Número-722
- Deben identificarse las temáticas más apremiantes en cada municipio y hacer más eficientes las acciones de gobierno apuntó.
- Falta de atención a aspectos como movilidad, demeritan programas fundamentales como los de salud, advierten expertos.
Es urgente que los poderes Legislativo y Ejecutivo muestren voluntad política para conformar una agenda social integral, junto con la academia y organizaciones de la sociedad civil, a fin de evitar el fracaso de las políticas contra la pobreza, afirmó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en el Senado de la República, Lorena Cuéllar Cisneros.
Al inaugurar el seminario “Responsabilidad, sostenibilidad y desarrollo social: Hacia una agenda para la planeación estatal del desarrollo”, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD estableció que es necesario identificar los temas más apremiantes de las sociedades de cada municipio y región, a fin de definir con mayor claridad las responsabilidades del Estado.
“El reto principal es la definición de áreas de oportunidades y fortalezas del territorio nacional, a fin de que las acciones y políticas públicas sean más específicas y eficientes en sus resultados e impactos a favor de la población”, enfatizó.
Consideró que no es posible negar las deficiencias de los programas y planes de desarrollo municipal, pues ello es evidente con el crecimiento de la pobreza, desigualdad y exclusión, que se registra en sus respectivas poblaciones.
En lo anterior coincidieron académicos de diversas áreas económicas, al referir que actualmente la tasa de subocupación creció 3.6 veces, lo cual significa que casi 6 de cada 10 empleos están en la informalidad.
En cuanto a expectativas, abundaron, es improbable alcanzar en 2015 un crecimiento de siete por ciento, lo cual se complica hacia futuro, pues para lograr superar el rezago en la generación de empleo en 2020, se requeriría un crecimiento anual superior al siete por ciento.
Destacaron que un problema en política económica es privilegiar la macroeconomía, y es evidente que eso está sucediendo incluso en programas fundamentales como el de movilidad, pues su deficiencia provoca que sean las familias más pobres las que más gasten en su traslado más del 50 por ciento de sus ingresos.
Esto obstaculiza directamente programas prioritarios del gobierno, como los de atención a la salud, pues si a una persona con diabetes le cuesta en promedio 700 pesos acudir a su clínica, no lo hará, y entonces las autoridades no alcanzarán sus metas.
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