Número-1153
- Senadores del PAN presentarán dos iniciativas para fortalecer el marco jurídico de combate a esta conducta.
- Las leyes por sí solas no cambiarán el problema enraizado en el gobierno, las instituciones y la sociedad en general, coinciden.
Senadores, diputados, representantes del sector empresarial, académicos y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de contar con un sistema de prevención, sanción e inhabilitación de servidores públicos y particulares que incurran en corrupción, ya que ésta debilita Estado y limita el desarrollo del país.
Durante el “Primer Foro Nacional Anticorrupción”, el senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del PAN, informó que en próximos días su fracción parlamentaria presentará dos iniciativas encaminadas a fortalecer el marco jurídico de combate a la corrupción: una relativa a la Ley de Fiscalización y otra más en materia de la Fiscalía General de la República.
Las propuestas buscan que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, instancias encargadas de combatir la corrupción, trabajen de forma autónoma pero coordinada.
La senadora Pilar Ortega Martínez, también del Grupo Parlamentario del PAN, recordó que el Sistema prevé cuatro ejes principales: fortalecimiento al control externo, a través de la Auditoría Superior de la Federación, reforzamiento de un control interno, la creación de una Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y mayores facultades al Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa.
Su compañera de bancada senadora Laura Rojas Hernández, consideró que la aprobación de las leyes es un primer paso para establecer un precepto que tenga como principal objetivo prevenir esta conducta en gobiernos, instituciones y sociedad, pues por sí solos los ordenamientos no cambian la realidad, ni combaten la corrupción.
En tanto, la senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, señaló que la ley debe ser un pilar para prevenir y sancionar con prontitud y eficacia estas conductas, cometidas por los servidores públicos y la iniciativa privada. Refirió los casos de corrupción y tráfico de influencias de representantes populares, lo que, dado su carácter, no ha permitido fincarles responsabilidades.
La diputada del PAN, Margarita Alemán Olvera, consideró prioritario reforzar la prevención, para evitar que los procesos de investigación y sanción queden impunes. Lo fundamental, dijo, es combatir la corrupción sin importar el partido político.
Por su parte, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, criticó que existe cierta “ingenuidad legislativa” al creer que una vez que se aprueben las leyes secundarias va a cambiar la voluntad de los partidos; aún con la legislación que se tiene y que es deficiente, se puede combatir esta conducta.
Pensar que una nueva legislación va a tapar los hoyos de un sistema político crecientemente corrupto --y cuando exista un Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en la ley secundaria, se va a modificar la voluntad de partidos y gobiernos-- es ingenuo, reiteró.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, aseguró que se debe pasar de los escándalos mediáticos a averiguaciones previas y procesos judiciales para los casos que se conocen y los que permanecen en la opacidad de delitos bien tipificados.
Dijo que las reformas deben dar paso efectivo a la revisión de cuentas de partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y empresas que manejen dinero público, y así consolidar el Estado de derecho, pues “no estamos ante fenómenos aislados, sino frente a prácticas sistémicas profundamente enraizadas en los distintos ámbitos de interacción de la sociedad y gobierno”.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, consideró que las leyes deben transformar de fondo el sistema político actual. Es urgente actuar para cambiar las estructuras que nos han llevado hasta aquí, pues los resultados de las modificaciones se verán reflejadas en una década, dijo.
Estamos llamados a que la próxima década sea la de una “profundísima transformación del poder público y su relación con el sector privado”.
El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Hallivis, expresó su confianza en que el nuevo Sistema, el cual constituye un cambio de paradigma, sea efectivo para combatir esta conducta, pues aun con los esfuerzos hechos en décadas pasadas, sólo eran cambios asilados.
También participaron Oscar Arredondo, de FUNDAR; Mariana Campos, de la organización México Evalúa; los diputados Hernán Cortés y Mayra Enríquez; Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas.
Además, Irma Sandoval, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, investigador de la Universidad de las Américas Puebla; y Marco Fernández, de la organización México Evalúa.
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