Número-1126
- Es necesario establecer un mecanismo para evaluar el combate a la corrupción.
- Prevé el senador Pablo Escudero que en 15 días haya un proyecto sobre legislación secundaria.
Expertos y académicos coincidieron que el Senado de la República debe construir un mecanismo que permita al Estado mexicano combatir de manera efectiva la corrupción, y generar una legislación que deje de proteger y auspiciar la impunidad; de lo contrario, se defraudará esta demanda social y contribuirá a mantener el deterioro de la confianza.
Durante su participación en los Foros en materia Anticorrupción, el doctor Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas, aseguró que si el Sistema Nacional Anticorrupción no consigue una Ley General de Responsabilidades que modifique desde su raíz el sistema disciplinario mexicano, la reforma constitucional en la materia habrá sido un esfuerzo fallido.
Destacó que lo más sano para la transparencia del actuar del Sistema Nacional es que sus decisiones recaigan en los seis órganos del estado mexicano que lo conformarán y no que éstos se conviertan en defensores de sus propias tareas.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas debe dejar de proteger y auspiciar la impunidad de conductas contrarias al derecho, y que vulneran responsabilidades asumidas por los servidores públicos, argumentó. El derecho administrativo, añadió, debe entenderse como un marco jurídico que proteja al Estado mexicano de sus propios integrantes, de las relaciones que establecen los funcionarios y de las autoridades que realizan gastos públicos.
Además, consideró necesaria la creación de un “Coneval de la Corrupción”; es decir, que la Secretaría ejecutiva del Sistema sea un instrumento capaz de producir la metodología para medir y reconocer la corrupción, que se pueda utilizar de manera pública e inteligente.
Desde el punto de vista del doctor Juan E. Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), se tienen que discutir cerca de 20 leyes para poder atender esta “crisis nacional”, pues los problemas del país como la pobreza, inseguridad y los feminicidios, de una u otra manera todos “están agravados por el tema de la corrupción”.
El Senado debería analizar ya, con un mapa de ruta de las legislaciones a modificar, indicó. Es el momento adecuado para discutir el sistema y para ya no perder más tiempo en foros. Se pierde tiempo del país y de una crisis no atendida, reiteró.
Asimismo, advirtió que México es un país con buenas leyes que se aplican mal; se tiene un diseño institucional para garantizar la impunidad, que no se va a cambiar sin la participación activa de ustedes, los legisladores.
En su turno, Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que el Senado está ante una de las tareas legislativas más complejas que ha enfrentado en los últimos años, pues la construcción del entramado normativo e institucional debe superar no sólo las dificultades técnicas, sino también, responder a una necesidad política y social.
Dijo que se debe construir un mecanismo que permita al Estado mexicano luchar de manera efectiva contra la corrupción, de lo contrario, defraudará una de las demandas sociales más sentidas y se contribuirá a mantener el deterioro de la confianza y la victoria de la impunidad.
En su opinión, la “clave del éxito” estará menos en la posibilidad de perseguir corruptos que en el diseño de un sistema que articule la acción de los diversos órganos para prevenir y corregir las condiciones estructurales que facilitan este tipo de delitos.
El especialista advirtió que crear otra instancia como otras tantas que existen, “que sirva solamente como una mesa, donde se reúnan periódicamente los titulares para tomarse la foto, no tienen ningún sentido”, por lo que se debe hacer un trabajo de diseño jurídicamente solvente que agregue las mejores prácticas.
El maestro Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, subrayó que el Sistema Nacional Anticorrupción no puede reducirse a la aprobación de dos leyes generales como instruye la Constitución, sino que se debe considerar la reforma a “casi 20”, como la de obras públicas que tiene que ser vista como parte de un paradigma anticorrupción o como la de extinción de dominio.
La corrupción, agregó, no empieza en estas dos leyes, sino en donde se generan los espacios y mecanismos para que ésta se presente, por lo que se presenta la necesidad de reformar no dos, sino más leyes.
Enfatizó que el objetivo del Sistema no es sancionar a los funcionarios, sino desmantelar las redes de corrupción, por lo que se debe de dotar de auténticos indicadores de desempeño e impacto.
Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de incorporar el concepto de integridad pública a la legislación y advirtió que “el día que convirtamos la indignación en acción pública y en nueva institucionalidad habremos servido todos a la sociedad mexicana”.
Para el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, en la nueva legislación uno de los temas principales debe ser el atacar el problema de la corrupción política vinculada al ejercicio del poder.
Asimismo, consideró que se debe contemplar la ciudadanización, pues “si no tenemos una estructura ciudadana vamos hacer algo intrascendente. Si no hay ciudadanos que puedan forzar las decisiones del aparato del Estado, esta reforma será irrelevante”.
Su compañero de bancada, el senador Armando Ríos Piter dijo que es necesario analizar la manera de articular un planteamiento ciudadano a estas nuevas normativas para enriquecerlas y que sean respaldadas por la sociedad.
El legislador perredista señaló que la gente está molesta por el problema de la corrupción e impunidad en el país, de ahí, dijo, la necesidad de articular un planteamiento ciudadano que dé respaldo a la legislación anticorrupción.
La senadora Laura Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, subrayó que las instituciones que surjan de las reformas tienen que tener credibilidad y respeto, y respecto a la evaluación, consideró que es una de las partes en que se debe trabajar más.
Comentó que podría ser riesgoso que por presión ciudadana se dé más peso a la parte penal sancionatoria que a la de prevención y en cambiar la cultura de los servidores públicos por una de integridad, pues tiene que haber un equilibrio. Lo que queremos, dijo, es que haya menos corrupción y contar con un servicio público mejor.
Por su parte, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó que la idea es crear un Sistema integral y transversal que desmantele las redes de corrupción que existen en todos los órdenes de gobierno y en todos los ámbitos de la vida pública, pues se ha convertido en parte del engranaje fundamental del sistema político.
La reforma no es menor, agregó, pues implica el rediseño del sistema y un nuevo desarrollo institucional donde existan los mecanismos de desmantelamiento de las redes de corrupción y una nueva forma de gestión pública fincada en el principio de integridad pública. El objetivo es el rediseño de la vida institucional y establecer un eje rector en la gestión pública con ética e integridad, advirtió.
En tanto, la senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez recalcó la importancia de rescatar el acompañamiento permanente de las organizaciones en el proceso de dictamen, pues ese mecanismo de trabajo ayudó con la reforma constitucional.
Asimismo, enfatizó que se debe avanzar para que en el corto plazo las comisiones determinen el mapa de ruta, en el que se defina la forma de trabajo y se fijen plazos para el cumplimiento de metas.
En su turno, la senadora Martha Tagle Martínez manifestó la corrupción atraviesa todos los problemas que enfrenta el país, por lo que “no podemos seguir dando vueltas” al tema y no tener “más foros que no nos llevan a algo concreto. Me parece, para el tiempo en que nos encontramos, que ya deberíamos contar con un proyecto”.
Hizo notar que los senadores están a unos meses de que venza el plazo constitucional para emitir la legislación secundaria para aprobar el sistema anticorrupción y “estamos a estas alturas apenas empezando a discutir en un foro con los mismos especialistas de lo que debe contener, cuando ya deberíamos estar trabajando en un proyecto”.
La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, reconoció que los problemas de la corrupción y la impunidad han ido en aumento no solamente en los hechos, sino también en la precepción de la sociedad donde hay desanimo, desesperanza e incredulidad.
Por ello, dijo que la construcción de la legislación secundaria debe traducirse en instituciones sólidas que logren los resultados que esperan los ciudadanos y desarticular las grandes redes de corrupción, donde participan el sector público y privado.
El senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, informó que “la próxima semana nosotros presentaremos un paquete de estas leyes secundarias” que constará de cinco iniciativas.
El legislador previó que en 15 días se tenga listo un documento de trabajo para intercambiar opiniones de manera ágil y subrayó que “nadie está pensando en tratar de mayoritear; menos en un tema tan delicado”. Estamos buscando la integridad y el consenso de todas las fuerzas políticas y grupos parlamentarios, aclaró.
Los foros son organizados por las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden los senadores Pablo Escudero, Fernando Yunes Márquez y Alejandro Encinas, respectivamente.
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