NÚMERO ·1443
- Piden a la Fiscalía informes sobre centroamericanos desaparecidos.
La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, aprobó un dictamen a través cual se busca hacer un enérgico rechazo a la política migratoria, de “tolerancia cero”, implementada por el Gobierno de Estados Unidos que considera a los migrantes como delincuentes.
El documento precisa que si bien dicha política se ha moderado gracias a la presión de diversos países, sigue provocando la separación de cientos de familias, dañando principalmente a niñas, niños y adolescentes, además de contravenir las recomendaciones de organismos internacionales.
Asimismo, se plantea hacer un reconocimiento a diversas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de migrantes, instituciones académicas y defensores de derechos humanos, por su participación en la octava edición del Foro Social Mundial de las Migraciones, que se llevó a cabo en noviembre de 2018.
Las senadoras y senadores integrantes de la Comisión también aprobaron hacer un llamado a la Fiscalía General, para que informe sobre el estado que guardan las denuncias interpuestas por la Red Mundial de Madres de Migrantes Desaparecidos.
Dicho informe, se establece, debe tener un análisis de los protocolos de búsqueda implementados en México para localizar o determinar el paradero final de sus familiares.
Adicionalmente, fue avalado solicitar al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los estados, que informen sobre las medidas aplicadas para garantizar la seguridad, atención médica, alimentación y estancia digna, de las y los migrantes centroamericanos que atraviesan por el país.
Lo anterior, ante la evidente prolongación de su estancia en territorio mexicano, como consecuencia del endurecimiento de los requisitos de ingreso a Estados Unidos, contenidos en la proclamación emitida por el Presidente de ese país.
En el mismo sentido, aprobaron un dictamen que solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el protocolo que siguen de manera coordinada con las entidades federativas, para garantizar la circulación humanitaria de los migrantes desplazados que transitan de manera temporal en México.
