Número-1155
- EU muestra una política más agresiva contra mexicanos, aumenta su deportación por arriba de migrantes de Centroamérica, advierten legisladores
- El mayor porcentaje de connacionales deportados son personas de edad avanzada, con diversas enfermedades muchas derivadas de su trabajo en el vecino país
La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que --a través de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y del Instituto Nacional de Migración (INM)-- refuerce y amplíe el programa “Somos Mexicanos”, a fin de que los connacionales repatriados de Estados Unidos cuenten con toda la asistencia y asesoría para que regresen rápidamente con sus familias y se inserten a la vida productiva del país.
De igual forma, demandó a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a reforzar sus respectivos programas para la reincorporación productiva y social de los mexicanos repatriados, y que instrumenten las medidas pertinentes para garantizar sus derechos fundamentales.
El punto de acuerdo, avalado por el Pleno, destaca que el centro de estudios TRAC de la Universidad de Siracusa informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) pidió la deportación de 22 mil 538 mexicanos durante los primeros seis meses del 2015.
“Los mexicanos fueron la comunidad inmigrante que registró un mayor número de peticiones de deportación por parte del DHS, seguidos de los salvadoreños, con 9 mil 590; guatemaltecos, 9 mil 188; hondureños, 5 mil 927 y los chinos, con 3 mil 037 solicitudes. Del total de migrantes contra los que se iniciaron trámites de deportación, 35 por ciento fueron mexicanos, esto cuando en 2014 fue de 25 por ciento”, precisa el documento.
Los legisladores subrayan que entre 2003 y 2012 Estados Unidos realizó más de 4.6 millones de devoluciones de migrantes a México, en contraparte, el flujo de mexicanos sin documentos hacia ese país disminuyó en dos tercios entre 2007-2012. Sin embargo, en el mismo periodo el flujo de deportados hacia México sólo ha bajado un tercio, de 573 mil en el año 2007 a 352 mil, en 2012.
“Esa diferencia proporcional refleja una política anti-inmigrante más agresiva, ya que las deportaciones bajo orden de retiro se incrementaron a más del doble desde 1998, cuya cifra pasó de 139 mil 928 a 293 mil 966 en el año 2011”.
Los legisladores subrayaron que poco más de 70 por ciento de los deportados contaba con trabajo y 18 por ciento de ellos reconocía a Estados Unidos como su país de residencia, situación que ha influido directamente en que en los últimos cinco años haya aumentado la separación familiar, pues en el año 2012, 77 por ciento de los mexicanos fueron deportados sin sus familiares, mientras que en 2007 eran solo 20 por ciento.
Otro aspecto que destaca el dictamen es que, en comparación con los migrantes que van a trabajar a Estados Unidos, los que regresan suelen ser de mayor edad y presentan un mayor número de enfermedades que se relacionan “con sus condiciones de vida y trabajo en EU, así como, en algunos casos, con la detención y el retorno forzado a México. Existe una alarmante diferencia de síntomas emocionales entre los deportados, casi veinte veces más que los que presentan los de retorno voluntario. Un dato preocupante es que el 65 por ciento de los deportados carece de afiliación a servicios públicos de salud en México”.
En otro punto de acuerdo, la Comisión Permanente exhortó a las entidades federativas y al Distrito Federal a fortalecer las acciones para coadyuvar en la política migratoria nacional, dirigida a la atención, protección y garantía de derechos humanos a partir del principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.
En materia de trata de personas, la Comisión Permanente solicitó a la Segob a promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir este tipo de delito. En otro punto de acuerdo, manifestó su satisfacción por el retiro de Cuba de la lista de países que no cumplen plenamente con estándares mínimos para la eliminación de este ilícito.
En cuanto a educación, el Legislativo solicitó a la Secretaria de Educación Pública (SEP) que revise los convenios relativos a subsidios federales para educación media superior y superior; y a subsidios para centros de educación, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a fin de evaluar la posibilidad de incorporar las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, en el ramo Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación.
Por otra parte, exhortó a la SEP, a la Secretaría de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a fortalecer programas de investigación con las empresas y las vocaciones productivas regionales del país. Por medio de otro punto de acuerdo avalado, los legisladores felicitaron a los alumnos, maestros y asesores que alcanzaron distinciones de honor en diversos concursos internacionales de conocimiento.
Además, la Comisión Permanente pidió a las autoridades sanitarias emitir a la brevedad la Norma Oficial Mexicana para regular y supervisar la reproducción asistida en sus distintas modalidades en México.
En materia de protección a las niñas, niños y adolescentes, el Congreso solicitó al Ejecutivo federal impulsar una política de Estado para garantizar la protección de los derechos de los menores, en especial de los que trabajan y, en punto de acuerdo aparte, pidió al DIF a emprender programas para salvaguardar sus garantías.
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