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El Senado de la República solicitó a los titulares de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como de la PGR un informe sobre el origen, manejo y destino de los 25 millones de pesos decomisados a dos colaboradores del gobierno de Veracruz, en el aeropuerto de Toluca, el pasado 27 de enero.
El reporte debe contener la licitud de la procedencia, manejo y destino del dinero incautado; en su caso, las condiciones y términos de su devolución al gobierno estatal y la constitución, actividades y servicios de la empresa proveedora a quien debían pagarse.
La asamblea senatorial también exhortó al Instituto Federal Electoral, a fin de que a través de sus organismos de fiscalización, redoble sus esfuerzos para supervisar, monitorear y auditar todos los recursos que se ingresen y se eroguen en las campañas electores de 2012.
Lo anterior, con el objeto de que los partidos políticos y los candidatos se ajusten a los límites y topes que la ley en la materia establece.
Además, los senadores pidieron al Congreso de Veracruz, así como a las unidades de públicas de auditoria y fiscalización, que inicien los procesos de investigación y revisen que los pagos del gobierno a sus proveedores se apeguen a lo que la normatividad y los procedimientos administrativos determinen.
Al presentar el punto de acuerdo de urgente resolución, el senador de Acción Nacional, Rubén Camarillo Ortega, dijo que es “inaceptable” el argumento de que los 25 millones de pesos en efectivo eran para pagarle a un proveedor, como lo esgrimió la Secretaria de Finanzas y Planeación del estado.
“¿Cómo es posible que el gobierno de Veracruz pretenda que le creamos que por agilidad y eficiencia dio las instrucciones para que un par de funcionarios fueran al banco, retiraran en billetes de a 500, 25 millones de pesos, los pusieran en una maleta, fueran al aeropuerto, tomarán el avión oficial y lo trasladarán a la terminal aérea de Toluca?, cuestionó.
En un año electoral, “eso, simple y sencillamente es de una altísima torpeza, administrativa y política”, consideró el legislador.
¿Por qué preferir portar el dinero en efectivo, en lugar de utilizar la seguridad y la rapidez de una transferencia electrónica? Con “un simple click en una computadora”, dijo, de inmediato se le pudo hacer el pago al proveedor “que supuestamente es el dueño del dinero”.
Su compañero de bancada, Juan Bueno Torio, expresó que la justificación del gobierno estatal no es satisfactoria porque cuando se realizan depósitos en efectivo, se cobra el tres por ciento de impuesto por cantidades mayores de 15 mil pesos.
Así, a la empresa que depositaría el dinero le hubiera costado 750 mil pesos por el pago del IDE, ¿quién, en su sano juicio, puede aceptar una operación de esa magnitud?, cuestionó le legislador.
Para el senador priista Fidel Pacheco Rodríguez “en este país de ninguna manera es ilícito el tránsito de dinero en efectivo”, porque así lo permite la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Resaltó que como consecuencia de las indagatorias de la PGR fueron liberados las dos personas que tuvieron la responsabilidad de resguardar los 25 millones de pesos, pues no se configuró algún hecho ilícito en su contra.
Además, en las propias investigaciones “ha quedado claro que los recursos son de procedencia lícita, porque devienen de una operación que surge de recursos fiscales del propio gobierno del estado”.
En este sentido, demandó seguir el curso legal de las pesquisas y que las autoridades correspondientes “sigan investigando los hechos sin hacer uso político de sus facultades”.
En tanto, el senador perredista Arturo Herviz Reyes coincidió en que el traslado de 25 millones de pesos en efectivo al Aeropuerto de Toluca “se presta a malas interpretaciones”, ya que en ese lugar tiene su residencia Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia de la República.
Señaló que es necesario que el hecho se clarifique, sobre todo porque Veracruz es uno de los estados con mucha riqueza, un alto índice de marginación y “una deuda millonaria” que creció exponencialmente en 10 años.
En este contexto, agregó, “sus gobiernos se dan el lujo de transportar 25 millones de pesos en efectivo”.
Hizo notar que Miguel Morales Robles y Saíd Zepeda, identificados como funcionarios del gobierno de Veracruz e involucrados en los acontecimientos, no aparecen en la nómina estatal y esto acrecienta las dudas sobre el origen, manejo y destino del dinero.
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