los puntos relevantes de la iniciativa de reformas, la cual -resaltó- está dirigida a generar una legislación laboral que implique robustecer la actividad de la subcontratación laboral, cien por ciento correcta, ética, legal y moral.

 

Se busca eliminar el efecto de impedir que los trabajadores se beneficien o participen del reparto de utilidades y de otros derechos que son negados a través de este proceso, en el que existe una fuerte simulación laboral.

 

Establece un modelo de responsabilidad solidaria compartida para garantizar el pago de las contribuciones en materia de seguridad social. En el fondo, lo que está muy claro es la falta de recursos por las no contribuciones que hacen las empresas que se dedican a ese tipo de Outsourcing ilegal.

 

Obligará a suscribir un contrato donde se especifique, de manera clara y precisa, los términos de la subcontratación, precisamente para eliminar y evitar todas estas prácticas negativas de simulación laboral y de eludir la responsabilidad social y laboral de las empresas y a sus trabajadores.

 

Propone que la autoridad laboral pueda generar las normas necesarias para la certificación de las empresas contratistas, así como la creación de un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la subcontratación. Es decir, tendrán que pasar por un proceso de registro de control y certificación de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 

Prevé el registro nacional de empresas de subcontratación, con el que se podrá advertir qué empresas dedicadas a este giro están en posibilidad de celebrar contratos de subcontratación, con el fin de pasar de un Outsourcing ilegal a uno legal.

 

Señala que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de aquellas actividades laborales que exijan de una especialización. Es decir, el Outsourcing legal se permitirá como está en la ley actual, para especialidades técnicas o científicas que requieran las empresas.

 

Establece que aquellas personas empleadoras que hayan llevado a cabo actos de simulación o ilegales, tendientes a evitar el pago de las contribuciones y cuotas de seguridad social bajo el régimen original de la subcontratación para afectar al fisco y al erario público, serán susceptibles de ser sancionadas fiscal y penalmente.

 

Señaló que, “en pocas palabras, se trata de regular y controlar el Outsourcing ilegal, porque a través de facturas falsas ha permitido el enriquecimiento de algunos cuantos grupos que han evadido al fisco federal con más de 500 mil millones de pesos al año, según cálculos, a los organismos públicos de seguridad, de vivienda, de pensiones, entre muchos más”.

 

Con estas reformas, advirtió el senador Napoleón Gómez Urrutia, los 8 millones de trabajadores que trabajan bajo ese régimen de subcontratación laboral ilegal, ahora tendrán derecho a exigir que la empresa principal que los contrató los regresen a ella y formen parte de su planta laboral como está y tendrán acceso a sus derechos laborales fundamentales, como reparto de utilidades, salarios dignos, jornadas laborales justas, entre otros, y así evitar toda la simulación y explotación laboral que actualmente existe.

 

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