Número-1155
- Piden certeza jurídica para los ejidatarios del país.
- Los trabajadores del campo envejecen en la pobreza.
Durante la inauguración del Foro “Actualización de la Ley Agraria”, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa aseguró que es una pena que la gente que trabaja en el campo envejezca en la pobreza; “el campo tiene 100 millones de hectáreas y ahí la pobreza campea”.
Recalcó que a casi 100 años de reconocerse el derecho social a la gente del campo, y a 25 de la creación de instituciones tras la reforma de 1992, para que quien trabajara el campo obtuviera la riqueza de su producción, se trabaje y no se produzca, los comuneros son los más pobres de los pobres.
La presidenta de la Comisión para la Reforma Agraria subrayó que los dos grandes retos en la materia son el ordenamiento territorial “que se ha comido la tierra” y a la propiedad, y el tema energético, gran reto para las instituciones, pues de los 25 campos que se explorarán 15 pasan por la propiedad social, por lo que consideró urgente tomar medidas para que haya un “ganar-ganar” y que se regrese a la producción del campo en condiciones dignas y para generar riqueza.
La senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del PRI, resaltó la urgencia de actualizar el padrón de ejidatarios, pues no se deja avanzar en la toma de decisiones en las asambleas, y agregó que la ley no es clara respecto al tema de nombramiento de sucesores, comisariados ejidales y sobre cómo dejar de ser ejidatario.
Aunado a esto, comentó que la falta de transparencia en el sector ha provocado que los ejidos sean vulnerables en zonas territoriales, pues están expuestos a los intereses de los desarrolladores, quienes buscan la manera de alcanzar sus intereses de diversas formas.
La legisladora también pidió a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), brindar certeza jurídica a los ejidatarios, para que logren alcanzar un mejor desarrollo agrario.
Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Adolfo Romero Lainas, llamó a reformar la ley agraria porque el campo y los campesinos necesitan de una atención especial urgente.
El órgano máximo de un ejido no tiene quórum porque sigue nombrando a fallecidos de hace más de 15 años, por lo que es exhortó a las autoridades a actualizar el padrón ejidal. Asimismo, subrayó que para frenar la corrupción existente en el sector, es importante revisar los salarios de los funcionarios, con el propósito de que no acepten dádivas y trabajen con decoro y honestidad.
Reiteró que el Senado es la casa de todos y señaló que los senadores de todos los partidos han propuesto modificaciones a la normatividad, en beneficio de todos los que pertenecen al sector, a fin de dar mayor equidad y justicia social, y para que cuenten con mayor certeza jurídica.
En el tema del padrón de ejidatarios, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del PAN, coincidió con los legisladores, pues consideró que es urgente su actualización porque no es confiable.
Lo más importante es “dar certeza a los ejidatarios del país y viabilidad para que haya políticas públicas dirigidas a los ejidatarios para que produzcan la tierra y no la estén vendiendo”; esto es lo que se debe trabajar con las autoridades responsables del sector agrario, para que se les de apoyo a los proyectos productivos que produzcan la tierra, argumentó.
Asimismo, expresó que se dará atención especial a las opiniones de las autoridades para diversas problemáticas como el padrón ejidatario y sobre las consecuencias jurídicas de otorgar derechos plenos a los concesionarios o los planteamientos institucionales para incorporar los juicios en materia de derecho agrario a juicios orales.
En tanto, el diputado federal Jesús Serrano Lora, reconoció que a pesar de que el país es inmensamente rico, la tierra está cansada, las tierras aptas para el cultivo se han escaseado y cada vez dan rendimientos más bajos.
Subrayó que el envejecimiento de los agricultores es otro factor preocupante, pues la mitad de los ejidatarios certificados tienen 50 años o más y la cuarta parte del total tienen más de 65. Aunado a esto, la falta de seguridad social y de pensiones para los trabajadores del campo convierte a la parcela en el único patrimonio para enfrentar las adversidades de la vejez.
Recalcó que el índice de crecimiento de la producción no ha sido suficiente para frenar el deterioro del sector agropecuario y acabar con la pobreza y, por otro lado, destacó que los ejidatarios buscan transformar sus parcelas a propiedad privada mediante el dominio previo, incorporándolas al sector urbano en desarrollo, “del cual se obtienen migajas por la compra de sus tierras”.
Por su parte, Gustavo Cárdenas Monroy, subsecretario de Desarrollo Agrario, de la Sedatu, señaló que es prioridad que en el marco jurídico y la reglamentación de la Secretaría se generen espacios para hacer más integral la atención a los problemas del campo y del desarrollo agrario.
Al mismo tiempo, señaló que se propondrá modificar la ley con el propósito de buscar esquemas para impulsar la justicia cotidiana con relación al tema agrario, pues el compromiso es atender a los trabajadores del campo junto con las autoridades estatales y municipales de la manera más eficiente.
El funcionario público argumentó que se busca tener una vinculación más cercana con las instituciones educativas de nivel superior para que el campo sea parte de la curricula para quienes tienen vocación y quieren convertirla en profesión, y para que el tema del derecho agrario en las universidades sea obligado pues es una palanca de desarrollo.
Adicionalmente, Cruz López Aguilar, procurador agrario, subrayó que la falta de actualización del padrón ejidal afecta los núcleos agrarios y sus integrantes, inhibe el desarrollo de los núcleos agrarios, torna complejo el ejercicio de los derechos de sus integrantes y limita la toma de decisiones de su colectividad.
No se actualiza por diversos intereses que luchan para tener el control al interior del ejido, así como factores como el fenómeno migratorio, desavecindad y falta de interés, transmisión irregular de derechos, falta de cultura de la legalidad, dificultad de acceso al servicio registral y limitaciones económicas, señaló.
Respecto al tema de la justicia, expuso la necesidad de que los tribunales agrarios cuenten con los recursos humanos y materiales adecuados, así como dotar a los órganos de infraestructura adecuada para realizar su labor de la mejor manera.
Finalmente, Froylan Hernández Lara, director en jefe del Registro Agrario Nacional (RAN), dijo que como resultado de los programas de reorganización, hasta el 31 de diciembre de 2015, se certificaron 30 mil 325 núcleos agrarios, que representan 95 por ciento del total de núcleos certificados del país.
Destacó que la dinámica de atribución de derechos que se presenta en los núcleos agrarios se ve afectada por diversos elementos que dificultan la actualización de los padrones como la muerte de los agrarios, la enajenación de sus derechos, la adopción del dominio pleno o la aceptación de nuevos ejidatarios, entre otros.
Además informó que a partir de abril ningún trámite en el RAN puede durar más de 60 días, con lo que se da un primer paso para combatir la corrupción. La única manera de combatirla, agregó, es que no haya incentivos para que se propicie, por lo que cuando la gente sepa que va a realizar un trámite y que no va a pagar y que tendrá una respuesta oportuna, se le dará un golpe a la corrupción.
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