Número-1004
- Ante los rezagos ancestrales, la pobreza y marginación, el tema educativo en Guerrero debe tener condiciones especiales, considera el gobernador de esta entidad.
- Legisladores del PRI, PAN y PRD señalaron irregularidades como días de clase perdidos, herencia de plazas, y movilizaciones violentas del sindicato magisterial en la entidad.
Senadores y diputados, integrantes de la Segunda Comisión de la Permanente, sostuvieron un encuentro con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, como parte de las mesas de Análisis Intergubernamental sobre la implementación de la Reforma Educativa.
Al respecto, el senador Armando Ríos Piter se manifestó a favor de llevar a cabo mesas de diálogo en Guerrero, a fin de “escucharnos y socializar el tipo de problemas que rodean el tema educativo, es fundamental para tener un diagnóstico compartido y aterrizar posibles soluciones”.
El presidente de la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifestó que ese estado de la República merece un futuro y un presente distinto, por lo que requiere de un trabajo solidario de todos los que creemos que este país debe tener visión de desarrollo y una transformación compartida.
El senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, cuestionó al gobernador si las medidas tomadas en Oaxaca pueden adaptarse para el caso de Guerrero, preguntó además si cuenta con interlocutores en el gobierno federal y hasta dónde llegará la estrategia de mediano y largo plazo que implementó, pues pronto terminará su encargo como gobernador.
Preguntó también cuántos días de clase se han perdido y a cuánto ascienden las pérdidas económicas por las movilizaciones. Respecto al Fondo Nacional para la Educación (Fone) planteó: ¿cómo se vive en la administración de Guerrero la aplicación de esta nueva estrategia de pagos?
En su turno, el senador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Armando Ríos Piter, cuestionó al mandatario local sobre las opciones que hay para empatar las ofertas laborales públicas y privadas con las plazas en el sector educativo de la entidad; y comentó respecto a las opciones que se deben plantear al Poder Legislativo para eliminar o reducir el boquete fiscal de las plazas magisteriales en el estado.
El senador expuso su preocupación por las posibles movilizaciones en las escuelas normales rurales, ya que, de acuerdo con lo que plantea la reforma educativa, para el mes de junio de 2016 no sólo podrán acceder a las aulas los normalistas, sino que podrá ingresar cualquier profesional que acredite la evaluación.
El senador René Juárez Cisneros, del Partido Revolucionario Institucional, aclaró que el boquete financiero por el pago de nómina magisterial no puede ser un argumento para declarar en quiebra al estado, como lo sugirió el gobernador, pues la población demanda es un gobierno transparente.
Juárez Cisneros reconoció que deben resolverse las deficiencias del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y analizar las particularidades de estados como Guerrero, Oaxaca en ciertos aspectos, pues no se pude calificar de igual forma a estados en condiciones de pobreza; sin embargo ello no significa que no deba aplicarse la Reforma Educativa.
Por su parte, el diputado del PRD, Fernando Belaunzarán Méndez, opinó que la herencia de plazas es un acto de corrupción inadmisible, ya sea entre los “charros” o los “disidentes o revolucionarios”. Asimismo, destacó que la violencia en Guerrero es real y advirtió que lo que hacen los maestros es violar los derechos humanos.
La diputada del PAN, Esther Quintana Salinas, acusó a la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) de ser “parte fundamental de la pobreza y la delincuencia organizada”, y denunció que los dirigentes de esta organización han convertido en su patrimonio 12 mil 300 plazas, con las que mantienen el control para hacer movilizaciones, destruir edificios públicos y bloqueos carreteros; además de que “la impunidad los cobija”.
A su vez, el diputado Alejandro Montano Guzmán, del PRI, cuestionó al gobernador sobre los “altos presupuestos públicos” que se otorga a los docentes, principalmente en el nivel básico, aun cuando, según la prueba PISA, hay deficiencias en la educación.
