Número-187
- El documento se aprobó por 100 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.
- El dictamen establece las competencias, facultades y límites de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con hechos de corrupción.
El Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y lo particular, con 100 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en materia de anticorrupción, que establece las competencias, facultades y límites de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.
La Fiscalía contará con agentes del Ministerio Público especializados en el combate a los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.
Para el desarrollo de sus funciones, se auxiliará de la unidad administrativa en materia de Servicios Periciales, la cual en su caso, deberá dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el término que al efecto establezca el Ministerio Público, y que resulte acorde con la complejidad del peritaje a realizar.
El titular y todo su personal estarán sujetos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como al régimen especial de la materia previsto en esta ley. Su actuación será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, conforme a sus respectivas competencias.
Entre sus atribuciones se encuentran nombrar, previo acuerdo con el Procurador General de la República, a los titulares de las unidades administrativas y direcciones generales de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción. Corresponderá al Procurador General de la República o al Fiscal Especializado, remover libremente a dichos titulares.
Asimismo, propondrá al Procurador General de la República el nombramiento de los agentes del Ministerio Público, por designación especial, que reúnan amplia experiencia profesional en la materia de combate a la corrupción, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de esta ley.
Además, tendrá la facultad de instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades, para la elaboración de estrategias y programas tendientes a combatir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción.
También podrá requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus investigaciones, la que por ningún motivo le podrá ser negada, incluso anteponiendo el secreto bancario, fiduciario o cualquiera otro de similar naturaleza.
Los legisladores incluyeron en el dictamen modificaciones hechas por las comisiones a los artículos 9 y 10 Bis, en las cuales se establece que el Procurador General de la República –sin perjuicio de las facultades concedidas en esta ley al Fiscal Especializado– está facultado para expedir normas administrativas que rijan la actuación de dicha Fiscalía, y emitir los acuerdos, circulares instructivos, bases y normas administrativas que rijan los órganos técnicos, administrativos y centrales.
También establecen que el titular de la Fiscalía presentará anualmente un informe sobre las actividades sustantivas y sus resultados, mismo será remitido al Senado de la República.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, planteó que al crear la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, se le otorgan las competencias, facultades y límites a la institución independiente y autónoma.
Ésta se basa en tres ejes: independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción; estructura funcional de recursos humanos suficientes para el correcto funcionamiento; y recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Dijo que la independencia técnica y operativa es la base para que quienes integren este órgano lo hagan con total desapego de las autoridades de gobierno. La Fiscalía contará con agentes del ministerio público especializados en combate a la corrupción. “México requiere de una fiscalía que cuente con total autonomía que le permita actuar sin distinción, sin preferencias y sin beneficio en favor de unos cuantos”, agregó.
El senador del Grupo Parlamentario del PAN señaló que será fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, conforme sus respectivas competencias, y no quedará exenta de la rendición de cuentas.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, dijo que la propuesta plantea un marco jurídico que dé sustento a la actuación de la Fiscalía, en tanto el Congreso emite la regulación de la Fiscalía General en su conjunto y la declaratoria expresa de su autonomía constitucional.
Establece la obligación del titular de entregar anualmente un informe público sobre las actividades y resultados; la Fiscalía elaborará su propuesta de presupuesto, contará con agentes y policías de investigación adscritos y que resulten necesarios para la atención de los casos que le corresponden.
Además, dijo, estará equiparada, jerárquica y administrativamente, a una subprocuraduría. El decreto entrará en vigor a partir de que el Senado de la República realice el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del PT, su coordinador, el senador Manuel Bartlett Díaz, consideró que la fiscalía anticorrupción nacerá subordinada a la mayoría del Senado y a la Procuraduría General de la República, además de que actuará “en las sombras, en la opacidad y sin transparencia”, debido a que el Fiscal puede ser destituido por revelar el desarrollo de sus investigaciones.
Cuestionó que el Fiscal pueda ser destituido por el titular de la PGR y señaló que no se genera un adecuado diseño institucional para enfrentar la corrupción. No compartimos ni el sistema de nombramiento que lo hace dependiente, ni la manera en que realizara sus labores, pues será sometido “a una espada de Damocles” para que no informe a la sociedad sobre las indagatorias.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez expresó la preocupación de bancada porque el dictamen mutila lo previamente acordado en lo relativo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la cual literalmente ha desaparecido del proyecto.
