Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1162

  • Necesario actualizar Código de Comercio para brindar mayor orden y certeza a todas las partes involucradas en una transacción comercial de crédito.
  • La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis.

 

El senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, planteó reformas al Código de Comercio para erradicar las prácticas usurarias en contra de deudores, elevando el bienestar de los mexicanos.

 

Propone inhibir la usura y facilitar la operación de un mercado crediticio eficiente, para ello, precisa que se considerará como usurario el interés que se calcule a una tasa que se aparte notoria y significativamente de las condiciones de mercado, y subraya que las entidades financieras deberán ajustarse a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito y demás leyes sobre la materia.

 

Al presentar su iniciativa, el legislador señaló que el Código de Comercio no considera los cambios contenidos en tratados internacionales que ha suscrito México y a cuyo cumplimiento está obligado. Por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala: “tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley”.

 

Se presenta la necesidad de ajustar las leyes para proscribir dicha práctica. La usura puede ser entendida como el cobro excesivo de intereses en un préstamo o cualquier operación a crédito, sin embargo, considerar cuándo es excesivo depende de una serie de factores que deben tomarse en cuenta y no es un tema que admita una solución simple y llana, argumentó.

 

Con la prohibición y con el establecimiento de una definición de tasa usuraria, adecuada a las circunstancias actuales, de una economía con sistemas financieros complejos y especializados, se cumpliría lo mandado en la Convención y la necesidad de una guía orientadora en ley para los tribunales.

 

Además, los abusos serán evitados por la actuación de autoridades especializadas, lo que brindará mayor orden y certeza a todas las partes involucradas en una transacción comercial de crédito, y se promoverá la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país, “objetivos que debemos buscar como legisladores”, finalizó.

 

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su análisis.

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