Número-1001
- 30 por ciento de medicinas vencidas se comercializan en el mercado ilegal.
- Su venta equivale a 10 por ciento de la comercialización total en el país.
La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que, en coordinación con los estados de la República y la industria farmacéutica, fortalezcan las acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducos.
En el dictamen aprobado por la asamblea, se menciona que en México anualmente caducan alrededor de 12 millones de medicamentos y, por lo menos, 30 por ciento de ellos van al mercado ilegal de medicinas.
Aunado a ello, se subraya que el mercado ilegal de medicinas en el país equivale a 10 por ciento de la comercialización total.
Se destaca que existe un programa para abatir este problema, sin embargo, todavía hay millones de unidades de fármacos que no se recuperan; los cuales se venden en el comercio informal o se van a la basura, donde son causa de contaminación de los mantos freáticos y de intoxicación de la fauna.
El consumo de medicamentos caducos es un riesgo para la salud, ya que puede provocar alergias, resistencia bacteriana e incluso la muerte.
Se menciona que a partir de marzo de 2012 entró en vigor un mecanismo de recuperación de fármacos vencidos, que se da a través del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos (Singrem), financiado por la industria y que a la fecha cuenta con mil 800 contenedores localizados en 90 ciudades de 13 estados, lo que representa una cobertura de 30 millones de mexicanos.
No obstante, los legisladores consideraron necesario revisar qué otras acciones se pueden poner en marcha para elevar la devolución y evitar que estos productos lleguen al comercio informal e ilegal, o bien se conviertan en focos de contaminación en los basureros.
En este sentido, resaltaron la importancia de fortalecer las medidas para evitar que más medicamentos caducados sean vendidos en el mercado ilegal, de concientizar a la población sobre los riesgos que representan estos productos, y de fomentar la coordinación de todos los actores involucrados en este tema para evitar su manejo ilícito.
Llaman a disminuir consumo de agua embotellada
Posteriormente, el Pleno aprobó un dictamen para solicitar al gobierno federal un informe sobre las acciones que ha implementado para disminuir el consumo de agua embotellada y lograr la potabilización y suministro de este líquido a la ciudadanía.
Del mismo modo, para pedir que se diseñen políticas públicas encaminadas a implementar bebederos con agua potable para consumo humano en parques, jardines y edificios públicos.
En el documento se señala que el Observatorio Hídrico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha advertido que debido a la mala calidad en el servicio de agua potable, 81 por ciento de los mexicanos la adquieren embotellada.
Esta situación, se agrega, ha convertido a nuestro país en el líder de consumo de agua embotellada, pues los mexicanos adquieren 26 mil 32 millones de litros al año, de los cuales 70 por ciento son en garrafón y el resto en botellas tipo PET, material que tarda 500 años en degradarse.
Se ha advertido que este alto consumo tiene repercusiones negativas en materia económica, ya que cada familia gasta alrededor de 200 pesos mensuales en agua embotellada, lo que representa entre 5 y 10 por ciento de sus ingresos, mientras que para aquellas con mayores índices de pobreza significa hasta 20 por ciento.
Se indica que otro de los problemas que se ocasiona es el alto desecho de botellas, pues en México cada año llegan a la basura ocho mil millones de botellas de PET; y de ellas sólo se recicla alrededor de 20 por ciento.
Es por ello, que senadores y diputados coincidieron en la necesidad de implementar medidas destinadas a mejorar el acceso al agua potable, que favorezcan tanto a zonas rurales como urbanas y disminuir el consumo de este líquido en botella.
Solicitan informe sobre estado de bibliotecas públicas en el país
Asimismo, la Comisión Permanente solicitó al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes un informe, detallado y pormenorizado, donde explique la situación actual de infraestructura de las bibliotecas públicas del país y la cantidad de material suministrado en los últimos tres años para las actividades de estos centros.
Hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, incentiven y apoyen a las bibliotecas públicas del país, y mejoren las condiciones salariales de quienes laboran en ellas.
El Pleno también pidió a la Secretaría de Educación Pública incluir una partida presupuestal destinada a fortalecer las acciones de mantenimiento, equipamiento y actualización de las bibliotecas públicas en su anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016.
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