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La trata de personas es uno de los delitos en los que la delincuencia organizada registra mayor actividad, pero las atribuciones del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigarlos “es jurídicamente dudosa y fácilmente controvertible”, advirtió la senadora priista Margarita Flores Sánchez.
Dijo que según cifras de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, en México 10 mil mujeres “son traficadas con fines de explotación sexual”, de las cuales cinco mil son trasladadas a Estados Unidos y Canadá cada año.
Destacó que Guerrero, Chiapas, Oaxaca Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo, son los estados con mayor incidencia y los principales puntos de destino son Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana.
Con estas cifras, resaltó, “estamos en presencia de un problema mayúsculo que debe ser atendido rápida y efectivamente”; sin embrago, la competencia del MPF para hacerlo “no se encuentra específicamente prevista en el artículo 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”.
Además, aunque los delitos relacionados con la trata de personas se incluyen en la Ley, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no cuenta facultades legales “claras” para investigarlos con libertad, sin restricciones y sin riesgo de que sus actuaciones “sean reputadas como nulas”.
Por ello, presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de precisar la competencia del MPF en materia de trata de personas, evitar “lagunas jurídicas” y otorgar certeza jurídica al combate de este flagelo.
Argumentó que el Estado enfrenta el grave problema de la delincuencia, cuyas redes criminales se han mezclado de muy diversas maneras y en varios sectores de la población, “pero siempre con la constante de estrechar y degradar la seguridad de la población”.
La iniciativa, que suscriben los senadores priistas Diva Hadamira Gastélum Bajo, Arely Gómez González, Lucero Saldaña Pérez, Miguel Romo Medina, Arturo Zamora Jiménez y Miguel Ángel Chico Herrera, se turnó a las comisiones de Justicia, Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
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