Número-511
- Senadoras coinciden en la necesidad de hacer una revisión integral para combatir las estructuras criminales.
- Reforma debe extenderse a los bienes de propiedad privada, social, ejidal y comunal en relación al crimen organizado.
Senadores, funcionarios, y especialistas coincidieron en adecuaciones que se requieren a nivel constitucional en materia de extinción de dominio que, desde su creación en 2008, no ha dado los resultados esperados en el combate a la estructura financiera de la delincuencia organizada.
Durante la mesa de trabajo y análisis “Extinción de Dominio”, la senadora Pilar Ortega Martínez, integrante de la Comisión de Justicia, manifestó que es necesaria una revisión integral a esta figura, toda vez que se incorporó al catálogo de delitos por los que se pudiera generar la extinción de dominio, el enriquecimiento ilícito relacionado con actos de corrupción.
La figura de extinción de dominio es una herramienta con la que “esperamos combatir eficazmente una realidad que lastima nuestra sociedad, como es el crimen organizado y la corrupción, es decir, un problema enraizado en un contexto doloroso.”
Recordó que en la Comisión existen diversas iniciativas que buscan hacer más eficiente esta figura a nivel constitución, pues son escasos los beneficios que han aportado la reforma Constitucional de 2008 y su ley reglamentaria expedida en 2009.
La senadora subrayó que en el fondo de la figura subsisten algunas deficiencias que incluso están en el marco constitucional, por lo que consideramos que es necesario una reforma constitucional, para que la figura de extinción de dominio sirva para el objeto que fue creada”.
La secretaria de la Comisión, senadora Angélica de la Peña Gómez, aseguró que se tiene que atacar el financiamiento que blanquea la delincuencia organizada, para lo cual es necesario revisar las propuestas de modificación planteada por la senadora Pilar Ortega, a través de una iniciativa.
La directora de extinción de dominio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gloria Irma Palacios Sánchez, consideró que la reforma debe precisar los alcances en propiedad privada, porque al haber vacío la delincuencia hace uso de este tipo de inmuebles.
Explicó que no hay una regulación óptima de los bienes de propiedad privada, ni una actualización en el padrón de los institutos de registro público, por lo que las organizaciones hacen uso de inmuebles irregulares que, además, les deja ganancias, porque cuentan con permisos para operar como comercios.
En diversos casos ni siquiera están en regiones alejadas, hay información de que se encuentran en la zona conurbada como Metepec, Toluca, Tlalnepantla o Nezahualcóyotl, pero ante las deficiencias en la ley no se puede llevar a cabo la figura.
“Esta modalidad va en aumento, es decir que la delincuencia va un paso adelante”, sostuvo.
La funcionaria, agregó que desde el primer juicio de extinción de dominio realizado en 2010, se han obtenido 43 sentencias favorables y en 74 ocasiones se ha ejercido la figura.
Además, una ocasión se ha hecho el pago de la reparación del daño a la víctima, una más está en espera del pago, y se han recuperado 360 millones de pesos y 20 millones de dólares.
A su vez, el consultor internacional, Alberto Lara Rivera, aseguró que con una reforma a nivel constitucional quirúrgica mínima, “muy minimalista podría darse un enorme avance y adelanto” para la urgencia que vive el país.
Dijo que la figura central en el combate al crimen organizado es la extinción de dominio, y no las operaciones encubiertas, los testigos protegidos o bien los escuchas, “esta es la figura urgente del sistema de seguridad y justicia.”
Señaló que es necesario revisar lo referente a la propiedad social, agraria, ejidal y comunal, pues si bien en la Constitución se precisa que éstas no deben ser objeto de extinción de dominio, se debe acreditar que no son utilizadas para efectos de crimen organizado, porque ante estos vacíos y lagunas, el crimen toma ventaja legal.
También participaron las jueces especializadas en materia de extinción de dominio, Miriam Geraldine Aldana Revelo, de El Salvador, y Ana Isabel Guerra Jardán, de Guatemala.
