Número-1122
- Los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa inauguraron los Foros en materia anticorrupción en el Senado.
- Impunes, 97 por ciento de las denuncias por corrupción que se han interpuesto ante la Auditoría Superior de la Federación, denuncian.
La ley anticorrupción debe contener mecanismos que prevengan actos de corrupción, un conjunto de valores éticos que rijan el actuar de los funcionarios y establecer parámetros de conflictos de interés, entre otros aspectos, señalaron los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) al inaugurar los Foros en materia anticorrupción.
El senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, encargado de moderar la reunión de trabajo, destacó la importancia de la inclusión del Sistema de Fiscalización, en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Así también de la preclasificación de las conductas, consideradas algunas como delitos, como faltas administrativas, entre otros. “Es verdad que necesitamos escuchar a mucha más gente, pero también es verdad que hay un compromiso de sacar adelante estas leyes secundarias, que así lo ven todos los grupos parlamentarios. Y es verdad que tenemos que poner de nuestro trabajo”, dijo.
Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que se tiene que analizar la aplicación de las sanciones que se propongan, porque actualmente existe gran indignación en la sociedad, porque se conocen actos de corrupción o desvío de fondos y nadie está en la cárcel por ello.
Propuso al foro que también sea convocada la Procuraduría General de la República para que explique algunos casos de corrupción que no han tenido respuesta, y en las que tiene obligación de actuar, señaló, y para que aporte ideas a la nueva legislación.
Luis Humberto Fernández, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, determinó que la ley también debe atacar la corrupción política y los elementos que están alrededor de ésta, es decir, normar la propaganda gubernamental y todos los elementos que le dan potencia a la corrupción.
Además, la legislación debe estar enfocada en tres rubros: educar al servidor público y a la sociedad; cero tolerancia a la corrupción en las instituciones; y crear un enfoque para prevenir la corrupción y sancionar a quienes incurran en acciones de este tipo.
Armando Ríos Piter, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, criticó que hoy el sistema institucional tiene “muy buenos deseos” pero no una ley que los aterrice bien, por lo que dijo que “las instituciones que tenemos hoy deberían, por sí mismas, sin un sistema nacional anticorrupción, tener capacidad de combatir la corrupción”.
Lamentó que pese a tener elementos y facultades de investigación o revisión en contra de un actor, el proceso se queda estancado.
“El 97 por ciento de las denuncias por corrupción que ha establecido la Auditoría Superior de la Federación entre el 98 y el 2015, estoy hablando de un universo de 656 denuncias penales por actos de corrupción; cada una de estas 656 denuncias penales sólo 19 han terminado en consignaciones, es decir, el 97 por ciento de las denuncias han quedado impunes o tal vez no han tenido el castigo que presuntamente debió haber habido”, dijo.
Laura Rojas Hernández, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, dijo que la prevención debe ser la parte medular de la ley, porque la finalidad debe ser una transformación de la cultura del servicio público para que prive la integridad en su desarrollo.
En ese sentido, refirió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, en su objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo 20-30, el Estado de Derecho, que establece las sociedades justas e incluyentes, donde el combate a la corrupción tiene un papel transversal y fundamental.
Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, alertó que por corrupción, el Observatorio México Cómo Vamos, calculó en un 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el monto de inversiones que se dejaron de percibir en el país.
“Esas inversiones son necesarias porque se generaría empleo y mayor fuente de prosperidad para la sociedad”, dijo. Destacó que “tenemos ordenamientos jurídicos; pero sin duda su aplicación está generando dificultades y se escabullen muchas de las situaciones en las que se debería de castigar con todo el rigor de la ley”.
Se pronunció por el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación; esa facultad de revisión durante el ejercicio fiscal ahora en auditoría en tiempo real y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores que eliminan principios de anualidad y posterioridad.
Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijo que las políticas de integridad --conjunto de valores éticos que tienen que regir el comportamiento de los funcionarios-- podrían ser una primera barrera a la corrupción, así como el desarrollo de una cultura de control dentro de las instituciones del sector público nacional.
Abundó en que la aportación de la fiscalización superior tendrá efectos específicos pero no lo es todo, porque no se puede pretender que la ASF se erija como una fiscalía contra la corrupción, puesto que está previsto el concurso de otras instituciones, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que tendrán la responsabilidad de perseguir estos actos.
Manuel Hallivis Pelayo, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, comentó que la corrupción es una espiral interminable que se fortalece con la indiferencia y complicidad, por lo que es importante que toda la sociedad participe en su combate, con acciones individuales.
Especificó que se busca que toda sanción que se aplique, por los nuevos mecanismos, sea inhibitoria de futuros incumplimientos; dijo que también se tendrán que atender los principios de presunción de inocencia, de tipicidad y reserva de la ley, por lo que la descripción legislativa de las conductas ilícitas deberán ser muy claras e inequívocas para que no exista duda de su alcance y significado.
Virgilio Andrade Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública, propuso diez ideas (del ámbito punitivo, preventivo y del tipo orgánico institucional): clasificar las faltas en graves y no graves; establecer parámetros de conflicto de interés; plantear problemas de corrupción con base en redes y no sólo en individuos; trabajar en torno a los procedimientos relacionados con los juicios o los recursos en torno a actos de corrupción; reflexión sobre el régimen de sanciones, especialmente aquellas que tengan espejo en el ámbito penal.
Además, contar con sistemas, registros e informes, particularmente, de declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés; la elaboración de reglas de integridad y comités de ética; establecer el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y de su Comité coordinador; reforzar el Sistema Nacional de Fiscalización; y realizar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer con claridad el papel de la Secretaría de la Función Pública.
Al inicio de los Foros en materia anticorrupción, realizados en el Senado de la República, también asistió la senadora Martha Tagle Martínez.
