Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-507

  • El presidente del Senado, Pablo Escudero, se refirió a  las elecciones en Estados Unidos.
  • El problema del hambre en América Latina no es de disponibilidad de alimentos, sino de naturaleza política, señala la FAO.

Parlamentarios y representantes de organismos internacionales inauguraron este miércoles el Séptimo Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre, donde reafirmaron su compromiso de erradicar este problema de América Latina, mediante políticas públicas impulsadas por todos los actores involucrados.

Durante el evento, el presidente del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, hizo referencia al triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo cual “va a influir en nuestros países y así lo debemos de ver. El día de hoy están pasando cosas diferentes en el mundo y van a pasar cosas diferentes”.

Dijo que la Cámara de Senadores se encuentra trabajando en temas de gran importancia como los foros de consulta del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), en donde se tratan temas de ganadería, de agricultura, de granos, los cuales están relacionados con la alimentación y la nutrición.

Por su parte, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y El Caribe, Capítulo México, afirmó que el combate a este flagelo es un compromiso de nuestro país, y esta meta debe unir a todas las fuerzas políticas e ideologías.

Precisó que no se trata de un tema que pertenezca a una sola ideología o corriente, sino de un derecho humano que no debe estar sujeto a negociación, por lo que se tiene que seguir trabajando por el bienestar de nuestras familias.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI recordó que el acceso a la alimentación en México se establece como un derecho en la Constitución y en las leyes generales de Desarrollo Social y de Salud; además el país se ha incorporado a importantes acuerdos internacionales en materia alimentaria y considera entre sus compromisos la reducción de los niveles de pobreza y de hambre.

La senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), mencionó que los objetivos de los frentes contra el hambre son aglutinar los esfuerzos de los parlamentarios en el propósito de combatir este lastre y desarrollar los medios legales e institucionales para lograr la seguridad alimentaria, fomentar la agricultura familiar, mejorar la alimentación escolar e impulsar la educación en esta materia.

Asimismo, agregó, se busca crear políticas públicas de protección social para quienes padecen subalimentación o desnutrición. Expresó que América Latina es la región del mundo que más ha avanzado en combatir el hambre; no obstante, sigue siendo una de las regiones más desiguales del planeta, pues aproximadamente 34 millones de personas padecen este problema. 

Por ello, hizo un llamado a seguir trabajando para disminuir el hambre en la región, lo que sólo será posible con el trabajo conjunto de los gobiernos, de los parlamentos, agencias internacionales, de los legisladores y de la participación decida de toda la población. 

En su turno, Eviel Pérez Magaña, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dijo que la Estrategia Nacional de Inclusión que implementa el gobierno federal debe seguir avanzando para promover una reducción real de la pobreza y en específico de la pobreza alimentaria.

Por su parte, Ernesto Monroy, titular de la Unidad de Vinculación de la Secretaría de Salud, expuso que en México todavía se padece condiciones de hambre y desnutrición; solamente en 2014 se registraron en el país 432 muertes por este tipo de causas. 

En tanto, en 2015 el sistema de salud mexicano registró 106 mil 127 casos de desnutrición diagnosticada, los cuales fueron tratados, indicó. 

En representación de la Cámara de Diputados, la legisladora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, expresó que los parlamentarios deben contribuir en la solución de la inseguridad alimentaria y nutricional de los países de la región.

María Augusta Calle, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe, exhortó al Senado de México para que se apruebe la Ley de Derecho a la Alimentación, que se encuentra pendiente.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que el problema del hambre también se tiene que analizar en el contexto de otros graves problemas que hay en el mundo, y pidió que en la declaración final de este foro se haga referencia a la “nueva realidad” que ha surgido a raíz de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

A su vez, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del PAN, explicó que aún se discute qué institución se hará cargo de aplicar la Ley de Derecho a la Alimentación y la manera en que participará la sociedad civil. Además, lamentó los resultados electorales en Estados Unidos, por lo que “tendremos que volver a la solidaridad” y “recuperar nuestra capacidad de vernos como hermanos, de darnos la mano”.

Por último, Tito Díaz, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de Mesoamérica (FAO), dijo que a pesar de los avances aún hay grandes desafíos, pues la región produce una cantidad suficiente de alimentos para toda la población, pero aún hay personas que no pueden acceder a ellos.

El problema del hambre en América Latina, precisó, no es de disponibilidad de alimentos, sino de naturaleza política; de ahí la necesidad de coordinar acciones desde los distintos poderes públicos con un enfoque multisectorial y con una amplia participación de actores, gobiernos locales, organismos internacionales, academia, sociedad civil, iniciativa privada y del ámbito legislativo.

Dejó en claro que ningún gobierno u organismo internacional puede erradicar el hambre por sí solo, por ello, podemos decir con seguridad que los frentes parlamentarios contra el hambre han aportado de forma significativa a la generación de políticas para establecer el derecho humano a la alimentación adecuada en el más alto nivel de las agendas legislativas.

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