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El Senado de la República recibió y turnó a comisiones el Acuerdo entre México y Estados Unidos relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, suscrito en Los Cabos el 20 de este mes.
Con el convenio se pretende establecer un marco jurídico para alcanzar una explotación segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos que puedan existir a lo largo de las fronteras marítimas establecidas entre las dos naciones.
Por ello, las partes reconocen los principios que promueven la utilización equitativa y razonable de los recursos transfronterizos y expresaron su deseo de maximizar los beneficios a largo plazo de su explotación, así como proteger los recursos de ambos países.
Del mismo modo, aceptan que este marco intenta fomentar el establecimiento de acuerdos de cooperación basados fundamentalmente en los principios de unificación.
Además, nuestro país y la Unión Americana reconocen “que pueden celebrarse otros acuerdos de cooperación adicionales fuera del marco del presente acuerdo”, a fin de promover la explotación eficiente, equitativa y ambientalmente responsable de yacimientos.
El tratado dispone que los ingresos derivados de la explotación de los yacimientos deberán ser gravados conforme a la legislación de México y Estados Unidos.
Se especifica que ello también se hará con base en el Convenio firmado por las partes para Evitar la doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado el 18 de septiembre de 1992 con sus respectivas enmiendas o de cualquier convención que ambas puedan celebrar en el futuro.
Establece que a más tardar 90 días de la entrada en vigor del Acuerdo, se establecerá una Comisión conjunta para asistir a las autoridades ejecutivas en la administración del Acuerdo.
La Comisión será el órgano competente para examinar toda controversia o cualquier otro asunto que le someta cualquiera de las autoridades ejecutivas en relación con la interpretación o aplicación del Acuerdo.
En el oficio remitido por la secretaría de Gobernación se explica que derivado de la reforma energética de 2008 y la proximidad de la culminación de la moratoria de 10 años establecida en el Tratado sobre la Plataforma Continental de 2000, el gobierno mexicano inició un proceso de consultas informales con Estados Unidos.
Lo anterior, con el propósito de lograr la negociación de un acuerdo bilateral que constituyera el marco regulatorio para garantizar la explotación eficiente y equitativa de los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos compartidos entre los estados.
Expuso que durante la negociación, la participación de la delegación mexicana estuvo siempre orientada a la protección de los derechos soberanos de México sobre hidrocarburos.
Además, de la distribución justa y equitativa de los recursos transfronterizos, el establecimiento de certeza jurídica y la garantía de que las operaciones se lleven a cabo de manera segura, bajo un régimen ambientalmente responsable y buscando la seguridad energética de la región.
Según el Acuerdo, éste no será interpretado de manera que se afecten los derechos soberanos y la jurisdicción que tienen tanto México con el país vecino sobre su respectiva plataforma continental.
Aclara que dentro de los 90 días siguientes a la su entrada en vigor, cada año ambos gobiernos se consultarán sobre las actividades de exploración y explotación emprendidas dentro de las tres millas contiguas a la línea de delimitación, la cual se refiere a las fronteras marítimas en el Golfo de México delimitadas en los tratados sobre límites vigentes entre los dos países.
Dichas consultas incluirán el intercambio de toda información geológica relevante y disponible asociada a dichas actividades.
Independientemente de esta medida, si México o Estados Unidos tiene conocimiento de la posible existencia de un yacimiento transfronterizo o de hidrocarburos cerca de la línea de delimitación, deberán notificarlo por escrito al otro país dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento y, de ser el caso, presentar su plan de desarrollo y producción.
Además, el Acuerdo no conlleva erogaciones adicionales al presupuesto asignado actualmente a los órganos de la Secretaría de Energía que tendrá a su cargo su ejecución.
En el oficio, el subsecretario de Enlace Legislativo de la Segob, Rubén Alfonso Fernández Aceves, solicita al Senado “tenga a bien considerar el citado Acuerdo durante su actual periodo de sesiones ordinarias”.
El documento se turnó a las comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte y de Energía para sus análisis y dictamen.
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