Número-1125
- Definir condiciones y requisitos para que los servidores públicos presenten una declaración patrimonial y de intereses, indispensable en la legislación secundaria: Puente de la Mora.
- Efectos de la corrupción son devastadores para la sociedad mexicana: Guerra Ford.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) entregó a senadores de la República un decálogo para prevenir prácticas y conductas ilícitas en el servicio público, y generar espacios donde la transparencia y la rendición de cuentas eleven los costos de la opacidad y la corrupción.
En las audiencias públicas que organizaron sobre la materia las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, la presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, destacó que la lucha contra este problema se ha convertido en un tema prioritario que requiere una atención especial y una política de Estado integral.
Por ello, agregó, se necesitan acciones e instrumentos para el acceso y uso efectivo de la información por parte de la sociedad, pero también para promover su participación en la toma de decisiones gubernamentales y fomentar la rendición de cuentas como un elemento fundamental para el éxito de esta política pública.
Dijo que es indispensable que en la legislación secundaria se establezcan las condiciones y requisitos para cumplir con la obligación de que los servidores públicos presenten una declaración patrimonial y de intereses, como los establece la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015.
Esta disposición, enfatizó Puente de la Mora, permitirá publicitar las actividades e ingresos ajenos a la función pública, ayudando con ello a prevenir posibles conflictos entre los intereses del sector privado y del público.
Además, se podrá reducir la incertidumbre de la actividad política respecto a otros intereses económicos y financieros, a través de un reporte claro de actividades empresariales, mandatos, prestación de servicios, de representación y asesoría, e incluso de carácter honorario de los servidores públicos ante cualquier entidad con personalidad jurídica.
La comisionada expresó que dicha declaración, junto con otros elementos como la adopción de códigos de conducta o de ética y la puesta en operación de observatorios sociales son reclamos legítimos, en esta materia; al igual que el establecimiento de la responsabilidad de las personas morales que participan o deseen participar en contrataciones públicas, concesiones y en general todo tipo de acto administrativo.
En el encuentro, el comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford refirió que de acuerdo con el Banco Mundial, Banco de México y FORBES la corrupción tiene un costo de aproximadamente nueve puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en México.
Un estudio de Transparencia Mexicana, agregó, concluyó que los hogares de más bajos recursos económicos tienen que destinar casi el 33 por ciento de su ingreso al pago de sobornos para tener acceso a servicios, como poder inscribir al niño a la escuela o presentar una denuncia ante un ministerio público.
“Es claro que los efectos de la corrupción son devastadores para la sociedad mexicana. Por ello resulta apremiante reformar el marco institucional del país para garantizar que tengamos un gobierno honesto que invierta los recursos públicos de manera eficaz y eficiente”.
En este contexto, la comisionada Areli Cano Guadiana comentó que se necesitan reglas que no privilegien o se limiten a establecer un marco normativo y procedimental, centrado en la punición de los actos de corrupción, sino en incorporar mecanismos dirigidos a prevenir las conductas irregulares de los funcionarios y la construcción de una cultura de responsabilidad en el servicio público.
Dijo que es deseable que la legislación secundaria incluya dispositivos que permitan diagnosticar e identificar áreas de riesgo o problemas recurrentes en la administración pública, que son propicios para la práctica de conductas ilícitas, instrumentos de evaluación sobre la incorporación de los servidores públicos y disposiciones que fortalezcan su ética, valores e integridad.
También es necesario que se definan con claridad los supuestos, criterios, procedimientos, actores que intervendrán y plazos para que el INAI pueda determinar o no la procedencia o improcedencia de la reserva tratándose de información relacionada con conductas consideradas como actos de corrupción.
El comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov estimó que lo más conveniente en la clasificación de la información relacionada con investigaciones de actos de corrupción es establecer una disposición genérica como la que contiene la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Dicha propuesta plantea que la información y documentos que haya obtenido la autoridad encargada de la investigación serán considerados como reservados, confidenciales o públicos en los términos de la legislación aplicable.
En tanto, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas destacó la importancia de garantizar el derecho a la privacidad y a los datos personales en sus diversas facetas, por lo que propuso que se vincules de manera eficaz las medidas para combatir la corrupción y el uso indebido de la información confidencial que forman parte de bases datos como las de Instituto Nacional Electoral, Gobernación o las de los programas sociales.
Para María Patricia Kurczyn Villalobos conviene incluir una definición legal de rendición de cuentas y homologar la obligación de documentar todo acto derivado de las competencias, facultades o funciones de los funcionarios y no sólo las funciones básicas, como lo dispone en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Joel Salas Suárez advirtió que hacen falta mecanismos que brinden a toda la población la oportunidad de involucrarse en la vida cotidiana en esta lucha, definir con mayor claridad sus alcances y cómo establecer la posibilidad de denunciar a posibles servidores públicos corruptos.
Además, tiene que quedar claramente definido quiénes van a ser las autoridades responsables de investigar y perseguir estos delitos, así como los mecanismos para crear consciencia en la población, medios de comunicación, sociedad civil y autoridades sobre este problema.
En la ronda de preguntas, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, coincidió en que el fenómeno de la corrupción tiene que ver con un sistema multifactorial, en el que concurren diversos actores y condiciones políticas, pero no se deben soslayar las reformas que se requieren en el Poder Judicial
“Porque el tema vinculado a la impunidad de que gozan los actos de corrupción del país, va mucho más allá del Ministerio Público, la Procuraduría General o de Justicia de cada estado o la propia Fiscalía Anticorrupción; y hay un poder intocado: que es el Poder Judicial”, expresó.
Por Acción Nacional, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández destacó que el principal desafío es la evaluación de la legislación, y en este sentido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “nos ha ofrecido varias veces un método que ha hecho ya con algunos otros parlamentos”.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, expresó: “estamos preocupados por ese tema. Me parece que sin duda tendremos que tener una mesa específica para el tema de evaluación”.
En respuesta, Puente de la Mora reiteró que se trata aquí de combatir la impunidad en todos los poderes, organismos autónomos y demás autoridades del Estado Mexicano, no solamente del Poder Judicial y en este sentido son fundamentales las facultades de la Fiscalía y la coordinación con instancias como la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
