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La Cámara de Senadores exhortó al Ejecutivo federal para que presente un informe sobre las pérdidas económicas para el sector aeronáutico, turístico y económico, generadas por el cierre de Mexicana de Aviación.
El reporte, se especifica en el resolutivo aprobado por la asamblea, debe tomar en cuenta a todos los sectores que tenían relación con dicha empresa, así como las estrategias implementadas por el gobierno, para cumplir con la misión establecida para la aviación civil.
De acuerdo a la Confederación Nacional Turística más de 6.6 millones de pasajeros nacionales e internacionales resultaron afectados por el cierre de la aerolínea y las pérdidas económicas para el país se estiman en 100 millones de dólares.
La suspensión de labores de la compañía, se agrega en el dictamen, afectó directamente a más de 8 mil 500 trabajadores y sus familias e indirectamente a más de 200 mil personas, entre maleteros, taxistas, agencias de viajes y empleados de diversos aeropuertos.
Los senadores consideraron que con la interrupción de sus operaciones “un número considerable de sus usuarios se vio afectado”, pues Mexicana “incumplió en la prestación del servicio que contrataron al comprarle boletos de vuelos que ya jamás se realizaron”.
Aunque los legisladores coincidieron con el gobierno federal en rechazar la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda rescatará a la empresa, estimaron oportuno que el Ejecutivo informe sobre los programas para impulsar a la aviación civil en nuestro país y evitar otra quiebra de aerolíneas mexicanas.
Necesario, revisar concesión aeroportuaria en Aguascalientes: Senado
En otro tema, el pleno senatorial pidió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise la concesión otorgada al Grupo Aeroportuario del Pacifico (GAP), que opera en Aguascalientes, por el estado actual de los servicios complementarios y comerciales que oferta en ésta terminal aérea.
En el aeropuerto de dicha entidad, se expone en el dictamen, “existe una deficiente atención, ya que el trato no es amable, ni corresponden al precio, calidad y oportunidad” y esto “no es grato, ni contribuye a la competitividad”.
Se subraya que existe una denuncia porque el GAP obstaculiza el funcionamiento de la empresa IBN Aerospace, al impedir de manera unilateral el aterrizaje de los helicópteros que contratan el blindaje ofrecido por dicha compañía.
En este contexto, los legisladores estimaron indispensable que el GAP cumpla con los requisitos que se establecen en su título de concesión y otorgue de manera óptima todos los servicios complementarios en la terminal aérea.
Demandan intervenir en conflicto de la Administración Portuaria de Progreso
Del mismo modo, el Senado pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes que instruya a personal a su cargo para intervenir en el conflicto generado en la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
Lo anterior, con el objeto de determinar si los funcionarios de la dependencia “han ejecutado actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros operadores, prestadores de servicios o permisionarios”.
En el dictamen los senadores mencionaron que el director de la Administración Portuaria Integral de Progreso y su gerente comercial, “aprovechándose de los cargos e información reservada con la que cuentan, han favorecido empresas creadas ex profeso que son de su propiedad”.
Ante este hecho, diversos empresarios se quejan de que no pueden competir libremente contra los intereses personales de funcionarios públicos, por lo que es conveniente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intervenga y aplique la Ley.
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