Número-1543
- Los presidentes de las comisiones dictaminadoras fundamentaron el documento y reiteraron su compromiso para generar condiciones de desarrollo en el país.
- Los grupos parlamentarios fijaron su postura sobre el dictamen y la senadora Dolores Padierna presentó su voto particular.
El Pleno del Senado de la República inició, durante la sesión de este jueves, el debate sobre el dictamen que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y reforma el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, que busca regular la planeación, el establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento sostenible, en los estados del país con mayor rezago económico y social.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, senador José Francisco Yunes Zorrilla, dijo que este dictamen tiene por objeto propiciar condiciones de convergencia económica a favor de la población que habita el sur y centro del país, sin generar perjuicios a los mexicanos que habitan y generan condiciones productivas en el norte de la nación.
Parte de reconocer una diferencia de desarrollo importante entre las regiones del sur del país, las del centro y del norte, manifestó.
Aseguró que, a través de esta ley, se generará mayor infraestructura que permita superar las barreras geográficas de lo que se produce en los mercados, generar condiciones para que exista un mejor valor agregado en esas regiones y, particularmente, se puedan encadenar productivamente con el dinamismo económico del país.
Señaló que se prevé la necesidad de generar, a través de la educación, ciencia y tecnología, un mayor capital humano, como también las condiciones de mayor fomento al desarrollo económico, revisando las condiciones tributarias, fiscales y aduanales, para mejorar los formatos administrativos a los que las unidades de negocios puedan acceder.
Indicó que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien genere un dictamen de viabilidad para que una zona pueda ser susceptible de las “bondades y beneficios”. Dicho dictamen tendrá que ser aprobado por una Comisión Intersecretarial, integrado por distintas dependencias del gobierno federal, que estarán valorando la factibilidad y los alcances económicos y ambientales.
Una vez aprobado por la Comisión Intersecretarial, se llevará a cabo la emisión de un decreto por parte del Ejecutivo federal que estará generando la definición del punto geográfico que será susceptible de los alcances de la legislación.
Refirió que esta ley obliga al diseño de un programa de desarrollo que comprometa la participación de los tres niveles de gobierno, sin atentar contra sus facultades en un marco de cooperación y de convenio para generar infraestructura, logística que impacte la comunicación, acerque mercados y permita proveer de los servicios elementales a esas zonas.
Este programa de desarrollo tendrá que generar recursos y condiciones que permitan avanzar y consolidar el capital humano de la región. Será a través de cadenas tecnológicas y educación superior que permitan especializar a las personas.
Se generarán las condiciones de fomento económico, facilitando un conjunto de licencias y medidas administrativas, como de disposiciones fiscales o aduaneras. Esto será instrumentado y promovido bajo la figura de un Administrador Integral que tendrá un alcance de coordinación con los niveles de gobierno y generara las condiciones que permitan la participación del Estado, sector social e iniciativa privada, precisó.
Subrayó que la minuta se modificó en 20 de los 50 artículos e involucraron la posibilidad de que en la Comisión Intersecretarial participe el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en un ánimo de darle mayor alcance al tema de conformación del capital humano.
Con ello, el Senado reitera su compromiso de generar condiciones, no sólo de mayor igualdad geográfica, sino tratar de concretar la premisa fundamental que cualquier trabajo político debe buscar y es el de generar la igualdad entre las personas y los habitantes de las regiones menos favorecidas, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, senador Héctor Larios Córdova, dijo que las zonas deben tener apoyos subsidiaros y fiscales, facilidades aduaneras y de promoción para que tengan éxito y se generen empleos de calidad.
Las zonas no representan una panacea, hay mucho camino que recorrer, se requiere de la participación de estados y municipios que firmen convenios con la federación, a fin de romper la enorme brecha de desigualdad en el país, concluyó.
A nombre de la Comisión de Población y Desarrollo, el senador Armando Ríos Piter destacó que existen proyecciones que ubican a México como la séptima economía del mundo en los próximos 25 años: “Cuando uno revisa las tasas de crecimiento de Baja California, Querétaro o Guanajuato, vemos cómo es posible que, si se dan las condiciones adecuadas, México tenga capacidad de tener crecimientos por encima del siete por ciento”,
Sin embargo, acotó que en otros estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Quintana Roo persisten condiciones de marginación por debajo de naciones del África subsahariana; por ello, el dictamen abre la puerta para concebir a un país con un desarrollo y crecimiento más equilibrado.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, senadora Graciela Ortiz González, dijo que se trata de abandonar viejos esquemas y dar paso a nuevos planes para generar estabilidad, pero sobre todo crecimiento económico.
