Número-1544
- Especialistas coinciden en que el Senado debe sumarse a la labor de control del ejercicio público.
- Consideran necesario reeducar a los funcionarios públicos y establecer sanciones claras en caso de irregularidades.
Las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción deben limitar el Estado o de lo contrario serán funcionales al poder y a la actual situación de opacidad, “y eso no le va a convenir a nadie”, advirtió el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Mesa Directiva.
Al presentar el libro “Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”, el legislador del Grupo Parlamentario del PRD dijo que otro retos inmediato es formar, capacitar y profesionalizar a los servidores públicos, “a quienes no les gusta, ni sienten la necesidad de estudiar cómo no ser corruptos”.
Fernández Fuentes consideró que las leyes anticorrupción representan una auténtica reforma del Estado, porque los gobiernos se han mantenido a partir de la entrega de concesiones, y “en un acuerdo donde la gobernabilidad está basada en privilegios, concesiones y presupuesto. Entonces, el sistema se mueve sobre la lógica de la corrupción”.
De ahí la trascendencia de la discusión de la legislación en la materia, pues “si logramos hacer leyes secundarias que respeten el espíritu de la Constitución, va a cambiar incluso la conformación política del país”, y muchos de los que se dedican a la política dejarán de hacerlo, porque no será tan rentable.
En lo anterior coincidió el autor del libro, Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) Alejandro Romero Gudiño, quien se pronunció porque el Senado asuma, junta con la Cámara de Diputados, las acciones necesarias de control del ejercicio administrativo, incluida la definición de sanciones para quienes incurran en irregularidades.
Explicó que bajo la lógica de que el combate a la corrupción se establezca como una política de Estado, se requiere la participación del Congreso; es decir, la coordinación del Senado y la Cámara de Diputados en el seguimiento, la evaluación del Sistema Nacional Anticorrupción y la fiscalización del ejercicio público.
Apuntó que el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), conceden a la función parlamentaria la orientación y conducción del gasto público, “a esto me refiero con el control permanente parlamentario en la corrupción”.
El titular del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Carlos Reta Martínez, se pronunció en el mismo sentido, al advertir que se requiere de una atención inmediata para revertir la corrupción, pues las dimensiones que ha alcanzado afectan asuntos políticos, administrativos y sociales, y por ello quebrantan las posibilidades de desarrollo.
Consideró que el reto del Congreso es cumplir con dos requisitos complementarios: generar la mejor legislación posible en el tiempo más razonable, con el debido cuidado de la constitucionalidad y protección de garantías.
En la presentación participaron los expertos José Fernández de Cevallos, Sergio Huacuja Betancourt y Adriana Plascencia Díaz, quienes coincidieron en que no se debe dar marcha atrás en la construcción de un andamiaje institución de transparencia y anticorrupción, basado en el rigor académico y no en falsas definiciones de que la corrupción es algo “natural”.
Advirtieron que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, México apenas dará el primer paso para cumplir con tratados internacionales sobre el tema, firmados desde hace décadas.
-0-0-0-
