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El senador panista José Guillermo Anaya Llamas, presentó reformas al Artículo 22 de la Constitución Política a fin de fortalecer el trabajo del Estado para combatir la corrupción en el servicio público, y aplicar la extinción de dominio sobre los bienes para el pago de daños y perjuicios.
En tribuna, señaló que una de las exigencias de la sociedad al Gobierno es que se garantice que los servidores públicos cumplan con su encargo, observando la ley y ejerciendo sus facultades en forma honesta y eficaz.
Explicó que la propia Constitución faculta tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas estatales para establecer lineamientos en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como las circunstancias en las que se les debe sancionar penalmente por enriquecimiento ilícito.
Además, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece sanciones económicas cuando el funcionario obtenga beneficios o lucro por incumplimiento de obligaciones y cause daños y perjuicios.
Sin embargo, dijo que a pesar de los esfuerzos, las prácticas de corrupción siguen cometiéndose, incluso hay noticias de que funcionarios públicos llegan al extremo de pedir créditos a nombre de gobiernos estatales para beneficio personal.
Un ejemplo de ello –agregó—es lo que hizo el ex secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila, quien incluso falsificó documentos para solicitar créditos bancarios a nombre del gobierno y después de convertirlos en deuda pública, los utilizó para negocios propios.
Ante ello, Anaya Llamas dijo que es más que justificado aplicar la extinción de dominio cuando haya de por medio la utilización de recursos públicos y recuperarse los bienes para El pago de daños y perjuicios generados, aún y cuando los bienes se hayan registrado como propiedad de un tercero.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
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