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El presidente del Senado de la República, José González Morfín, aseguró que la Constitución de Cádiz y la mexicana comparten la esencia de libertad y justicia radicada en los ciudadanos.
Al inaugurar el seminario: Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, Las ideas constitucionales de América Latina, señaló que su estudió permitirá comprender mejor nuestro presente “para así lograr proyectarnos con mayor conocimiento y confianza hacia el futuro”.
Comentó que ese texto constitucional tuvo un impacto que trascendió a varias cartas magnas europeas e influyó en los arreglos constitucionales de la mayor parte de los países latinoamericanos tras su independencia.
En México, explicó, el texto constitucional estuvo vigente en distintas ocasiones, por lo que se convirtió en un referente obligado durante muchos años y “lo sigue siendo en este momento, en todos nuestros estudios”.
Ante parlamentarios y especialistas de Iberoamérica, expresó que a 200 años de su promulgación es indispensable tomar como punto de partida el texto de Cádiz para entender el desarrollo de nuestro constitucionalismo.
Sin embargo, consideró que a dos siglos de distancia “parece todavía un anhelo en muchos países la libertad de prensa, que venía consagrada hace 200 años en esa Carta Magna”.
En su opinión, dicho documento fue pionero al señalar que la soberanía dejaba de residir en el monarca para hacerlo en la nación española entendida como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
En tanto, José Narro Robles, rector de la Universidad Autónoma de México, señaló que por razones económicas y humanas, pero también por la pertinencia de mantener la estabilidad y la paz social, es necesario reformular los mecanismos y alcances de la acción del Estado tanto en el ámbito económico como en el social.
Destacó que uno de los asuntos torales de la Constitución de Cádiz fue reforzar la estructura y función del Estado, por lo que en la actualidad y sobre todo como consecuencia de la crisis económica y financiera que se vive en el mundo, se debe discutir cuáles deben ser los alcances de éste.
Refirió que en el caso de México son muchas las dificultades que el Estado enfrenta y una de ellas tiene que ver con la inseguridad y la violencia, además del desempleo, las faltas de opciones y expectativas para los jóvenes, que son elementos que amenazan el futuro y la estabilidad.
Por ello, se pronunció por debatir ahora el propio sentido del Estado, sus alcances y su organización, ya que “es claro que sin un arreglo diferente difícilmente lograremos resolver las complejas condiciones derivadas de la insuficiente dinámica de nuestra economía y de la agobiante e histórica desigualdad económica y social que nos acompaña”.
Apuntó que se requiere de una política social más activa que esté orientada a combatir la pobreza y reducir la desigualdad, debido a que “si los mecanismos del mercado no tienen siquiera la posibilidad de estimular correctamente y por sí solos los engranes del crecimiento económico, mucho menos tienen la capacidad de resolver los problemas sociales”.
En su turno, Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo México y España comparten el ideal de la protección de los derechos humanos, heredada en mayor o menor medida de la Constitución de 1812.
En este sentido, señaló que la reciente reforma constitucional en materia de amparo y derechos humanos ha impulsado al Poder Judicial a incursionar en nuevos paradigmas en la interpretación de la justicia.
Por ello, manifestó, la SCJN habrá de ejercer nuevas responsabilidades con un claro entendimiento de la intención que ha impulsado al constituyente al elaborar las reformas, por lo que nada estará por encima de la protección a los derechos humanos.
En su oportunidad, el senador perredista Carlos Navarrete Ruiz mencionó que en las reformas a la Constitución mexicana en el siglo XXI, “siempre hemos tenido como punto de referencia lo que pasó en Cádiz en esa época”.
Resaltó que el Senado ha participado en diferentes reformas importantes como la electoral, por lo que será la primera elección presidencial que se lleve a cabo con las enmiendas que este órgano del Congreso impulsó en 2007 y 2008 “contra viento y marea, contra poderes facticos que hoy todavía no se resignan a acatar plenamente el texto constitucional”.
Pero hay que decirlo con claridad --advirtió-- en la reforma realizada ni un paso atrás ni un centímetro atrás, los órganos electorales tienen instrumentos constitucionales para garantizar una elección equitativa y respetuosa para que pase la prueba de la democracia: la aceptabilidad de la derrota.
Quien gane que lo haga con legitimidad y ejerza el poder y quien pierda reconozca que perdió también con legitimidad, enfatizó el presidente del Instituto Belisario Domínguez.
El senador priista Melquiades Morales Flores indicó que la Constitución de Cádiz es “una luz en el devenir constitucional de México y de otras latitudes, que nos obliga a las generaciones actuales a repensar y estar atentos a las exigencias y demandas de una sociedad más escolarizada e informada”.
Por ello, externó, se requiere de instituciones modernas que respondan, a través de sus funciones eficaces y oportunas a los desafíos y retos de nuestro tiempo y del futuro.
Explicó que la constitución española contiene rasgos vanguardistas para la época como la separación de poderes, la visión de un federalismo que fortalece las partes sin debilitar al todo, el sufragio universal masculino, entre otras.
A su vez, el legislador Juan José Lucas, vicepresidente primero del Senado de España, subrayó que la Constitución de Cádiz se convirtió en un hito democrático de la primera mitad del siglo XIX y trascendió a varias constituciones europeas.
De igual forma, el parlamentario español destacó el impactó que tuvo en los orígenes constitucionales y parlamentarios de la mayor parte de los estados americanos durante y tras su independencia.
Posteriormente, fue develado, en la nueva sede del Senado, un busto de Don Miguel Ramos Arizpe, quien participara en la redacción de la Constitución de Cádiz en 1812.
Al iniciar los trabajos de este encuentro Iberoamericano, el jurista Diego Valadés destacó que a 200 años de la Constitución de Cádiz, la creación y fortalecimiento de los sistemas electorales es uno de los mayores avances de la democracia representativa.
Sin embargo, dijo que el mayor rezago se encuentra en los instrumentos de control por parte de las instituciones de representación de la región, pues en este momento “la regularidad de las sesiones de control” sólo figuran en dos Constituciones: Argentina y Perú.
El investigador de la UNAM aseguró que “en aquellos sistemas constitucionales, donde el progreso de la democracia representativa han sido más acentuados, en términos generales la confianza en la democracia es más pronunciada”.
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