Número-1482
- Promueve la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad.
- Las personas indígenas con discapacidad son doblemente vulnerables e invisibles para el Estado.
El senador Raúl Morón Orozco subrayó que las personas indígenas con discapacidad no exigen derechos adicionales, pues tienen derecho a los mismos que cualquier otra persona, pero en la realidad no sucede, debido a diversas situaciones como sus usos y costumbres, su cosmovisión y por el propio nacimiento.
El reto, dijo, es hacer política pública que no trastoque dichos elementos y permita avanzar hacia la inclusión de las personas indígenas con discapacidad.
Por ello, el senador Morón Orozco propuso reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de integrar los derechos de las personas indígenas con discapacidad y generar el marco para que se expidan las políticas de la administración pública, ya sea federal, local o municipal, y promuevan la inclusión e independencia, como lo refiere la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este sentido, plantea que la Secretaria de Salud implemente la estrategia de la Rehabilitación Basada en la Comunidad dirigida a Personas Indígenas con Discapacidad, para lo cual deberá promover e implementar la capacitación a las familias o a personas que viven en las comunidades o pueblos indígenas, para que se sensibilicen y contribuyan a su rehabilitación, con el objeto de promover su inclusión social.
Asimismo, precisa que coordinará acciones con las organizaciones de la sociedad organizada dedicadas a la Rehabilitación Basada en la Comunidad para implementar las medidas conducentes y destinará los recursos necesarios para atender este servicio.
El senador destacó que en México no se cuenta con estadísticas desagregadas sobre las personas indígenas con discapacidad, por lo que en mayo de 2016, el presiden Enrique Peña Nieto, instaló el Sistema Nacional para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad.
Dijo que, según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), asciende a 7.7 millones la población que tiene alguna discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, mental o sensorial. Las personas indígenas con discapacidad pueden presentar mayor vulnerabilidad, debido a su doble condición: ser indígena y discapacitado, lo cual en México es garantía de invisibilidad para el Estado, acotó.
La iniciativa, puntualizó, está sustentada en el contenido del derecho a la rehabilitación basado en la comunidad que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Organización Mundial de la Salud, asimismo las observaciones hechas por los organismos de Naciones Unidas.
La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictaminación.
