Número-186
- El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves.
- Plantea que una Sección Tercera de la Sala Superior resuelva el recurso de apelación que se interpongan.
El Senado de la República aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento de este órgano, que formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y que contará con autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena.
La asamblea respaldó, con 101 votos a favor y cinco en contra, el nuevo ordenamiento propuesto en el artículo tercero de proyecto de decreto por el que se expiden las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación.
La Ley dispone que una Sección Tercera de la Sala Superior resuelva el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones dictadas por las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas.
Dicha sección también ejercerá su facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia primigenia corresponda a las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas.
Entre otras atribuciones, podrá imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda
Del mismo modo, sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa también contará con salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, cada una tendrá competencia respecto de las entidades que conformen las cinco circunscripciones administrativas, mismas que determinará el Pleno General, a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a estudios cualitativos y cuantitativos.
Estas salas estarán facultadas para imponer las sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves; con independencia de otro tipo de responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales.
A favor del dictamen, la senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez hizo un llamado para que se “blinde” el perfil de los magistrados de las salas Superior, Regional y Especializadas en materia de responsabilidades administrativas, a fin de mantener la mayor independencia en los cargos y que sus actuaciones no respondan a sus intereses políticos.
Durante el proceso de selección de los magistrados, agregó la legisladora, se deben garantizar mecanismos para que la ciudadanía participe.
Por el Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez, señaló que el nuevo Tribunal será el órgano competente para resolver aquellas controversias derivadas de la comisión de responsabilidades administrativas calificadas como graves.
De ahí que el dictamen, dijo, “es un muy buen avance en la construcción de instituciones sólidas, firmes y fuertes para avanzar en la concreción del Sistema Nacional Anticorrupción”, y destacó que era necesario establecer una estructura que funcione a partir de salas regionales especializadas, como lo sugería la Constitución.
El senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que con este dictamen se dotó de autonomía e independencia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para dictar sus fallos, imponer sanciones y fincar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias, así como de revisar las resoluciones de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos.
Con los dictámenes en materia de anticorrupción, los ciudadanos recuperarán la confianza en las instituciones políticas y jurídicas del país, pues se consolidan las instituciones que garantizan la transparencia, rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos.
Por su parte, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso modificar los artículos 14 y 43 del dictamen, para se establezca la creación de salas auxiliares, una vez que el trabajo en el tribunal lo demande.
Además, precisó que en el nombramiento de magistrados, se debe cambiar la palabra “podrán” por “deberán”, en lo que respecta a la solicitud de los antecedentes administrativos o penales, para dar mayor claridad a la investigación. Estos cambios fueron aprobados por el Pleno.
Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, señaló que en el dictamen se propone un tribunal subordinado al Ejecutivo federal y a los partidos mayoritarios en el Senado, estipulado en el artículo 43; y comentó que no habrá independencia ni credibilidad en un tribunal de esta naturaleza.
Advirtió que el Sistema Nacional Anticorrupción no resolverá el problema de la corrupción en el país, y es un engaño más; detalló que no existe autoridad autónoma que supervise al órgano jurisdiccional encargado de imponer las sanciones por responsabilidades administrativas graves.
Héctor David Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del PAN, comentó que el Estado mexicano ha sido incapaz de mitigar el enorme problema que significa la corrupción; dijo que durante la historia de México, “la corrupción ha sido la constante de una desgracia cotidiana”.
Refirió que la corrupción es un mal endémico, y alcanza otros espacios de la sociedad, a concesionarios, proveedores, servicios informativos, contratistas, a quien cobra sin trabajar, a quien obtiene un contrato con sobrecosto, y a cualquiera que pretenda obtener un beneficio del erario sin que tenga derecho a ello.
La senadora del PRI, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, aseveró que aquello que le molesta a la población, hoy por hoy, es que haya actos de corrupción, por lo que no los quiere en el gobierno y en ninguna institución; ellos nos han elegido para que les vaya bien y no podemos más que corresponder aprobando este dictamen para que tenga una institución fortalecida y atiendan los casos de corrupción.
Enfatizó que no habrá mayor acto de corrupción que los legisladores cierren los ojos y decirle a la población que no estamos a favor de este dictamen, y el PRI, sostuvo, va a favor de la transparencia y va de manera definitiva en contra de la corrupción.
El Pleno del Senado de la República aprobó una propuesta de las comisiones dictaminadoras para modificar los artículos 4, 9, 14, 31, 43 y eliminar el Título V de la Ley Orgánica que comprende de los artículos 71 al 74.
Luego de la aprobación de este ordenamiento, se envió a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se expide las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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