Número-680
- Con 9 votos a favor, uno en contra y 5 abstenciones se validó la minuta originada a raíz del fraude cometido por Ficrea.
- Algunos legisladores coincidieron en que las reformas tienen que ser analizadas a fondo y consultar a los cooperativistas, pues también son afectados.
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen para modificar la Ley de Ahorro y Crédito Popular y reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La senadora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática, aseveró que la finalidad de la reforma es dar una solución profunda al problema de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), y no sólo a Ficrea, para que la mayoría de los defraudados puedan resolver su problema, aunque sabían que no se podría al 100 por ciento.
Sin embargo, dijo que se incluye la ley de cooperativas que no fue discutida con los cooperativistas, no se les convocó a reuniones de trabajo y, dijo, se necesita consensar con ellos el dictamen para incluir sus propuestas. También refirió que se salvaguardan los derechos de las sociedades financieras populares, pero no de la única Sociedad Financiera Comunitaria (Sofinco) del país.
El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Partido del Trabajo, comentó que se debe rescatar los artículos 46 al 46 Bis de las sociedades financieras comunitarias, porque con la reforma se está afectando un mecanismo que ha dado resultados, porque colaboran las comunidades agrícolas y existe el concepto del autocuidado.
Dijo que es injusto que se desaparezcan los mecanismos que han dado resultados en cuanto a ahorro popular por un descuido en otras fórmulas, refiriéndose a lo ocurrido con Ficrea.
La senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, detalló que las modificaciones se construyeron con la idea de encontrar una solución viable para los defraudados por Ficrea, y se permitiera devolver el seguro de depósito a la mayor parte de los defraudados.
No se trata de dejar en el desamparo a las Sofinco; se tiene que revisar, explicó, porque sólo existe una desde que se creó esta figura. Tampoco que un criterio geográfico haga diferencia en cuanto a su naturaleza.
María del Pilar Ortega Martínez, senadora del Partido Acción Nacional, dijo que su grupo parlamentario aún no tiene una postura definida en cuanto al dictamen de las reformas a diversas leyes, para regular las cajas de ahorro popular, por lo que su voto sería de abstención.
Asimismo, dijo que no está conforme con la legislación y la construcción del dictamen, porque no tuvieron oportunidad de generar un espacio de intercambio de las preocupaciones de los diversos actores, con la finalidad de que se pudieran incorporar al mismo.
El senador Héctor Larios, del PAN, afirmó que la tasa de seguros que pagan las cajas de ahorro debería elevarse hasta cinco veces. Agregó que el mecanismo que se propone vulnera los derechos de los acreedores, y sólo se ve por los depositantes, pero aún así no los abarca a todos, nada más a las personas físicas e ignora a las personas morales.
También consideró que el dinero para pagar el seguro a los defraudados por Ficrea no debe provenir de Nacional Financiera, como propone el dictamen, sino del erario público.
El senador Javier Lozano Alarcón, del PAN, señaló que las reformas contempladas en el dictamen son un complemento a la reforma financiera, con el objetivo de facilitar el otorgamiento del crédito, abarcar el mayor número de mexicanos y facilitar el ejercicio de la cobranza.
Por ello, determinó que jurídicamente se hace lo correcto al aprobar esta minuta con los mecanismos propuestos. El senador Jorge Luis Lavalle Maury, del PAN, coincidió con otros legisladores en que se debe escuchar a los cooperativistas antes de aprobar esta reforma, y adelantó que su voto sería en abstención.
El senador Martín Orozco Sandoval, del PAN, sentenció que se debe resolver de fondo el caso del fraude realizado por Ficrea, para que no vuelva a ocurrir un caso similar. Además, coincidió en que deben regularse más las cajas de ahorro popular para que haya mayor solidez y eficiencia en este sector de ahorro.
El senador Gerardo Sánchez García, del PRI, indicó que la minuta discutida en la reunión de comisiones unidas sí respeta las atribuciones de las cajas de ahorro y las Sofincos básicas. Invitó a analizarla a detalle porque se han hecho afirmaciones que no corresponden con su contenido.
El senador Alejandro Encinas, del PRD, dijo que se debería detener la dictaminación de la minuta, debido a que no se consultó a los cooperativistas para realizarla, como lo marca la ley, por lo que no se cumple con la legislación.
Puntualizó que para resolver el problema de seis mil defraudados por Ficrea, se afectarán los intereses de 85 mil socios de sociedades financieras comunitarias y de seis millones 600 mil de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, por lo que la reforma debe ser analizada a fondo.
El proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fue aprobado por 9 votos a favor, uno en contra y 5 abstenciones.
Al comienzo de la discusión, el senador Benjamín Robles Montoya, del PRD, propuso una moción suspensiva del dictamen al considerar que las modificaciones van en sentido contrario a la finalidad de la ley que se desea reformar, pues no se da certeza jurídica al sector del ahorro popular. Sin embargo, los integrantes de las comisiones unidas desecharon la propuesta en votación económica.
Además, determinó que el fraude realizado por la financiera Ficrea no sucedió por falta de medidas de regulación o una legislación, sino por omisiones y corrupción en las instituciones, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que deberían proteger los ahorros.
El senador Héctor Larios Córdova, del PAN, detalló que la minuta contiene dos capítulos importantes: uno es la atención de los ahorradores defraudados por Ficrea, otra es una nueva Ley de Crédito y Ahorro Popular, que sustituye a la que se promulgó en el 2001, y una modificación aprobada en 2009, sobre sociedades de ahorro y crédito.
En ese sentido, expresó su apoyo la propuesta del senador Robles Montoya, pues consideró que se debe legislar con prudencia en esta materia, más aún porque México está entre los últimos lugares en cuanto a ahorro popular.
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