Senado de la República

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AmparoEl Senado de la República aprobó con 89 votos a favor, en lo general, la nueva Ley de Amparo, que permitirá consolidar a esta figura como instrumento accesible al mayor número de personas, sencillo, eficaz y primordialmente garante de los derechos humanos.

Se trata de una reforma de gran trascendencia, en particular para la transformación del juicio de amparo, que responde a la necesidad de adecuarlo y revitalizarlo “para que se coloque de nuevo” a la vanguardia del sistema jurídico mexicano.

Las enmiendas son producto de un largo proceso de reflexión y consulta donde los aportes valiosos de litigantes, jueces, legisladores y juristas permitieron consolidar un texto que garantiza el acceso a la justicia y la efectividad en la tutela de los derechos básicos.

Ahora, mediante el juicio de amparo se protegerán de manera directa, además de las garantías que actualmente prevé la Constitución, los derechos humanos reconocidos por ésta, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

Esta reforma integral  “y de gran calado” al juicio de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, también viene a fortalecer el papel del Poder Judicial y en específico el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el dictamen se destacan tres cambios fundamentales; afines a la lógica internacional, el primero de ellos se refiere a la ampliación del marco de protección en materia de derechos humanos, cuando únicamente se limitaba a las garantías individuales.

Con ello, el juicio de amparo se constituye en un medio más eficiente de control de las actuaciones de las autoridades públicas.

El segundo cambio constitucional importante tiene que ver con el interés o tipo de afectación que se requerirá para iniciar un juicio de amparo y obtener la protección de la justicia federal.

Ahora, una persona podrá acudir al juicio de amparo simplemente con demostrar que existe un derecho legítimo y no un interés jurídico.

La tercera reforma es la relativa a los efectos de las sentencias y su impostergable modificación, a fin de garantizar  el principio de supremacía constitucional, pero sobre todo el de igualdad ante la ley.

Al discutir el dictamen, por la Comisión de Gobernación, el senador Jesús Murillo Karam destacó que la nueva Ley pretende retomar la esencia de una institución jurídica que fue ejemplo en el mundo, “pero que, por desgracia, se quedó rezagada o superada”.

Resaltó que la reglamentación a las reformas constitucionales concreta la eliminación de la fórmula para que algunas leyes declaradas inconstitucionales lo sean sólo para quien tiene la posibilidad de ampararse.

De esta manera, afirmó el legislador priista, con reiteración de tesis para hacer jurisprudencia se logrará que lo que sea inconstitucional para pocos lo será para todos sin necesidad de mayor gestión.

A su vez, el senador panista Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que con esta reforma el amparo se democratiza y abre un abanico de posibilidades para la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía.

Se podrá recurrir al amparo --subrayó-- en cualquier violación a los derechos humanos y por ello se hizo más accesible esta figura jurídica a la población.

Sin embargo, reconoció que “estamos cumpliendo ya un poco fuera de tiempo, pero lo estamos haciendo a conciencia y con suma responsabilidad al tratarse de una figura que verdaderamente fue histórica en el país y que hoy estamos modificando con toda precaución y cuidado”.

A su vez, el titular de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Tomás Torres Mercado resaltó que dicho ordenamiento establece mecanismos de control para evitar la imposición autoritaria de disposiciones que violen la Constitución.

El senador perredista subrayó que al ampliar la protección de los derechos humanos en la Carta Magna era necesario modernizar el juicio de amparo, pues es un activo fundamental para preservar el orden jurídico nacional.

Reiteró que también se avanzó en la preservación de los derechos que tienen que ver con los ataques a la libertad personal dentro y fuera de los procedimientos judiciales, pero no es suficiente las disposiciones sobre la procedencia del juicio contra actos de particulares cuando éstos realicen actos asimilables a los de las autoridades.

En su turno, el senador Alejandro Zapata Perogordo, de Acción Nacional, aseguró que se pretende salvaguardar los derechos y libertades mediante un órgano de control constitucional y que el sistema democrático sea equilibrado sin que se desquicie el marco jurídico.

Detalló que “es una ley innovadora, amplía el interés jurídico hasta el legítimo”, y donde el gobernado puede recurrir al órgano jurisdiccional para reclamar sus derechos constitucionales, en caso de verse vulnerados por particulares que realizan actos de autoridad.

Indicó que se incorporó el amparo adhesivo, para dar rapidez al proceso y evitar amparos que en ocasiones dilatan el procedimiento y establece los juicios en línea.

También del PRI, el senador Pedro Joaquín Coldwell argumentó que la Ley contiene un mensaje garantista para la nación, ya que es un compromiso con el Estado democrático de derecho y de rechazo a “policialización” de la República.

Agregó que es una ampliación del catálogo de los derechos fundamentales, que ahora serán protegidos por medio del juicio de amparo cuando se lesione o agravie el interés legítimo, los derechos difusos, para la exigencia de derechos sociales y ambientales.

Explicó que se protege a las personas cuando los particulares ejerzan actos unilaterales contenidos en una norma general o violen sus derechos humanos, y se supera el criterio de que sólo las autoridades pueden defender, afectar o vulnerar derechos humanos.

Por su parte, el senador perredista Pablo Gómez criticó el proyecto de la nueva Ley de Amparo, ya que en su opinión tiene partes “draconianas” enviadas por el Ejecutivo que, en su opinión, agravian al ciudadano como miembro, que es, de la República.

Agregó que “estamos discutiendo aquí un proyecto que, de aprobarse, le va a delegar funciones legislativas a los jueces. Es decir, “vamos a tener ahora un recurso que antes no se tenía, que es el juez quien será el que controle verdaderamente al Ministerio Público”.

Con ello, “le estamos dando tremenda manga ancha al Ministerio Público para resolver un ejercicio a la acción penal y, también le damos al gobernante una fuerza que nunca debió haber tenido sobre los fiscales”.

El senador Javier Orozco Gómez afirmó que “el proyecto que hoy se pone a nuestra consideración, es de una trascendencia tal para nuestro sistema jurídico que sólo puede equipararse en la historia del derecho con el propio nacimiento del juicio de amparo.

Dijo que el Partido Verde comparte con la comunidad jurídica del país la nueva Ley de Amparo, que se presenta como una necesidad y un requisito para seguir en la democratización y modernización de las instituciones del Estado, y también como juicio y principio elemental para defender los derechos de los mexicanos.

Por Convergencia, el senador Dante Delgado aseguró que la nueva Ley de Amparo “va a darle a los ciudadanos mayor solvencia y garantía de respeto a sus derechos frente a la autoridad constituida y también frente a quienes presten servicios que vulneren su interés legítimo”.

Lo anterior, explicó, gracias a que se ampliarán las posibilidades de recibir justicia cuando se violen las garantías individuales y los derechos humanos señalados en la Constitución y  los tratados internacionales firmados por México.

En este sentido, el legislador se dijo confiado de que el Poder Judicial sabrá tutelar los derechos de los gobernados.

Al término de la votación en lo general, se dio paso a la discusión en lo particular con la reserva de artículos por parte de diversos grupos parlamentarios.

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