“Requerimos de un marco regulatorio ágil y competitivo para que podamos crear infraestructura de primer nivel, programas de apoyo para fortalecer el capital humano, financiamiento, innovación de proyectos y buscar que todo esto esté a la par de la competencia internacional”, asentó.
De la Comisión Especial de Productividad, el senador Luis Armando Melgar Bravo detalló que las personas físicas o morales, administradores integrales o inversionistas que operen en estas zonas recibirán beneficios fiscales, financieros y aduanales para abonar al crecimiento de la productividad, inversiones e innovación tecnológica.
Además, se exhorta a los tres niveles de gobierno para que trabajen de manera coordinada a fin de implementar un programa de desarrollo, y establecer políticas públicas enfocadas a objetivos de mediano y largo plazo. Ésta “no es una panacea”, pero sí una apuesta certera y real para avanzar en el rumbo del país, concluyó.
Al presentar su voto particular, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna, dijo que su voto en contra responde a la falta de beneficio social de la reforma, porque se va a regalar la riqueza, extensiones de tierra, exenciones fiscales y tasas de interés preferenciales a las empresas. “Se les va a dar un cheque en blanco”, sentenció.
Criticó que sólo a la “elite se le privilegia”, mientras que a las pequeñas y medianas empresas, que generan el 95 por ciento de los empleos, se les aplicó “todo el peso de la reforma hacendaria” con la reforma fiscal y a la población de las zonas fronterizas, el 16 por ciento del IVA e productos, esto “exacerba la brecha entre pobres y ricos”.
Al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en contra del dictamen, el senador Manuel Bartlett Díaz dijo que la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales es la claudicación de la obligación del Estado mexicano a impulsar el desarrollo bajo su rectoría; se planea establecer regiones autónomas con toda clase de beneficios para el sector privado, lo que representa, la pérdida del sur-sureste.
Es vergonzoso que se apoye esta ley, cuando los desarrolladores se convertirán en administradores de estados y regiones completas, con la facultad para expropiar la tierra a los mexicanos. “Vamos con toda claridad hacia la entrega del territorio nacional”, argumentó.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el senador Jorge Aréchiga Ávila puntualizó que en este dictamen, la visión del presidente Enrique Peña coincide con el Poder Legislativo para beneficiar a quienes más lo necesitan, y se avanza en el crecimiento económico de las regiones del país con mayor rezago.
Subrayó que “millones de mexicanos con ganas de superarse tendrán acceso a oportunidades productivas para mejorar sus condiciones económicas y dar a sus familias el bienestar que todos queremos”, y destacó la urgencia de dar respuesta a regiones que no se han insertado en las esferas de un crecimiento económico sostenido, donde la provisión de servicios básicos y el acceso a una vida saludable y productiva, dejen de ser el privilegio de algunos para ser realidad de todos.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el senador Zoé Robledo Aburto expresó que para que las Zonas Económicas tengan éxito, se requiere de un buen modelo institucional que permita romper el ciclo de producción de la pobreza, y que se impulse el desarrollo de las regiones.
Señaló que es una ley con un buen propósito, que busca reducir la pobreza, proveer servicios básicos, ampliar las oportunidades para una vida saludable y productiva de los habitantes de las regiones más necesitadas del país; “estos modelos no deben representar otro ejemplo de empresas y empresarios ricos en medio de pueblos y comunidades pobres”.
Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Jesús Santana García dijo que con esta nueva disposición legal se generarán las condiciones favorables de crecimiento económico y empleo, así como la posibilidad de focalizar de manera eficiente el destino y ejercicio de los recursos públicos que, junto con el sector privado, impulsaran el desarrollo de las regiones menos favorecidas.
Resaltó que la ley contempla un apartado importante de transparencia y rendición de cuentas, en el cual se establece que a más tardar el 15 de mayo de cada año, el Ejecutivo federal enviará al Congreso un informe sobre los resultados de desarrollo de las zonas, “con este mecanismo tendremos las herramientas para dar seguimiento puntual a las políticas, recursos y el éxito de las regiones”.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Humberto Mayans Canabal dijo que la Ley le hace justicia a la región sur-sureste de México, pues por primera vez se atenderá a una zona tradicionalmente rezagada y empobrecida, que ha carecido de una política de desarrollo regional que garantice el bienestar de 31 millones de habitantes que conviven en las nueve entidades federativas que la componen.
Subrayó que a nivel internacional las zonas económicas han presentado ventajas como un entorno aduanero eficiente, con acceso a insumos importantes libres de aranceles e impuestos, infraestructura básica eficiente y una barra de incentivos fiscales que incluyen la exoneración de impuestos corporativos.
Al concluir los posicionamientos, el Pleno sigue adelante con el debate del dictamen, a favor y en contra, que culminará con la votación nominal de la iniciativa de reformas.
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