Número-922
- Legisladores del PAN y PRD advierten que sin presupuesto el nuevo ordenamiento no podrá funcionar.
- REDIM propone que la Federación destine una partida especial.
Senadores y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que si la Federación no asigna recursos para la implementación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ésta no podrá cumplir con los objetivos establecidos, lo que demostrará la falta de compromiso del gobierno federal con la infancia.
El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, aseveró que estarán atentos a que se asigne el presupuesto necesario para que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pueda cumplir con los objetivos establecidos.
Durante el “Conversatorio Sistemas Nacionales de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia”, que se realizó en el Senado, el legislador destacó que este nuevo marco jurídico involucra a 45 por ciento de la población del país, por lo que es primordial garantizar los recursos que permitan su funcionamiento.
En este sentido, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, comentó que se requiere asegurar que el Presupuesto de Egresos “ponga en funcionamiento” este nuevo instrumento jurídico.
Por otra parte, refirió que en la actualidad más de un millón de niños y niñas se encuentran en centros de detención en diversos países; un millón 200 mil son víctimas de trata; 300 mil son reclutados por grupos armados y gubernamentales; además 6 millones 600 mil menores de cinco años han muerto por causas prevenibles; esta realidad, agregó, no es ajena a las naciones de América Latina.
Luis Barquera, consejero de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), expuso que hay una falta de compromiso por parte del gobierno mexicano al no asignar recursos para la implementación de la Ley General.
Opinó que la mejor forma de limitar la aplicación de la legislación es no asignarle una partida, pues “si no está en el presupuesto no existe”.
Mencionó que el enfoque federal sobre la utilización de los recursos se aparta de la lógica de las soluciones y hace mantener el estatus quo en este tema. “Sin presupuesto pareciera que el gobierno no quiere invertir, sino seguir con la costumbre de gasto actual”, expresó.
Por ello, propuso demandar a la Federación una partida especial para garantizar los derechos de los menores, que los estados creen un fondo de ahorro para ello y destinar recursos a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección de la infancia.
Elva Leonor Cárdenas Miranda, representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se pronunció por instrumentar inmediatamente la Ley y buscar su enriquecimiento con las experiencias positivas de otros países.
Dijo que este conversatorio es una herramienta de utilidad para los fines del DIF, pues permitirá tener una vinculación directa con la sociedad civil.
A nombre de la representación de Unicef en México, Alison Sutton señaló que con la promulgación de esta Ley, México tiene la oportunidad de estructurar un nuevo sistema de protección integral de los derechos de los infantes y adolescentes.
Mostró su beneplácito de que este nuevo ordenamiento abra espacios de participación para la sociedad civil, y permita que sus propuestas sean retomadas por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Adriana Espinosa, representante de Alianza por la Niñez Colombiana, dijo que en Colombia todos los procesos para proteger a la infancia y adolescencia son impulsados y acompañados desde sociedad civil. “Las organizaciones tenemos participación desde la implementación de la ley, la construcción de políticas y los procesos de rendición de cuentas”, apuntó.
En su turno, Luis Pedernera, del Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, expresó que los menores del continente aún son considerados como propiedad de instituciones y familias, “son pensados como el futuro y no como el presente, y lo más preocupante, subrayó, son vislumbrados como peligrosos”.
Ese tipo de visiones, comentó, han dado paso a las peores políticas represivas que se reflejan en leyes que aumentan las penas punitivas, que crean nuevos delitos y que plantean mínimos de edad para la privación de la libertad.
Ana Georgina Ramos de Villalta, gerente general de la Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador, resaltó la importancia de establecer recursos de manera explícita en el presupuesto nacional y local, así como impulsar una voluntad política para generar instituciones a favor de las niñas y los niños.
En el Conversatorio también estuvieron Julia Simona Velasco Parisaca, de la Coalición Boliviana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; Nora Pulido, del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina, así como Nashieli Ramírez, de Alianza MX.
0-0-0
