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Senadores de la Comisión de Seguridad Pública aprobaron por unanimidad establecer un programa de seguridad en la red carretera nacional.
Para ello, los senadores avalaron el dictamen que reforma la Ley General del Sistema de Seguridad Pública.
Con las modificaciones serán funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia impulsar la integración de unidades móviles del Ministerio Público, con el propósito de garantizar la pronta y expedita recepción de denuncias, así como la investigación de delitos en carreteras y autopistas.
En tanto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública propondrá, ejecutará y evaluará dicho programa, que deberá contener objetivos, ejes estratégicos, líneas de acción, indicadores de desempeño de las instituciones federales y locales en la materia.
Además, tiene que incluir un catálogo de medidas y acciones para la prevención del delito y el combate a la corrupción.
Los legisladores establecieron que una Comisión Permanente de Seguridad en la red carretera tenga atribuciones para celebrar convenios con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de fijar criterios para la participación de las organizaciones y empresas de transporte.
Del mismo modo, dispusieron que las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno den cuenta de las infracciones o hechos delictivos registrados en las carreteras y autopistas.
Los senadores enfatizaron que “ya no es viable el simple patrullaje” en los 50 mil kilómetros de la red y existe una vigilancia insuficiente por la extensión de los tramos carreteros, el desbordamiento de los ilícitos y la necesidad de alinear el estado de fuerza en las ciudades impactadas por la delincuencia organizada
En algunas entidades federativas, advirtieron, la inseguridad provocada por la delincuencia organizada ha conculcado la libertad de tránsito reconocida por la Constitución.
Por eso es impostergable establecer las bases para un programa de seguridad carretero como un derecho de los usuarios de los diversos modos de transporte.
En la misma sesión, la Comisión de Seguridad Pública, que preside el senador Felipe González González, validó un exhorto a la SCT para que, a través de Cominos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, garantice condiciones óptimas de tránsito en la red carretera.
Asimismo, se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública para que, por medio de la Policía Federal y en coordinación con autoridades estatales y municipales, redoble los esfuerzos para salvaguardar la seguridad en las carreteras.
A la SSP también se le pide que evalúe los resultados de los operativos de seguridad, control y vigilancia en los tramos.
En otro resolutivo, los senadores requieren del Comisionado General de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, un reporte sobre el número de elementos que vigilan la red, así como de las medidas implementadas contra la corrupción en la corporación.
A las secretarias de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes solicitaron que revisen los títulos de las concesiones de los tramos carreteros para que cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad comodidad y rapidez.
Piden senadores a César Duarte informe sobre agresiones a manifestantes
En otro tema, la Comisión validó un punto de acuerdo para pedir al gobernador de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez un informe sobre hechos ocurridos en contra de ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse y de reporteros que daban cobertura a una manifestación el pasado primero de noviembre.
También se solicita a los funcionarios que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las personas afectadas y se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre las detenciones y agresiones en contra de manifestantes y reporteros.
Lo anterior, garantizando que los resultados se hagan el conocimiento público y en su caso se proceda conforme a derecho.
Asimismo, los senadores requirieron de los secretarios Ejecutivo y Técnico de los consejos de Seguridad Nación y de Seguridad Pública información sobre los protocolos de protección en casos de enfrentamientos armas.
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