Número. 684
- Dictamen faculta al Legislativo para expedir leyes generales que tipifiquen estos delitos.
- Eliminar esas prácticas; cumplir los compromisos del Estado mexicano con los derechos humanos; castigar a quienes ejecuten estos ilícitos, objetivos de la enmienda.
El Pleno del Senado dio inicio a la discusión del proyecto que faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en torno a la desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
De acuerdo con la propuesta que reforma la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 de la Constitución, dichas leyes deben establecer, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en estas materias. Además, deberán regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Además, el Congreso de la Unión tiene que expedir la legislación dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto.
A propuesta de las comisiones dictaminadoras, la asamblea acordó incluir una modificación al artículo tercero transitorio de dictamen.
Con este cambio se precisa que la legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federación continuarán vigentes, hasta en tanto, entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Unión.
Al presentar el dictamen, el senador Enrique Burgos García, dijo que la enmienda constitucional representa un avance de gran relevancia para el cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano con nuestra sociedad y la comunidad internacional.
Se trata, asentó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, de “un paso necesario e importante para que pueda expedirse la legislación general subsecuente, a fin de fortalecer normativa e intencionalmente la protección de los derechos humanos”.
Con el dictamen, enfatizó, se dota de mejores instrumentos normativos y de mayores capacidades institucionales para hacer frente a fenómenos delincuenciales que todos reprochamos y condenamos: “Nuestro interés, es siempre que la conducta ilícita penal no ocurra, y si sucede se investigue y se juzgue conforme a derecho para que no quede impune”.
Por la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth coincidió en que la reforma es una respuesta a las demandas que han realizado organismos internacionales para que México legisle sobre esta materia, pero también el reclamo social derivado de la “herida que se abrió con el caso Ayotzinapa”.
Lo que se pretende, agregó, es corregir la dispersión normativa en los tipos penales, los problemas de coordinación entre las autoridades federales y estatales en la investigación y persecución del delito de desaparición forzada de personas, de tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Mencionó que sólo seis de cada 291 averiguaciones previas termina en sentencia, en materia de desaparición forzada de personas, y que en 2013 aumentaron en 600 por ciento las denuncias sobre tortura, con respecto a 2003, “lo que indica que esta práctica sigue una realidad cotidiana en los procesos de investigación y en cualquier interacción que tienen los ciudadanos con respecto al poder público”.
La senadora Angélica de la Peña destacó que esta reforma constitucional se basó en las propuestas presentadas por senadores y organizaciones de la sociedad, además tomó en cuenta las recomendaciones hechas por el grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos comentó que en el tema de la tortura, discutir si ésta es generalizada o no, parece un “debate bizantino” frente a una realidad que necesita desmontar, desde la ley, una cultura de siglos de lapidación, de palos, cercenamiento de partes, crucifixiones y “otros suplicios como el tehuacanazo, el pocito, los toques, la asfixia, violaciones y otros sufrimientos”.
Además de desmontar estas prácticas --enfatizó-- es indispensable castigarlas y dar rostro e identidad a las víctimas que hoy sufren, mediante la tipificación de estos delitos con conceptos penales avanzados y progresistas.
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