Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Número-783

  • Afirma que las fórmulas económicas provocarán que se malbarate el recurso petrolero.
  • Reservas probadas y campos maduros a trasnacionales, sin que Pemex recupere inversión.

La senadora Dolores Padierna Luna solicitó al Ejecutivo federal la suspensión de la Ronda 1, y advirtió que en las primeras tres convocatorias hay graves riegos de que se malbaraten los recursos petroleros, pues las fórmulas de licitación y contratación permiten que empresas trasnacionales exploten pozos de riqueza ya probada y se lleven la renta petrolera, sin que se reembolsen al gobierno las regalías previstas en la reforma energética.
En la primera y segunda convocatoria de la Ronda 1, precisó, se licitan campos con reservas probadas y campos maduros, donde Petróleos Mexicanos (Pemex) ya realizó inversiones de exploración e incluso trabajos de extracción, sin que se plantee que las trasnacionales paguen estos costos, a fin de que la empresa estatal obtenga una recuperación financiera, apuntó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática.
Al presentar un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, explicó que en la tercera convocatoria se ofrecen licencias tipo concesión, a pesar de que están prohibidas en el artículo 27 constitucional, por lo que estas licitaciones tienen un alto potencial para ser anuladas, “y como están orientadas al mercado nacional, nosotros mismos --en el Legislativo-- podemos hacerlo”.
Insistió en que el Ejecutivo federal debe ordenar el cambio de las bases de licitación y el modelo de contrato, ya que las primeras convocatorias de la Ronda 1 van en contra de la afirmación de que la reforma energética permitiría la inversión en aguas profundas, donde se requieren recursos para exploración, a fin de encontrar campos de gran potencial en hidrocarburos.
Reiteró que en las primeras tres convocatorias, de cinco previstas en la Ronda 1, se presentan una serie de fórmulas que conceden altas contraprestaciones a las petroleras internacionales, y se les transfiere la mayor parte de la renta petrolera.
Ejemplo de ello es que no se usa el costo de extracción de Pemex como parámetro; además, la renta que debe ser pagada por el contratista al Estado, en la fase de exploración, está sujeta a un ajuste inflacionario anual extraordinariamente bajo: durante los primeros 60 meses de vigencia del contrato, será de mil ciento cincuenta pesos por kilómetro cuadrado, y a partir del mes 61 será de dos mil setecientos cincuenta pesos por kilómetro cuadrado.
Recalcó que las regalías a favor del Estado serán mínimas, pues antes de antes de que las empresas cumplan con esta obligación, les deberán reembolsar los costos de extracción. La legisladora advirtió sobre el riesgo de que si los costos del contratista exceden el límite máximo mensual, la obligación de pagar el excedente pasará al mes siguiente, y si en ese mes los costos vuelven a exceder el límite máximo, se pasará al mes siguiente, y así sucesivamente.
En la segunda convocatoria, agregó Padierna Luna, se licitarán nueve campos en cinco contratos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras. Esto significa que se trata de zonas donde Pemex ya invirtió en trabajos de exploración, de carácter geológico, matemático y estadístico, es decir, están en fase de desarrollo; por tanto la inversión que realicen las empresas extranjeras será mínima y no se retribuirá nada de este gasto a la empresa del Estado.
El principal mecanismo de esta convocatoria son los Contratos de Producción Compartida (CPC), lo cual no tiene sentido, pues la etapa de exploración ya la realizó el Estado y, consecuentemente, asumió riesgos y costos de la misma.
Esto elimina inmediatamente el principal beneficio de los CPC: la asignación del riesgo, pues el contratista ya no tiene casi riesgos que asumir. Además, se trata de pozos localizados en el sureste, donde se concentra gran riqueza petrolera, similar a la del campo Cantarell, el cual Pemex ha explotado por casi cuarenta años.
En cuanto a la tercera licitación de la Ronda 1, la senadora explicó que se refieren a licencias para la explotación de 26 campos terrestres llamados maduros, que ya están en producción o han producido, por lo que cuentan con la mayor parte de la infraestructura necesaria y, por lo tanto, la mayoría de las inversiones ya fueron realizadas por Pemex. “Ahora se entregarán a los privados sin que esté claro que (a Pemex) se le van a pagar dichas inversiones”.
Destacó que la Secretaría de Energía (Sener) ha reconocido la riqueza de estos campos, con los que se espera aumentar la producción en 80 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente (aceite y gas), lo que significaría aproximadamente el 2.2 por ciento de la producción actual. El costo de producción es de 15 dólares por barril en promedio, lo que los hace muy atractivos para las empresas privadas, aún bajo las condiciones actuales del precio de crudo.
“Si esto es así, no se explica por qué no se asignaron a Pemex, quien ya ha hecho la mayor parte de las inversiones en exploración y desarrollo, además de que cuenta con la tecnología necesaria para desarrollarlos y operarlos, lo que se demuestra porque muchos de ellos producen”, concluyó Padierna Luna.

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