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El Senado de la República exhortó al Ejecutivo federal para que “ajuste sus actos a la ley y no interfiera en el proceso electoral”, así como abstenerse de dar a sus funcionarios inmediatos --incluidos los delegados federales-- instrucciones contrarias a este objetivo.
También pidió a la procuradora General de la República, Marisela Morales, que no utilice a la institución con fines electorales y explique las razones para destituir a José Luis Vargas como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Además, conminó a las diversas fuerzas políticas, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los poderes de la Unión y a la ciudadanía en general, a generar condiciones propicias para que las elecciones se desarrollen en un marco de respeto a la ley, tolerancia y participación.
Ello, con el propósito de fortalecer la democracia e instituciones y para que prevalezca el debate político de las ideas entre candidatos y “no la guerra sucia, las denostaciones y las mentiras”.
En este sentido, el pleno senatorial pidió a las autoridades locales y federales de procuración y administración de justicia que den el cauce legal a las denuncias y juicios correspondientes sin someterse a intereses políticos ni presiones de grupos de poder.
Al presentar la propuesta de urgente resolución, el senador panista Felipe González González afirmó que las sospechas infundadas y los pronunciamientos confusos en torno a la competencia de las autoridades que intervienen en el proceso electoral “crean un clima social que no es propicio para el desarrollo político”.
Consideró que la designación de la nueva titular de la Fepade “no debe tomarse como pretexto para desalentar la participación ciudadana en el proceso", sino que debemos asegurarnos de que el cambio cierre los espacios de impunidad que vulneran nuestro sistema electoral y que las investigaciones por compra y coacción del voto no se detengan.
En su opinión, “el proceso electoral no es obstáculo para investigar hechos delictivos” y prueba de ello es que en diversos estados se han realizado detenciones por hechos ilícitos relacionados con el servicio público.
El senador Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que en diferentes casos como el de Arturo Zamora en Jalisco, los alcaldes en Michoacán, Manuel Añorve en Guerrero o Greg Sánchez, en Quintana Roo, la PGR fue un instrumento para enfrentar a los candidatos opositores al partido en el poder.
Por ello, se pronunció porque la institución cumpla su obligación de mantener la secrecía de las averiguaciones penales, “y dejen de ser de discusión pública en los medios de comunicación y utilizadas sólo para dañar a los contendientes adversos del régimen presidencial”.
Expresó que desviar el objetivo y atribuciones de las instituciones “deshonra al Estado”, genera desconfianza y lesiona el proceso electoral, por lo que debe aclararse el relevo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
A su vez, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez dijo que lo relevante es “evitar la propaganda gubernamental en estas semanas”, por lo que se pronunció por establecer un pacto entre los 32 gobernadores y el presidente Calderón para cumplir con este mandato Constitucional.
“En la Constitución está prohibida la publicidad gubernamental personalizada; sin embargo, los gobernadores lo violan, mañana, tarde y noche. En este momento, no hay campañas electorales, pero hay campañas políticas de los gobernantes con recursos públicos”, afirmó.
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