Número-1156
- Solicita información sobre acciones para estabilizar tipo de cambio del peso frente al dólar.
- Pide se informe al Senado de la República sobre los datos correspondientes a las coberturas de los precios del petróleo que el gobierno federal ha contratado desde 2012.
En la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, la Asamblea aprobó en votación económica 33 dictámenes presentados por la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Así, la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en un plazo no mayor a 15 días, informe sobre las acciones realizadas para estabilizar el tipo de cambio del peso frente al dólar americano, particularmente, respecto al fortalecimiento del mercado interno así como de los impactos de la devaluación del peso en la deuda externa.
Además, pidió que junto con la Secretaría de Economía, se adopten medidas adicionales a las monetarias para estabilizar el tipo de cambio y que impacten a la economía real, como el fortalecimiento del mercado interno, la integración de cadenas productivas para aumentar el contenido nacional de las exportaciones, e incrementar la competitividad del país para atraer inversiones extranjeras productivas.
En el dictamen se señala que en las próximas semanas el tipo de cambio podría impactar de manera negativa a la inflación, ya que las principales cámaras industriales del país han expuesto que los márgenes entre utilidades y costos comenzaron a estrecharse, por lo que podrían encarecerse diversos bienes de consumo.
Al mismo tiempo, resalta que la depreciación actual del peso frente al dólar es muestra de la debilidad de la economía mexicana, ya que el país es importador neto de mercancías, por lo que este sector no es suficiente para compensar los efectos de la depreciación actual.
En otro de los dictámenes aprobados, se conminó a las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, a informar acerca de la política pública en materia de inversiones en hidrocarburos para el resto del año, considerando que al término en la primera licitación de la Ronda Uno, sólo se adjudicaron dos bloques de los 14 licitados y con ello se redujeron las inversiones de 18 mil millones de pesos, a poco más de mil 200 millones de pesos.
También se deberá dar cuenta del recorte presupuestal de la petrolera nacional de 62 mil millones de pesos, en febrero de este año y el retiro de la Secretaría de Hacienda de 50 mil millones por “Aprovechamiento”, en diciembre de 2014.
Adicionalmente, se pidió una explicación de la eventual contracción de las inversiones en el sector de hidrocarburos y la instrumentación de planes de acción emergentes, para enfrentar la menor plataforma de producción, refinación, gas y petroquímica, y por ende, la balanza petrolera y cómo habrán de garantizar la seguridad energética del país.
En particular, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le pidió una explicación pormenorizada de la manera en que se blindará la sustentabilidad de las finanzas públicas ante el escenario de una menor recaudación de impuestos petroleros y ante la dependencia que aún tienen las finanzas públicas de los ingresos petroleros.
En el dictamen aprobado, los legisladores manifestaron su preocupación sobre la precariedad financiera de Petróleos Mexicanos, que incluso no pudo participar en la puja de la Ronda Uno debido a esta situación.
La Comisión Permanente también solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un término no mayor a 15 días naturales, informar al Senado de la República sobre los datos correspondiente a las coberturas de los precios del petróleo que el gobierno federal ha contratado desde el año 2012.
Dicha información deberá establecerse bajo los siguientes lineamientos: el programa de coberturas petroleras que el gobierno federal ha utilizado año con año desde septiembre del 2012; los mecanismos y criterios de licitación o asignación aplicados en cada contrato.
Así como las entidades financieras con las que se ha contratado, los plazos y las cantidades de petróleo vinculadas en cada contrato; y copia simple de los propios contratos para conocer en específico las condiciones en las que nuestro país ha venido asegurando sus ingresos petroleros, según se establece en el resolutivo del dictamen.
La Comisión Permanente también avaló un dictamen por el que solicita a los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, impulsar acciones para resolver las problemáticas descritas en los informes sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2014-2015, y Financiero y Actuarial 2015 del ISSSTE.
Lo anterior, luego de darse a conocer los estados financiero y actuarial de ambas instituciones, en los que se prevé la urgencia de tomar acciones encaminadas a darles viabilidad y con ello evitar la posibilidad de la quiebra de las mismas. En 2017, detallan, el IMSS tendrá gastos superiores a sus ingresos y habrá agotado sus reservas, tendiendo un faltante de 21 mil 152 millones de pesos, que seguirá creciendo.
En el caso del ISSSTE, la propia institución ha reconocido que las cuotas y aportaciones serán suficientes para cubrir los gastos del seguro de salud, incluyendo el uso de reservas, por 8 años; no obstante, los gastos médicos para pensionados desde el primer año de vigencia de la nueva ley eran insuficientes y en 11 años agotarían sus reservas.
Por otra parte, se exhortó a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Salud, a definir dentro del catálogo de las actividades que integran los sectores agrícolas, forestal, de aserradero, silvícolas, de caza y pesca, cuáles son y cuáles no, las labores peligrosas o insalubres, a fin de que se brinde oportunidad a los jóvenes mayores de 15 y los que no han cumplido los 18 años de edad, de continuar laborando en estas actividades.
Además, se hizo un llamado a la Secretaría de Desarrollo Social para que salvaguarde los derechos humanos de niños y adolescentes que han dejado de trabajar en los campos agrícolas de Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas como jornaleros, mediante de una estrategia de atención especial y focalizada que les permita completar su educación básica y satisfacer sus necesidades económicas.
Lo anterior, ante la necesidad de recuperar el marco básico de derechos en el campo y reconocer los derechos de los trabajadores, en particular de los jóvenes jornaleros agrícolas.
Asimismo, los integrantes de la Comisión Permanente hicieron un llamado para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezcan mecanismos con los que se brinde una solución a los diferentes grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el préstamo.
Los legisladores asentaron la necesidad de que las autoridades competentes actúen con el propósito de dar una solución al gran número de familias perjudicadas por los diversos fraudes de las Cajas de Ahorro y Crédito Popular, que atentan contra un grupo de población que no tiene acceso a la banca tradicional.
Por otra parte, el Pleno de la Asamblea solicitó al Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proponga al Congreso una serie de estímulos fiscales para incentivar las inversiones y el consumo, en el marco del Paquete Económico de 2016, con el propósito de fortalecer el mercado interno y el crecimiento de la economía del país.
Adicionalmente, se pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, liquide los adeudos que se tienen con la población afectada derivados de los daños y afectaciones, derivadas del derrame tóxico del 6 de agosto del 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, y para que se construya la infraestructura necesaria que garantice la no repetición de otra contingencia ambiental de esta naturaleza en la entidad.
Asimismo, la Comisión Permanente urgió a las legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a valorar la pertinencia de legislar sobre las nuevas modalidades del servicio de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler por medio del uso de tecnologías de la información y la comunicación, propiciando la integración de innovaciones en la calidad en el servicio, mayor beneficio para los usuarios y mejores oportunidades laborales para los taxistas.
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