Número. 686
- Indispensable sancionar delitos contra la humanidad; ayudará a conocer el paradero de aquellos individuos considerados desparecidos, subrayan.
- Las leyes que se expidan posteriormente deberán brindar la protección más amplia del Estado a una persona; parte de la solución de estos problemas la tiene el Congreso.
Durante la discusión de la reforma constitucional en materia de desaparición forzada y tortura, los grupos parlamentarios en el Senado de la República destacaron que con ésta México tiene la oportunidad histórica para reivindicar su vocación y compromiso con los derechos humanos, cumplir con los convenios internacionales y castigar a los responsables de estos delitos.
A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la senadora Martha Palafox Gutiérrez destacó que con la reforma México cumplirá con lo previsto en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Es indispensable su aprobación y, una vez que se expidan las leyes generales a las que se refiere, deben sancionarse todos estos delitos contra la humanidad, violatorios de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, subrayó.
Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el senador Juan Gerardo Flores Ramírez detalló que el Congreso deberá expedir las leyes generales en un plazo no mayor a 180 días, y tendrán que ir de acuerdo a los tratados internacionales de los cuales México forma parte.
El ordenamiento constitucional que hoy se discute, agregó, estará facultado para sentar las bases que permitan a la Federación y a los estados cumplir y realizar acciones coordinadas, a fin de prevenir y combatir la desaparición forzada de personas y la tortura.
Por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el senador Benjamín Robles Montoya estimó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ayudará a conocer el paradero de aquellos individuos que son considerados en esta situación y los que no están relacionados con ese hecho.
Refirió que, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen 23 mil 689 personas no localizadas desde el 2007, de las cuales nueve mil 672 casos se han suscitado en lo que va del sexenio. Sin embargo, no existe un registro que dé cuenta, de manera fidedigna, si éstos fueron cometidos por agentes del Estado o grupos que actúan con su autorización.
La senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Partido Acción Nacional, dijo que la aprobación de esta enmienda dará respuesta a las víctimas de este delito que afecta dos de sus derechos fundamentales; es decir, su libertad e integridad física. Asimismo, es una oportunidad para que el Congreso redefina el marco normativo encargado de sancionar esta conducta delictiva.
Añadió que los delitos de desaparición forzada, tortura o cualquier forma de privación ilegal de la libertad deben sancionarse de la misma manera, independientemente de la entidad federativa en donde sea cometido, pues la afectación del bien jurídico tutelado es la misma.
Su compañera de bancada, Adriana Dávila Fernández, aseveró que la aprobación de la reforma al artículo 73 constitucional es fundamental, pues incide directamente en la defensa de los derechos humanos básicos.
Señaló que casos como el de Alondra Luna, quien fue sustraída de una escuela en Guanajuato y trasladada a Estados Unidos, denotan incapacidad de las instituciones para aplicar las normas que deberían protegerlos. Por ello que comentó que, en una sesión pasada, presentó una iniciativa para regular los procedimientos de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes y se les garanticen sus derechos humanos.
Al fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Itzel Ríos de la Mora, aseguró que la idea es reafirmar el compromiso indeclinable de su fracción con las personas y con los derechos humanos. Se trata, agregó, de brindar la protección más amplia que el Estado puede brindar a una persona, que su integridad esté a salvo y que no pueda ser privada de la libertad sin recurso y sin razón alguna.
Destacó que México tiene la oportunidad histórica para reivindicar su vocación y compromiso con los derechos humanos. No pretendemos ocultar los problemas que hay en el país y parte de la solución la tenemos nosotros, al facultar al Congreso para emitir la ley general y leyes secundarias que den garantías a los ciudadanos, expresó.
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