Número-1147
- Senadores se manifiestan en contra de que se permita a extranjeros violar leyes de protección a la infancia.
- Concesionarios de medios de comunicación son responsables de hacer cumplir la Constitución, enfatizan.
El Senado de la República solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) un informe, en un plazo no mayor de 15 días, de los avances sobre las investigaciones de verificación de los contenidos de la programación en radio y televisión, en materia de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y en términos de lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El órgano legislativo pide que la Segob explique las razones y fundamentos de derecho para la reclasificación de horarios de la programación, que derivó en la ampliación de los tiempos de exposición de contenidos destinados a adultos, en horarios de gran audiencia infantil.
Por otra parte, se solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que, en un plazo no mayor a quince días, informe a esta soberanía sobre el estatus de la emisión de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, necesarios para que los medios de comunicación elaboren sus respectivos códigos de ética.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Zoé Robledo Aburto, recordó que la preocupación del Senado deriva del programa de la conductora Laura Bozzo, donde se montaban casos, presuntamente reales, de niños a los que se exhibía públicamente y los hacían hablar de supuestos abusos, de toda índole.
“El programa ya no está al aire, pero esta conductora amenaza con regresar con este tipo de programas”, en los que se violan todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como se transgrede su intimidad, razón por la cual, enfatizó el legislador del Grupo Parlamentario del PRD, es necesario que el IFT emita a la brevedad los Lineamientos de las Audiencias, para evitar este tipo de programaciones.
“Seguramente hay presiones --de los concesionarios-- por eso el Legislativo está en su derecho de consultar cuándo emitirán los lineamientos, porque si regresa Laura Bozzo va a seguir haciendo de la suyas, y cualquier otro programa puede violar los derechos de las audiencias”, lo cual será una responsabilidad compartida de concesionarios, autoridades, y del mismo Senado que emite las leyes, subrayó.
En lo anterior coincidió la senadora Erika Ayala Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, al afirmar que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los infantes contra información perniciosa y violenta, por esta razón en la Ley de Telecomunicaciones se establecen las características a observarse en los contenidos que se dirigen al público infantil.
Refirió que la misma ley establece claramente que la programación infantil debe contribuir al libre desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, lo cual es fundamental, pues estudios de la UNESCO revelan que los niños en México son los que pasan más tiempo frente al televisor, con un promedio de cuatro horas y veintiséis minutos.
La senadora Andrea García, del Grupo Parlamentario del PAN, hizo énfasis en la responsabilidad compartida para proteger los derechos de los menores de edad: las autoridades de gobierno deben garantizar el derecho a la privacidad y evitar la exposición pública de los infantes; en tanto que los concesionarios deben evitar en todo momento que en sus contenidos se expongan o exploten menores de edad.
Esta corresponsabilidad, subrayó, cobra relevancia porque actualmente se coloca a los menores en gran vulnerabilidad, en especial en hechos relacionados con la comisión de delitos, por lo que los menores son etiquetados y se les perpetúa como delincuentes o víctimas.
La senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, calificó de “inadmisible que habiendo una legislación tan importante y con grandes adelantos -- Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes-- existan omisiones de parte de los concesionarios, quienes no toman en consideración cómo se debe reglamentar, y lograr que estos principios sean tomados en cuenta”.
Advirtió que no es posible evitar esta obligación: “Pueden decir que los productores de cada programa deciden sobre los contenidos, pero para el Senado hay un concesionario y este tiene la responsabilidad de todos los programas; entonces no hay vuelta de hoja, la responsabilidad es de quienes tienen la concesión y no es posible que no actúen para preservar y respetar las leyes del país”.
De la Peña aclaró que los senadores no pretenden violentar la libertad de expresión, “lo que pedimos es que los medios de comunicación asuman la responsabilidad en el respeto a las leyes del país y evitar situaciones denigrantes, deleznables e inadmisibles para los niños”.
El senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM, manifestó su total respaldo a las solicitudes del Senado a la Secretaría de Gobernación, pues los derechos de las niñas, niños y adolescentes son supremos y así se han establecido en la Constitución Política.
Apuntó que dada la autonomía del IFT, es necesario que este instituto dé claridad sobre los avances de los Lineamientos de los Derechos de las Audiencias, a fin de que se hagan efectivas todas las garantías del público de la televisión y la radio.
Finalmente, el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI, apuntó que el Senado hace la petición a la Segob y al IFT porque son las autoridades responsables de la confección de los lineamientos de contenidos y de la clasificación de los programas transmitidos en emisoras concesionadas de radio y televisión.
“La niñez y juventud deben protegerse en cuanto a lo que se publicita y exhibe en los medios de comunicación, y se debe de tener una claridad en cuanto al derecho de las audiencias y el respeto a los derechos humanos”, apuntó al refrendar que dichas dependencias deben informar sobre los lineamientos.
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