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El senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que la industria minera, controlada por unas cuantas empresas extranjeras, “está sujeta a un régimen fiscal de privilegios”, leyes laxas y “autoridades serviciales” que provocan la inseguridad de trabajadores, daños ecológicos e inestabilidad social.
Desde la tribuna senatorial, el legislador del PT afirmó que se “han adoptado políticas y actitudes entreguistas al proteger los intereses de un grupo empresarial extranjero --en su mayoría canadienses-- que han extraído el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona Española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje”.
Por ello, propuso este martes reformar la Ley de Impuesto Sobre la Renta para reducir del 77 al 60 por ciento las deducciones que sobre las inversiones de bienes nuevos de activo fijo se pueden realizar en el sector minero.
Monreal Ávila explicó que seis firmas canadienses controlan el 70 por ciento de la explotación del oro en nuestro país y poseen --en territorio nacional-- reservas de este metal por más 82 mil 924 millones de dólares.
Agregó que según la Secretaría de Economía de 41 empresas dedicadas a este ramo 25 son filiales a corporativos canadienses.
“Las autoridades federales --denunció-- han renunciado a velar por el medio ambiente, la salud y la integridad de las comunidades al permitir que se siga llevando a cabo la conquista de suelo patrio con la entrega de 56 millones de hectáreas, lo que representa el 26 por ciento del territorio”.
Esto, dijo, ubica a México como el cuarto destino más atractivo en el mundo y el primero en América Latina para las inversiones en explotación minera, según la Cámara Minera de México en su informe anual 2011.
Argumentó que en nuestro país el derecho de explotación minera se cobra por hectárea concesionada, “lo cual representa un beneficio económico para las empresas privadas que realizan actividades en territorio nacional”, ya que este régimen contribuye a elevar las ganancias, más allá de las generadas por la explotación y venta del recurso.
La iniciativa se turnó a la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
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