Número-1158
- Se debe dejar atrás el esquema punitivo y pasar a la prevención, profesionalización de las fuerzas de seguridad y regularización de algunas drogas: senador Alejandro Encinas.
- En la participación de México en la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) 2016, el Senado debe contar con una posición interna: senadora Martha Tagle.
Legisladores y especialistas consideraron necesario cambiar el enfoque prohibicionista y punitivo de la política antidrogas que se aplica en México por una que sea vista como un problema de salud pública; sugirieron ver la posibilidad de regular algunos estupefacientes a fin de bajar el índice de letalidad en la guerra contra el narcotráfico.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez consideró que ha fracasado la política prohibicionista en materia de drogas, por lo que es necesario, dijo, avanzar hacia un nuevo paradigma que deje atrás el esquema punitivo en esta materia y pase a aspectos preventivos, a la profesionalización de las fuerzas de seguridad pública y a la regularización de algunas drogas.
Dijo que el problema de las drogas en México debe enfrentarse desde el enfoque de la salud y el de la seguridad pública, pues explicó que la delincuencia organizada no sólo está enfocada al narcotráfico.
Encinas Rodríguez aseguró que se deben flexibilizar en lugar de endurecer las penas, así como buscar esquemas como las penas sustitutivas de presión, además de entrar a un proceso de regulación y recategorización de algunas drogas.
Aseveró que la actual estrategia de combate al narcotráfico lejos de resolver el problema lo ha profundizado y ha llevado a nuestro país a vivir una profunda crisis humanitaria. Se estima, dijo el senador del Partido de la Revolución Democrática, que el número de homicidios vinculados a ésta durante la actual administración ha superado los 41 mil y rebasa por mucho el promedio del sexenio anterior.
La senadora Martha Tagle Martínez destacó por su parte que la primera batalla que se está ganando sobre este tema es la discusión sobre la despenalización de las drogas en el país, pues antes el abordar este asunto tenía una carga negativa para quienes se asumían como defensores de una política no punitiva de las drogas.
La legisladora subrayó que este no es un tema que se aborde en todos los niveles de gobierno, no obstante dijo que si México tiene una especie de liderazgo internacional, no solamente sólo debe ser un referente de estas discusiones fuera del país sino también al interior.
Destacó la importancia de atender el problema de las drogas con un enfoque de género, toda vez que cada vez hay más mujeres detenidas, que son utilizadas para el transporte de estupefacientes o el narcomenudeo.
Sobre la participación de México en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) 2016, la legisladora, también del PRD; consideró que el Senado de la República debe llevar una posición interna al respecto.
El diputado federal Fernando Belaunzarán Méndez aseguró que el combate a las drogas ha sido nocivo para los derechos humanos y esto, dijo, es demostrable en un estudio de Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el que precisa: desde que el presidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico se incrementó la tortura en las cárceles y el índice de letalidad fue en aumento.
Subrayó que México no puede seguir por ese camino, por lo que el Estado mexicano tiene que llegar a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) 2016, con una posición de transformación de este paradigma.
El legislador hizo énfasis en que se debe pasar de la despenalización teórica a una efectiva. Advirtió que la Ley General de Salud es contradictoria: en algunos artículos señala que la simple posesión de droga es delito y en otros plantea una tabla en la que se precisan las cantidades de droga que una persona puede poseer para su consumo sin ser delito.
Luis Astorga, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveró que en nuestro país todas las leyes prohibicionistas de las drogas puestas en marcha no han reducido los niveles de la producción, transporte y consumo. Expresó además su confianza en que durante los trabajos de la UNGASS 2016, el gobierno mexicano vaya con propuestas para avanzar en estos temas.
Andrew Paxman, del CIDE, señaló que, durante las épocas prohibicionistas y en la actualidad, en la política de drogas en México ha habido una cierta complicidad de los gobiernos suavizando la ley o haciéndose de la vista gorda, ya que al haber tanto dinero en este ámbito difícilmente se puede aguantar la tentación de tomar una parte. Además advirtió que no hay un principio universal sobre la despenalización y, en caso de despenalizar de ciertas drogas, propiciaría el contrabando si éstas se gravan.
Javier Hernández, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNDOC), destacó que ninguna de las Convenciones de la ONU sobre la materia habla de imponer un sistema represivo y menos para los consumidores; por el contrario, sí recomienda el tratamiento, la reinserción social, y la protección de la población más vulnerable como son los niños y jóvenes.
Guillermo Valdés, del Grupo de Economistas y Asociados, al hablar sobre la evolución del narcotráfico indicó que el crimen organizado en México tiene dos fuentes que los han alimentado y convertido en ese ente peligroso: las rentas extraordinarias del mercado ilegal de drogas, y la debilidad, la corrupción y el poco eficiente --en materia de seguridad y justicia-- Estado mexicano.
Por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara expuso que una de las causas que ha contribuido en el incremento de las tasas de mortalidad, relacionado con el problema de las drogas, ha sido la aplicación de políticas de criminalización para disuadir el consumo y atacar el mercado, pero esto, aseguró, sólo ha fortalecido la criminalidad, socavado la gobernabilidad y la estabilidad del Estado.
Javier Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó la importancia de cambiar la política de drogas y acabar con el esquema prohibicionista, pues desde antes del inicio del sexenio del presidente Felipe Calderón, ya había fracasado. En ese sentido, un estudio del CIDE sobre el índice de letalidad, entre 2008 y 2014, muestra que ha habido más muertes en esta batalla que durante la Segunda Guerra Mundial.
Aseveró que los que están en la cárcel por delitos contra la salud, no son los grandes traficantes sino los consumidores, los pequeños traficantes o las mulas. Además, alertó que más del 80 por ciento de las mujeres en cárceles federales están por delitos contra la salud y la mayor parte de ellas son las llamadas mulas y nada tienen que ver con el crimen organizado.
Carlos Galindo, Investigador del Instituto Belisario Domínguez, señaló que en general los costos de la política de prohibición en control de drogas es uno de percepciones y opiniones. Eso sucedió en México hasta mediados de la década pasada, pero después del año 2010 se comenzó a debatir a partir de datos más confiables sobre esta temática.
Zara Snapp, de la Comisión Global de Políticas de Drogas, dijo que en el 2011 esta organización recomendó la despenalización para los usuarios de drogas y en 2014 sugirieron además la descriminalización para medicinas esenciales, como cambiar el enfoque punitivo a uno de salud, y que una regulación de las drogas es preferible para que los gobiernos asuman el control de estas, todavía, drogas ilegales.
En este encuentro participaron como moderadores Manuel Pérez Cárdenas, coordinador ejecutivo, y Alejandro Encinas Nájera, director general de Investigación Estratégica, ambos del Instituto Belisario Domínguez.
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