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La Cámara de Senadores reformó con 72 votos a favor y 35 en contra el Artículo 24 de la Constitución que establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión”, así como a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.
Dicha libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Además, la enmienda deja en claro que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
En el dictamen aprobado se expone que la laicidad de la educación impartida por el Estado es un principio jurídico, histórico y político que México ha adoptado como uno de los pilares de su sistema Constitucional.
Por eso, ni la reforma al artículo 24, ningún instrumento internacional u otra norma interna o externa “podrán alterar, modificar, matizar o condicionar” este precepto pues “de manera invariable” la enseñanza “deberá mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa”.
Se reitera que “la convivencia armoniosa entre todos los mexicanos implica que ningún grupo, mayoritario o minoritario, podrá imponer a las demás personas la difusión de los ritos que se celebren en público o en privado”.
“Bajo ninguna circunstancia --se enfatiza-- se promoverá o aceptará una reforma que afecte la libertad de trabajo conforme al artículo 5 Constitucional, que entre otras cosas prohíbe que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa”.
Del mismo modo, se hace notar que con el dictamen la nación tampoco “renunciará a los derechos que le confiere el artículo 27, ni se afectarán las disposiciones y principios que figuran en el 130, pues la laicidad corresponde a un proceso evolutivo que, por lo mismo, no admite ni contempla retroceso alguno”.
Al fundamentar el dictamen, el senador Melquiades Morales Flores, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que no se trata de “ocurrencias ni mucho menos de violentar y conculcar principios que sustentan al Estado Laico”.
Tampoco --agregó-- de revivir viejas diferencias que dieron origen a verdaderas tragedias nacionales como invasiones o el cercenamiento de nuestro territorio.
El legislador priista aseveró que los cambios al Artículo 24 no sólo garantizan la libertad de religión sino las convicciones éticas y de conciencia, “con lo que se respeta el universo de distintas corrientes religiosas y a quienes se ostentan como ateos o agnósticos”.
Dijo que la Carta Magna reconoce y tutela la libertad religiosa, pero no contempla las libertades de convicciones éticas, ni de conciencia, por lo que es necesario elevar a rango constitucional estas garantías “pues en la medida en que ampliemos el universo de los derechos humanos estaremos dando respuesta y cumplimiento a las luchas y anhelos de los mexicanos por conseguirlo”
En el debate, la senadora de Acción Nacional, Blanca Judith Díaz Delgado, dijo que por mucho tiempo se ha pensado que con “sólo permitir que existan diferentes cultos” se garantiza la libertad religiosa, pero esto “es una equivocación”.
Para asegurar este derecho, precisó, también es necesaria la libertad de conciencia y “la libertad de difusión de credos e ideas, de opciones religiosas, el derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia o grupo religioso, así como el derecho a la educación religiosa, tomando en cuenta que en México tenemos escuelas públicas”.
Agregó que otro tema que no está considerado en el dictamen, pero que “también tendríamos que empezar a trabajar” es si las iglesias tienen o no derecho, como asociaciones religiosas, a acceder a los medios de comunicación masiva “abiertamente”.
Su compañero de bancada, Santiago Creel Miranda coincidió en que no se puede confundir ni equiparar la libertad de creencias y de culto, con la libertad religiosa pues ésta “implica a todas las demás” y por eso es pertinente la modificación.
La reforma, dijo, “habla de libertad religiosa para que los padres de familia tengamos perfectamente el derecho de poder determinar si nuestros hijos van o no a tener una educación de carácter religiosa o quienes no”; no se trata de cambiar el Artículo tercero para establecer que la educación del Estado ya no sea laica.
Por su parte, el senador priista Fernando Baeza Meléndez expresó que la modificación al artículo 24 está inspirada por los principios de laicidad que animaron a la Constitución de 1917, por lo que se reafirmará el principio de la independencia del Estado, respecto a las convicciones de carácter religioso.
“Vamos a abrir la oportunidad para que todos quienes deseen, nos manifestemos y enriquezcamos con el debate, los diferentes puntos de vista para que al final lleguemos a la decisión más acertada”, puntualizó.
En este sentido, explicó que hay temas que en el futuro habrán de discutirse de manera “muy apasionada” y que tendrán que ver con los avances de la medicina como la interrupción del embarazo, muerte asistida, clonación, fertilización in vitro y otras cuestiones.
En opinión de la también senadora priista María de los Ángeles Moreno la reforma “parece más un voluntarismo de religiosos notorios o de cúpulas de poder que desean complacer a algunas fuerzas reales con las que piensan que es útil pactar, sin considerar las graves implicaciones que puede tener para la sociedad”.
Mencionó que no han cesado los esfuerzos de la alta jerarquía católica y de algunos representantes de otras iglesias para lograr mayores privilegios y posibilidades de actuación en esferas de la vida política y social del país.
En tanto, el senador perredista Leonel Godoy Rangel advirtió que con ese cambio se busca abrir una rendija en la Constitución para abordar el tema de impartir educación religiosa en escuelas públicas, lo que afectaría los objetivos de una formación libre y sería discriminatoria e intolerante con los grupos minoritarios o los no creyentes.
Consideró que la enmienda es “restrictiva”, “riesgosa” y limita libertades, por lo que no se puede abrir la puerta a la confrontación y agregar un elemento más de conflicto, “cuando menos no en la Constitución de todos los mexicanos”.
Es una verdadera contrarreforma --agregó-- que atenta contra la laicidad que es piedra angular y fundamental del Estado mexicano y contra nuestro sistema jurídico nacional.
En su oportunidad, el senador Rubén Fernando Velázquez López, del PRD, resaltó “la inexistente necesidad de la reforma”, la falta del interés social y respaldo ciudadano y el “atropellado proceso legislativo” del dictamen.
A su vez, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez asentó que la Constitución, en su Artículo 24, ya dispone que “toda persona es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade. Entonces, ¿para qué hacemos este cambio?, cuestionó.
Para el sanador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, con la modificación al Artículo 24 de la Constitución “se trata de negar la razón del Estado laico en México”, por lo que su grupo parlamentario no respalda el dictamen.
Afirmó que “en los tiempos críticos que vive nuestro país” y ante la sucesión presidencial, “no es propicia un reforma de esta naturaleza, pues enturbia el ánimo nacional” y “hace crecer las suspicacias y rumores de que es una medida oportunista”.
Por su lado, el senador Eugenio Govea Arcos, también de Movimiento Ciudadano, reiteró que el tema “no es un asunto toral ni existe una demanda del pueblo de México en este sentido” y que lo urgente es la reforma al sistema de seguridad pública y de justicia, así como resolver el problema de pobreza en el que “están sumidos” millones de mexicanos.
Por el Partido Verde Ecologista, el senador René Arce expresó que con la modificación Constitucional puede “abrirse un problema en el país”, porque “algunos, ocupando precisamente un texto que habla de convicciones, pueden llevar esto a querer implementar en la práctica la posibilidad de hacer de la educación un asunto de orden religioso”.
¿Está culturalmente preparado el país para eso? ¿O dentro de muy poco nos estaremos arrepintiendo de que en ciertos sectores empiece a haber confrontaciones?, preguntó el legislador.
El dictamen se envió a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.
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