Lamentó que los legisladores hayan renunciado a dotar a la Fepade de un marco rector que le permitiera desarrollar sus funciones; es una institución fundamental para la democracia del país, por lo que es lamentable que no se le dé el mismo trato que la fiscalía anticorrupción.
Al fijar la postura a favor del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora María del Pilar Ortega Martínez sostuvo que la autonomía técnica y operativa de la Fiscalía Anticorrupción provee de una gran solidez e independencia a la procuración y aplicación de justicia.
En concordancia con dicha autonomía e independencia, agregó, los legisladores acordaron que la Fiscalía rinda cuentas ante el Senado sobre sus acciones y avances en el combate a la corrupción, lo cual le dotará a este nuevo órgano un papel preponderante al interior del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que se le debe dotar de atribuciones concretas para la realización de su labor.
La senadora Ivonne Lilian Álvarez García, refirió que el Grupo Parlamentario del PRI respalda la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República porque robustece al Sistema Nacional Anticorrupción al establecer la persecución y sanción de la corrupción por parte de los servidores públicos, a partir de la investigación fiscal, lo cual permitirá garantizar la transparencia en el uso de recursos públicos.
Con estas medidas, será posible lograr un México en paz, próspero, con instituciones y funcionarios confiables, lo cual permitirá recuperar la confianza de la ciudadanía, pues el Sistema Nacional Anticorrupción les dará respuesta a sus demandas, aseguró.
Como parte del debate en lo general, Jorge Aréchiga Ávila, senador del Grupo Parlamentario del PVEM, expresó que la creación de la Fiscalía Especializada es indispensable para complementar la regulación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, y con ello se cumple con lo establecido en la Constitución para blindar el servicio público.
Se trata, coincidió la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, de “una pieza clave” del nuevo esquema, de una herramienta legal y necesaria para conducir la investigación y obtención de indicios o de pruebas vinculadas a hechos de corrupción.
El senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que no se ha creado una Fiscalía General independiente porque, de acuerdo a la normatividad aprobada, al entrar en vigor el nuevo Sistema, el Procurador se convertirá en el Primer Fiscal General Independiente y su duración será transexenal; lo cual no es loable, porque los dos procuradores generales de la República, desde aprobada la reforma, son militantes del partido en el gobierno.
En este sentido, llamó al Ejecutivo Federal y a las instancias correspondientes, a hacer lo conducente para contar con un fiscal independiente transexenal, pero con un perfil autónomo, apartidista, técnico y que garantice acabar con la impunidad.
Por su parte, el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, explicó que para mandar a la cárcel a los responsables de conductas corruptas se necesita una fiscalía fuerte y autónoma, por lo que se ha facultado a la Fiscalía para ello. Su titular, dijo, será asignado por el Senado y requiere el voto favorable de las dos terceras partes, por lo que se debe llegar a un acuerdo para su designación.
Asimismo, explicó que su remoción se necesitará el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Senado, pues no es “contentillo” su destitución.
Fernando Yunes Márquez, senador del Grupo Parlamentario del PAN, propuso modificar el artículo 10 bis, donde se determina que el titular de la Fiscalía –al igual que su personal de confianza, agentes del ministerio público de la Federación, agentes de la Policía Federal ministerial y peritos miembros del servicio profesional de carrera– estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, para corregir la redacción de ley general por ley federal.
También prepuso cambiar la redacción de los artículos 10 Ter, 21 y 80 para especificar que se refiere a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, y modificar el dictamen, donde dice que se trata de una ley general. Los senadores aprobaron en votación económica la modificación de los cuatro artículos.
El Pleno también aprobó modificar el artículo 10 bis, a propuesta del senador José de Jesús Santana García, del mismo Grupo Parlamentario, para quedar de la siguiente manera: la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción.
Lo anterior para quedar en congruencia con el Código Federal Penal, comentó el legislador panista.
Los artículos 10 Bis y 10 Ter, reservados por los senadores Rabindranath Salazar Solorio e Isidro Pedraza Chávez del PRD, no fueron aceptados para su discusión, por lo que quedaron en los términos del dictamen.
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