En su exposición inicial, el gobernador de Guerrero aseveró que en la pasada evaluación magisterial el estado de Guerrero cumplió con la meta y estuvo por arriba de la media nacional en cuanto a participación; sin embargo, consideró que hace falta profundizar en una mayor información sobre la reforma educativa, pues los profesores guerrerenses la consideran una medida “punitiva” que amenaza su empleo y salario.
Advirtió que la incertidumbre que ello genera puede devenir “en un gran conflicto político y social”, por lo que es fundamental que este tema se atienda a través de un diálogo permanente con todos los actores involucrados, donde participen legisladores, líderes magisteriales y sociales, a fin de construir “grandes consensos” y disipar dudas; todo dentro del marco constitucional “y nada al margen del Estado de derecho”.
Dijo que Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán tienen rezagos ancestrales, pobreza y marginación, de ahí, que el tema educativo en estos estados deba tener condiciones especiales, debido a las situaciones excepcionales que prevalecen; es decir, “no se puede tratar igual a los desiguales”.
Agregó que existen las condiciones para el entendimiento y la construcción de acuerdos, además de que se está a tiempo de borrar la incertidumbre que lleva al magisterio de Guerreo a creer que se trata de una medida punitiva en su contra. Este debate, subrayó, no lo gana quien grite más ni tampoco los oídos sordos, sino escuchando mucho y poniendo en la mesa de la discusión los argumentos.
Mencionó que el magisterio honesto y comprometido con la educación no se atreverá a defender antiguos privilegios, producto de una herencia que hoy no corresponde ya con el desafío para lograr el desarrollo, equidad e igualdad en la educación.
Al dar respuesta a los cuestionamientos, el gobernador Ortega Martínez alertó que “ahora vamos a entrar a una crisis financiera muy profunda” porque el tema educativo hizo que se generara un boquete a las finanzas del estado. “De verdad la situación financiera en Guerrero es grave, a punto de decir lo declaramos en quiebra o adelantemos la toma de posesión” del nuevo gobernador, por lo que pidió ayuda a los legisladores.
Solicitó su gestión para que se dé al estado, de manera anticipada, tres meses de participaciones federales, es decir, de enero, febrero y marzo para la asignación del techo presupuestal en plazas y programas específicos.
Aunado a ello, informó que la entidad también tiene un boquete en las finanzas públicas en materia de salud.
Por otro lado, expresó que el diálogo y la disposición de hacer negociaciones con todos los actores sin que se violente el Estado de Derecho y el marco institucional es el mejor cauce para logar acuerdos, pero “no se puede hipotecar la educación a la clientela y no se puede caer en el chantaje que afecte a la educación, solamente porque hay un colectivo y un conglomerado que quiere que las cosas sean a su modo”,
Aseguró que cuando llegó a Guerrero el estado era “un volcán en erupción que rebasaba fronteras”, pero hoy es diferente, producto del diálogo con todos los actores, tolerancia extrema en condiciones de excepción.
“Si hubiera llegado a encarcelar y meter a la Marina Armada de México, al Ejército, a la Policía Federal, a la Gendarmería, a la Policía estatal y los municipales para contener la violencia simbólica, otra situación estaríamos viviendo”, subrayó.
Invitó a los legisladores a las mesas de trabajo que se realizarán a partir de mañana en Guerrero con integrantes de la CETEG y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a fin de construir la ruta que permita terminar con la incertidumbre y que los maestros vuelvan a clases.
Requirió el “apoyo y solidaridad” de los legisladores, para que a través de las mesas de diálogo se atienda el conflicto magisterial y evitar, así, que los profesores continúen en las calles y regresen a las aulas.
El gobernador de Guerrero respondió que para sancionar a quienes trasgreden la legalidad, hay una ruta jurídica que marca la pauta y esto es responsabilidad de la autoridad judicial. “Cuando me cuestionan sobre procesos penales que se sigue a dirigentes del magisterio digo que yo no soy ministerio público”.
En materia de seguridad, dijo, se debe regular las autodefensas y policías comunitarias para prevenir otros problemas mayúsculos; en su opinión, éstas deben contar con credenciales, adiestramiento, y coordinarse con la policía federal, con la gendarmería, policías y autoridades municipales del ramo.
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