Número-1152
- Que se les otorgue autonomía y la facultad de sancionar este delito, demandan contralores estatales.
- Consideran indispensable que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y las instancias de fiscalización puedan revisar a los municipios.
Titulares de diversas contralorías estatales advirtieron a senadores de la República que, con el fin de que la legislación reglamentaria para combatir la corrupción “no sea letra muerta”, es necesario fortalecer a los órganos de control de las entidades federativas, que se les otorgue autonomía y la facultad de sancionar este delito.
En la tercera jornada de los “Foros en Materia Anticorrupción”, Silvia Estrada Esquivel, titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán, destacó la importancia de establecer mecanismos con el objetivo de garantizar el presupuesto, marco jurídico y capacitación de estos organismos locales para elaborar auditorías en tiempo real.
La funcionaria hizo un llamado para que no se les arrebate” la facultad de sancionar este delito, pues se requieren “antecedentes claros de que se quiere abatir” este problema.
Consideró indispensable que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y las instancias de fiscalización puedan revisar a los municipios, donde se registra “una reincidencia en el endeudamiento, originada por los malos manejos de los recursos públicos”.
Dijo que los problemas económicos que enfrentan las entidades no deben ser factores de influencia para actuar en estos casos, por lo que el SNA tiene que incluir el respeto irrestricto a las garantías individuales y ser una instancia de coordinación, no de subordinación, de los tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción en materia de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción.
Nora Elia Cantú Suárez, contralora general de Nuevo León, enfatizó la necesidad de que los organismos de control tienen que tener la competencia para sancionar a los servidores públicos locales que comentan actos relacionados con este tipo de conductas, así como a los particulares que incurran en faltas administrativas.
Además, dijo, se requieren atribuciones para que las contralorías puedan nombrar y remover a los órganos de control, comisarios y suplentes de las entidades y dependencias de la administración pública estatal, y para dar seguimiento a las manifestaciones de bienes de los funcionarios públicos.
Para Luis Antonio Apaseo Gordillo, secretario de la Contraloría General de Nayarit, la prevención anticipa la comisión u omisión de actos o conductas contrarias a las normas y evita las observaciones recurrentes que pueden implicar daño patrimonial al Estado, por el desvío, uso indebido y falta aplicación de los recursos.
Propuso la creación de una unidad de capacitación para la prevención y combate a la corrupción, pues las principales causas que propician las observaciones en la aplicación de transferencias federales a las entidades son el desconocimiento de las necesidades de la población, desconocimiento de los ejecutores a cerca de la medición y evaluación en el cumplimiento de metas, así como el incumplimiento al calendario de dichas transferencias tanto por la Federación como por las tesorerías locales.
En opinión de Manuel de Jesús López López, titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, se hace indispensable obligar a los estados a establecer contralorías sociales municipales.
Flor de María López González, secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo, hizo énfasis en la participación ciudadana en la prevención de la corrupción, pues juega un rol destacado en la supervisión de los recursos públicos.
En la ronda de preguntas, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que en los estados y municipios la corrupción es “de mayor profundidad”, que entre otros factores se origina por la ineptitud, que también se tiene que sancionar.
De la misma fracción parlamentaria, el senador Alejandro Encinas Rodríguez consideró que actualmente, en muchos casos, el mal manejo de recursos públicos no está necesariamente ligado a la mala administración, sino a acciones de la delincuencia organizada como el cobro de derecho de piso a los municipios en estados como Michoacán, Guerrero, el Estado de México y Morelos.
“¿Cómo vamos a entrarle a regular y a enfrentar esos problemas? No es un asunto sencillo, no es privativo de ningún estado, de ningún municipio, pero yo creo que es el tema que siempre ha estado ausente, le damos muchas vueltas”, expresó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
El presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, adelantó que después de que concluyan los foros se presentará un “paquete de cinco instrumentos” legales en la materia, entre ellos, la ley general del sistema, la ley general de responsabilidades; la ley del Tribunal Fiscal de la Federación y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la de Fiscalización.
A las audiencias públicas también asistieron la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del PRI; el senador Armando Ríos Piter, del PRD; y el contralor de Morelos, José Enrique Félix Iñesta y Monmany.
