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El senador Armando Ríos Piter propuso, a nombre del grupo parlamentario del PRD, una reforma a la Constitución, con la finalidad de crear la Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción.
Explicó que este organismo tendría autonomía constitucional y su objetivo será prevenir, combatir, investigar y perseguir los actos de corrupción en los tres órdenes de gobierno.
La agencia --agregó-- podrá compartir con el Ministerio Público la facultad de ejercer acción penal, atraer investigaciones por ilícitos cometidos en el ámbito de las entidades federativas e iniciar procedimientos administrativos sancionadores en contra de los servidores públicos que presuntamente incurran en delitos relacionados a la corrupción.
Para ello, recomendó instituir el Tribunal General de Responsabilidades Financieras en el Servicio Público, cuyo fin es desarrollar el procedimiento sancionador
En opinión del legislador, dicho órgano estaría integrado por siete fiscales ciudadanos, los cuales que serán nombrados por el Senado de la República y durarán en su cargo siete años sin posibilidad de reelección.
También planteó un esquema de coordinación entre órdenes de gobierno, el Ministerio Público y con órganos de fiscalización de los recursos públicos, así como con instituciones de transparencia y acceso a la información.
Ríos Piter propuso que la Auditoría Superior de la Federación denuncie ante la Agencia cualquier caso de corrupción que encuentre en el ejercicio de sus funciones, mientras el nuevo organismo deberá avisar a la ASF de probables irregularidades en el ejercicio de recursos públicos que encuentre en el desarrollo de sus propias investigaciones.
Por otro lado, dijo que su iniciativa busca crear un consejo consultivo ciudadano, que funcionará como un órgano integrado por representantes de la sociedad civil , con capacidad para revisar la actuación de la agencia y emitir recomendaciones a toda dependencia o entidad pública, en los tres niveles de gobierno.
Aunado a ello, se incluye --dijo-- un mecanismo para superar el secreto fiscal, bancario y fiduciario a fin de no obstaculizar los procesos de investigación en materia de actos de corrupción.
Otro aspecto de la iniciativa, añadió, considera un sistema de resarcimiento de los daños causados por este delito y plantea que los recursos obtenidos por este esquema se destinen a los jóvenes, pues constituyen el segmento poblacional con mejores posibilidades de revertir y erradicar la corrupción.
En cuanto a los montos que sean reintegrados al erario público, Ríos Piter sugirió destinarlos al desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, que sean impulsados por jóvenes, a la educación media superior y superior, así como al combate a la corrupción
Consideró que de aprobarse su propuesta, no sólo generará un espacio más amplio de oportunidades a la juventud, sino también “abonaremos en la reivindicación de la credibilidad en las instituciones mexicanas”.
El documento se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con opinión de Gobernación y Anticorrupción y Participación Ciudadana.
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