Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-1146

  •  La ASF detectó un daño patrimonial que asciende a los 15 mil 772 millones 56 mil pesos en la Revisión de la Cuenta Pública 2014.
  • Senadores del Grupo Parlamentario del PRI solicitan la dictaminación de dos iniciativas en materia agraria.

 

La presidenta en funciones de la Mesa Directiva del Senado de la República, Rosa Adriana Díaz Lizama, turnó a la Cámara de Diputados un punto de acuerdo de senadores del Grupo Parlamentario del PAN, para solicitar juicio político al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de recursos públicos federales en esa entidad.

 

En su propuesta, los legisladores refieren el Informe de la Cuenta Pública 2014, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que se señala que el daño patrimonial asciende a los 15 mil 772 millones 56 mil pesos.

 

La presidenta en funciones de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia del Senado otros dos resolutivos contenidos en el punto de acuerdo: lo relativo a la solicitud para que la PGR “investigue de inmediato la probable comisión de delitos por desvío de recursos públicos federales de la cuenta pública 2014 en el Estado de Veracruz”.

 

Asimismo, turnó a la comisión legislativa la petición para que la PGR investigue a las denuncias presentadas por la ASF durante los años 2014 y 2015 en contra de diversos funcionarios y ex funcionarios del gobierno del estado de Veracruz, por su probable responsabilidad en el desvío de recursos públicos federales.

 

En la sesión, la presidenta en funciones de la Mesa Directiva emitió dos excitativas que suscriben senadores del Grupo Parlamentario del PRI, para solicitar a las comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos dictaminar la iniciativa que modifica la denominación de la Sección Segunda establecida en el Capítulo I del Tercer Título, adiciona el artículo 13 Bis y reforma los artículos 17, 18 y 80, de la Ley Agraria.

 

Con ello se pretende crear la figura de posesionario del ejido, que pueden ser aquellos mexicanos, mayores de edad, con residencia mayor a un año en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente.

 

Asimismo se solicitó a dichas comisiones dictaminar la iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley Agraria, para que los familiares de los ejidatarios puedan acceder a recursos y subsidios en los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia agraria.

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