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La resolución del Tribunal Supremo de España que inhabilitó por 11 años al juez Baltasar Garzón por el delito de prevaricación, “constituye un grave ataque al principio de independencia judicial”, aseguró el senador Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del PRD.
Por ello, planteó que el Senado de la República haga llegar al gobierno español su preocupación y consternación por dicha sentencia.
En tribuna, el legislador perredista explicó que el Juez Garzón, procesado además por investigar crímenes del franquismo, fue inhabilitado en el ejercicio de su cargo por vulnerar el derecho a la defensa luego de ordenar escuchas en prisión entre detenidos y abogados en un caso de corrupción.
Agregó que esa sentencia supone, en la práctica, el fin de la carrera de Garzón, pues ha sido incapacitado para ejercer cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder judicial
Señaló que aunque el fallo unánime no puede apelarse, en la percepción de la sociedad española se generó una injusticia.
Consideró que, sin duda, las investigaciones efectuadas por Garzón respecto a los crímenes cometidos durante el franquismo fueron, quizás, la gota que colmó el vaso.
Para la legislación española, aclaró Herviz Reyes, “un juez prevarica cuando dicta un fallo contrario al ordenamiento jurídico”. En tal sentido, este delito es el más grave que se le imputa a un juez, pues significa que éste ha interpretado la ley para una finalidad distinta de la prevista.
Recordó que el juez Garzón cobró fama internacional por su intento de extraditar en 1998 al ex dictador chileno Augusto Pinochet de la Gran Bretaña para que respondiera por violaciones a derechos humanos tras el golpe de Estado que cometió en Chile en 1973.
En su opinión, Garzón ha jugado un papel importante en la transición de España a la democracia, “como azote de políticos corruptos”.
La proposición fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa.
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