Número-1016
- La PGR pide al Congreso evaluar la ley de extinción de dominio para hacerla más eficaz.
- Senadores coinciden en que en seis años de su creación, esta figura jurídica no ha tenido los resultados deseados.
En el foro de análisis “Extinción de Dominio”, el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Senado de la República, aseveró que la política de combate al crimen que se ha aplicado en los últimos años no ha funcionado, por lo que no se puede hablar de resultados favorables en esta materia.
Ante esta situación, mencionó que en la agenda legislativa del año siguiente, entre los temas a abordar, estará la revisión de la política anti-crimen del país, examinar el sistema de procuración de justicia, de seguridad pública y crear un marco legal necesario para que se recupere la rigidez en los sistemas policiales, de inteligencia y penitenciario.
En este sentido, comentó que es importante que la figura de la extinción de dominio, que tiene que ver con el combate al crimen organizado, se revise, actualice y pueda ser un elemento para que sea eficaz en sus objetivos.
Barbosa Huerta precisó que la agenda legislativa trabajará en tres vertientes: el desarrollo de una nueva política criminal; construcción del andamiaje en leyes generales, secundarias y la armonización de ordenamientos estatales con el Sistema Nacional Anticorrupción, así como concluir las leyes federales y la armonización con Sistema Nacional de Transparencia en los estados de la República.
El senador Fernando Herrera Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, recordó que el objetivo de la Ley Federal de Extinción de Dominio era contar con una herramienta valiosa para el combate a los delitos relacionados con la delincuencia organizada; sin embargo, sus resultados no han sido del todo satisfactorios.
Refirió que en algunas entidades federativas algunos predios han pasado a ser propiedad de los gobiernos locales, pero muchos se encuentran abandonados por diversos motivos, como la falta de recursos para su mantenimiento.
Expresó que ante la crisis de seguridad que vive México, el Estado debe contar con los instrumentos adecuados para enfrentar al crimen y proteger a las víctimas, por lo que la nueva normatividad en materia de seguridad, justicia y combate a la corrupción es de transcendental importancia.
En su turno, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, dijo que a seis años de la promulgación de Ley Federal de Extinción de Dominio, los resultados no han tenido el alcance que se esperaba; por ejemplo, indicó, en el periodo 2010-2011 Colombia tenía 815 procesos judiciales en trámite, mientras que en México sólo se emitió una sentencia.
En relación a los bienes afectados, agregó, en el país sudamericano se contabilizaron un total de 28 mil 165 inmuebles y en México sólo se vieron afectados ocho. Asimismo, en Colombia se iniciaron 815 procesos judiciales y en la nación mexicana solamente se emitió una sentencia.
Por ello, dijo, ante la reciente reforma constitucional en materia de anticorrupción es fundamental crear una mesa de trabajo para revisar las deficiencias y alcances que ha tenido esta figura jurídica, a efecto de perfeccionarla y convertirla en un instrumento eficaz de combate al crimen organizado y a la corrupción.
El senador del Partido Revolucionario Institucional, Arturo Zamora Jiménez refirió que con la incorporación del enriquecimiento ilícito como supuesto para ejercer la extinción de dominio permite que el panorama sea “un poco más completo, pero no ha acabado”.
Se necesita, expresó, ampliar el abanico de conductas típicas que en un momento dado pueden generar la extinción de dominio, además de armonizar las leyes correspondientes, dar “la velocidad adecuada” para evitar que las autoridades eviten ser severamente cuestionadas.
La senadora del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña Gómez, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha subrayado que los estados de la República tienen facultad de legislar en esta materia; pero, aún faltan alrededor de la mitad en tener una ley de este tipo.
Hizo notar que si es necesario “volver a tocar la Constitución” para revisar esta figura jurídica, “lo veremos, y si no, tendríamos que necesariamente hacer una revisión puntual a la Ley Federal, que ese sería un paso mucho más rápido”.
En tanto, Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparos de la Procuraduría General de la República (PGR), pidió al Congreso evaluar objetivamente las leyes federal y locales de extinción de dominio, ya que es indispensable contar con mayores elementos para su regulación.
Es recomendable, subrayó, contemplar más delitos para aplicar esta figura y acotar el tiempo de los juicios, con el objetivo de que la procuración de justicia sea más expedita, eficaz y eficiente, así como fortalecer las atribuciones del Ministerio Público para que procure más acciones en materia de extinción de dominio.
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