Número-1017
- Los pederastas utilizan internet para contactar a sus víctimas.
- En otro dictamen, legisladores solicitan información sobre el programa Seguro Popular.
La Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso aprobó un exhorto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que incorpore en sus planes y programas de estudio, estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado y seguro de las redes sociales.
En el dictamen, los senadores y diputados detallan que la mayor parte de los servicios de conexión proporcionan a los niños diversos recursos para obtener información a través de enciclopedias, noticieros, acceso a bibliotecas y otros materiales de valor, así como también para comunicarse con sus amigos y para jugar.
No obstante, advierten que cientos de adolescentes en América Latina son abusados sexualmente, debido a que los pederastas hacen uso de las redes sociales para contactar a sus víctimas.
Asimismo, agregan que en México el delito que más se comete contra menores en el ciberespacio es la pornografía infantil, por lo que es importante que los menores cuenten con herramientas para acceder a la red de manera segura e informada, sin menoscabar su derecho a usar las plataformas digitales.
La Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, que preside el senador Armando Ríos Piter, aprobó 14 dictámenes más sobre temas relativos a la educación, violencia familiar, personas mayores, otros con reconocimientos a la obra literaria de Gustavo Sainz y a la Liga Mexicana de Béisbol por su 90 aniversario, así como por el anuncio de las elecciones legislativas en la República Bolivariana de Venezuela.
Entre estos, destaca una solicitud a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Protección Social y a los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, para que informen sobre los avances de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013, referente al programa Seguro Popular.
El Seguro Popular es un modelo de aseguramiento en salud mexicano, perteneciente al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), que tiene como objetivo financiar la prestación de servicios de salud a las personas no afiliadas a servicios de seguridad social.
En el dictamen, los legisladores hacen referencia al punto de acuerdo promovido por el Partido Movimiento Ciudadano, que señala la existencia de deficiencias como la segmentación de las instituciones prestadoras del servicio, financiamiento insuficiente y servicios de salud de baja calidad y poco eficaces para cumplir los objetivos planteados de mejorar la salud de la población, hasta la duplicidad de funciones en cada aparato burocrático y administrativo, con lo que se obstaculiza la coordinación intersectorial.
Esto se comprueba con los hallazgos de la ASF, a través del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013, en el rubro Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y las Entidades Federativas y el Distrito Federal.
Se concluyó que las disposiciones normativas no establecen sanciones por su incumplimiento, por lo que su atención es voluntaria y que entre las quejas más recurrentes del Seguro Popular en 2013 se encuentra la atención médica insuficiente o deficiente, surtimientos de recetas incompletas, negación del servicio médico, maltrato del médico y cobro de medicamento y estudios de laboratorio, entre otras.
Además, se aprobó un dictamen para que la Secretaría de Gobernación instruya a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para que informe sobre la situación que enfrentan las personas con discapacidad respecto a los delitos en materia de trata.
Los legisladores advierten que la trata de personas es uno de los grandes desafíos para el Estado mexicano, y reconocen que las personas con discapacidad pueden ser más vulnerables a ser víctimas de un delito.
En este sentido, señalan que en la relación entre discapacidad y pobreza, las personas se ven obligadas a realizar acciones que atentan contra su persona o representan acciones constitutivas de delito, y al encontrarse un gran número de personas con discapacidad en esta condición económica se vuelve otro elemento más de susceptibilidad.
El senador Ríos Piter también informó que se han obtenido 18 oficios de informe o notificaciones de respuesta a solicitudes de información, enviados por diversas dependencias federales como las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Gobernación, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Relaciones Exteriores, así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de Seguridad y la propia Comisión Permanente.
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