Número-1148
- Violación a la legalidad, falta de protocolos y presupuesto, entre los temas que señalaron los funcionarios estatales.
- Los legisladores revisan la clasificación o preclasificación que deberán tener los órganos internos de control, respecto a las conductas y las faltas, señala el senador Pablo Escudero.
Violación a la legalidad, falta de protocolos y presupuesto para el diseño institucional en materia anticorrupción, son algunos de los temas que contralores internos de varias entidades federativas señalaron al participar en los Foros en materia anticorrupción, convocados por las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República.
El senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, celebró la participación de abogados en las audiencias, porque advertirán la inconstitucionalidad de algunas propuestas, y la finalidad es corregirlas, advirtió.
Aseguró que las concepciones, ideas y preocupaciones de los contralores son de la mayor importancia en la elaboración de un documento que permita elaborar toda una pieza completa con todos los sistemas de transparencia y de fiscalización.
Dijo que se los legisladores están revisando la clasificación o preclasificación que deberán tener los órganos internos de control, respecto a las conductas y las faltas administrativas, así como cada uno de los procedimientos que deben de seguirse en todo el tema de violaciones administrativas.
Estamos viendo que el Sistema de Fiscalización, debe quedar dentro del Sistema Anticorrupción, para que este sujeto dentro de todo este andamiaje que deben tener los diferentes sistemas, concluyó.
La senadora Pilar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que una parte importante de la reforma tiene que ver con las entidades federativas, y por ello se tiene que crear un sistema amplio y articulado.
El senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, advirtió que se tienen que establecer los mecanismos de prevención y sanción con nitidez, y en la lógica de homologar estas prácticas en todos los órganos de control interno.
La senadora Laura Rojas, también del Grupo Parlamentario del PAN, abundó en que los órganos de control interno existe una preocupación permanente sobre la intervención de los gobernadores en todos los ámbitos de la vida pública en las entidades federativas, y por ello se decidió quitar a los contralores la facultad de sancionar.
La senadora Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del PRI, comentó que las propuestas son incompletas aún, en comparación con la realidad de lo que viven las contralorías en los estados. “Sé de las necesidades que hay, desde los instrumentos legales o la coordinación”, dijo.
El senador Patricio Martínez, del Grupo Parlamentario PRI, explicó que los problemas del ejercicio del presupuesto reflejan una incomprensión de lo que éste significa, es decir, una herramienta contable y de administración, pero que se ha tomado como un ejercicio legal de control de los recursos, que no tienen nada que ver con el concepto original.
Carmen Teresa Ramírez Andrade, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Aguascalientes, dijo que las iniciativas no cumplen cabalmente con los principios rectores del combate a la corrupción; pues tienen carencias de atención a diferentes tipos constitucionales, como el principio de individulización de las sanciones, u otros que violan la legalidad y la seguridad jurídica, por citar algunos ejemplos.
Las propuestas tienen muchas faltas, señaló, y estas situaciones abonan a la ausencia de garantías individuales; por lo que calificó como insuficientes para cumplir lo que marca la Constitución. “Hay mucho qué hacer; los órganos de control interno podemos seguir coadyuvando en el análisis de lo que vivimos a diario con nuestras propias resoluciones”, comentó.
Por su parte, Bladimiro Hernández Díaz, contralor interno del gobierno de Baja California, dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción deberá ser una instancia de coordinación de todos los órdenes de gobierno, para trabajar en la prevención, detección y sanción en materia de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Abundó en que hace falta un fondo presupuestal nacional para emprender, con alguna garantía de éxito, las adecuaciones y el diseño institucional en materia anticorrupción; además, una gran cantidad de estados se encuentran con graves problemas de endeudamiento, lo que merma el margen de operación para que las instituciones locales sean creadas de manera fuerte.
Sonia Murillo Manríquez, contralora interna de Baja California Sur, refirió que sería importante retomar los conceptos que proporciona la guía de manejo de conflicto de interés en el sector público y experiencias internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Dijo que se requiere que las leyes secundarias y protocolos de actuación que den certidumbre al ciudadano, sobre la transformación del servicio público, en donde se está trabajando por recobrar los valores de honestidad e integridad.
Raúl Arturo Chávez Espinoza, titular de la Contraloría de Chihuahua, consideró que el fin del último de la normatividad anticorrupción debe procurar el funcionamiento eficaz, eficiente y transparente del gobierno, y no promover la utilización de los medios de información o de procedimientos legales como armas políticas puestas al servicio de intereses particulares o partidistas en momentos electorales.
Por ello, enfatizó, los procedimientos para el combate a la corrupción tienen que ser fundamentados estrictamente en la ley y con apego a las formalidades del debido proceso.
Dijo que el Estado mexicano tiene que garantizar la seguridad pública, el libre mercado, el respeto de los derechos humanos y la democracia, rubros, advirtió, “que se ven amenazados cuando la corrupción alcanza a las entidades públicas”.
En este sentido, preciso que para abordar este problema se requiere el esfuerzo de autoridades federales, estatales y municipales, así como de los ciudadanos, es decir, de todas las partes que integran al Estado mexicano.
Jorge Eduardo Verástegui Saucedo, secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, destacó la necesidad de establecer procedimientos prácticos y expeditos para ejecutar la facultad constitucional de investigar los depósitos y cuentas bancarias de los servidores públicos que sean sujetos de algún proceso en esta materia.
También, dijo, es apremiante la ejecución, por parte de las entidades federativas, para implementar sistemas locales anticorrupción, a fin de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Para Jasón Eleazar Canales García, titular de la Secretaría de Contraloría de Durango, se requiere delimitar de manera adecuada las facultades de los órganos de control federales y las instancias de las entidades para la aplicación de las sanciones.
En su oportunidad, María Isabel Tinoco Torres, secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Durango, dijo que es fundamental que el Sistema Nacional Anticorrupción, venga acompañado de una Ley de Archivos, que se aterrice en los estados a efecto de generar seguridad a través de la parte documental, de tal forma que los ciudadanos tengan certeza del trabajo que se realiza.
Se debe dar una respuesta clara a la sociedad, porque a través de estos temas se desprende la parte de la información pública y por ende, la eficiencia en el trabajo que realizan los estados, como es el de las obras públicas, explicó.
El representante de Guerrero, Mario Ramos del Carmen, señaló que la política en materia de rendición de cuentas, es un instrumento básico y fundamental de combate a la corrupción, por lo que un diseño deficiente de la misma podría incrementarla.
Aseguró que se tiene la oportunidad para liderar un esfuerzo integral y responsable, que permita retomar en el servicio público la transparencia y el combate a la corrupción, como eje central del funcionamiento del gobierno, “por ello, el gobernador enviará al Congreso de esta entidad las iniciativas que permitan que la declaración de intereses y la fiscal sean una obligación”.
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