Número-398
- La iniciativa de las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo propone penas de dos a diez años de prisión.
- Se castigaría a las personas que construyan sin obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental.
Las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, propusieron una iniciativa para penalizar la construcción, edificación, realización de obras y asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.
El proyecto reformaría el Código Penal Federal para imponer pena de dos a diez años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa, a quien autorice, ordene, construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o en zonas no aptas, de acuerdo al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente.
Se castigaría a las personas que construyan sin obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental o asiente datos falsos en documentos para simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad federal; así como a quien no realice el análisis de riesgo o cumpla con las medidas de seguridad necesarias.
La senadora Blanca Alcalá Ruiz dijo que con esta medida se otorgaría fuerza normativa a la protección civil en México, ya que la Ley General de Protección Civil contempla las construcciones en zonas de alto riesgo como delitos graves pero no son sancionados en la legislación penal federal, lo que lo convierte en un precepto inaplicable.
Además, brindaría al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del desarrollo territorial y de protección de las personas, que se complementaría con la obligación de los tres niveles de gobierno para garantizar la estricta observancia de los atlas de riesgos, explicó ante el Pleno del Senado.
El propósito de la iniciativa es ofrecer los mecanismos jurídicos para que la vulnerabilidad humana ante los desastres naturales sea minimizada y en su caso reparada, subrayó la senadora del Grupo Parlamentario del PRI.
Detalló que entre 2001 y 2013, de un total de mil 951 municipios, 79.4 por ciento fueron declarados al menos en una ocasión en condiciones de desastre por ciclones, lluvias, inundaciones y sequías; y tan sólo en 2013, 3.14 millones de personas resultaron afectadas a causa de los fenómenos naturales.
“La ausencia de mecanismos eficientes de preparación, atención, regulación y planeación implica también pérdidas económicas, que a largo plazo pueden impactar negativamente en el desarrollo y crecimiento económico de los países; no es casualidad que en México se destinen más recursos para el Fondo de Desastres Naturales, más de 6 mil millones, que al Fondo de Prevención que es de 350 millones de pesos”, finalizó la senadora Alcalá Ruiz.
La iniciativa propuesta por las senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Graciela Ortiz González y Marcela Guerra Castillo se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis.
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