Número-1003
- La CNDH debe ejercer facultades de investigación ante posible violación de derechos humanos.
- Además, la Permanente aprobó un dictamen en el que se pide a las legislaturas estatales garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
La Comisión Permanente exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a valorar la posibilidad de atraer las investigaciones correspondientes a las desapariciones y homicidios de personal médico en el Estado de Guerrero.
Asimismo, hace un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que ejerza sus facultades de investigación respecto de las posibles violaciones a los derechos humanos cometidos en contra personal médico en la entidad, así como para que vigile la debida observancia y el respeto de los derechos y las garantías procesales en favor de las víctimas.
En el dictamen, los legisladores precisan la necesidad de hacer una revisión jurídica de las competencias de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la impartición de justicia.
En este sentido señalan que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley. Por tanto, es atribución de los estados y municipios la procuración de justicia de sus demarcaciones.
Asimismo, resaltan que en el caso de la desaparición de cuatro personas, entre las que se encuentran los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, el procedimiento de investigación y la actuación de las autoridades estatales han dejado inconformes a los familiares, quienes han rechazado la versión de la Fiscalía del Estado de Guerrero respecto de que los jóvenes desaparecidos fueron localizados muertos en Santa Bárbara, Chilpancingo.
En otro dictamen avalado en la sesión de este día, la Comisión Permanente llamó a las legislaturas de las entidades federativas que aún no han efectuado cambios a su normatividad, implementen reformas a su legislación civil o familiar, con el propósito de garantizar el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Lo anterior, en alcance al resolutivo único aprobado por el Pleno del Senado de la República el 28 de abril de este año, en el que se hace la misma petición.
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